Gobierno busca destrabar la consulta previa.
La propuesta incluye una ventanilla única digital, responsables por expediente, alertas de seguimiento y un comité independiente para verificar los avances.
Reforma busca reducir el represamiento
El Gobierno nacional anunció una reforma al procedimiento de consulta previa con comunidades étnicas, con la que busca agilizar los trámites que permanecen represados y establecer mecanismos que permitan hacer un seguimiento más eficiente a cada expediente.
La iniciativa contempla cambios en la gestión de los procesos a cargo de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el objetivo de reducir los tiempos de trámite y evitar que los expedientes permanezcan abiertos durante largos periodos.
Digitalización de los expedientes
Uno de los principales componentes de la propuesta será la digitalización del 100 % de los expedientes represados. El Gobierno también plantea implementar una ventanilla única digital que permita centralizar la información y facilitar el seguimiento de los procesos.
Además, cada consulta tendría un funcionario responsable y una fecha definida, junto con mecanismos de alerta y un tablero nacional de control para conocer el estado de los expedientes.
Comité hará seguimiento a los procesos
Dentro de las medidas anunciadas también se contempla la creación de un comité independiente de seguimiento. Este organismo tendría como función verificar el avance de los procesos y el cumplimiento de las metas establecidas, sin asumir las competencias de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
El Gobierno estableció como meta inicial un plazo de 90 días para avanzar en la reducción del represamiento y aumentar el número de expedientes que puedan ser decididos o cerrados.
Cambios en el procedimiento
La propuesta también contempla modificaciones a algunas etapas del procedimiento. Entre ellas está la eliminación del denominado test de proporcionalidad como etapa posterior, una medida que, según explicó el Gobierno, busca evitar que los procesos permanezcan abiertos indefinidamente después de agotadas las actuaciones correspondientes.
El Ejecutivo sostiene que los cambios no buscan eliminar el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa, sino modificar la forma en que se administran y tramitan los expedientes.
Reforma tendrá desarrollo legal
Para implementar las modificaciones anunciadas, el Gobierno contempla una directiva presidencial y un proyecto de ley que permitan establecer el nuevo marco para el procedimiento.
La reforma se plantea en medio de los cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta y el volumen de expedientes pendientes. Con las nuevas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la gestión administrativa y establecer un sistema que permita conocer de manera más precisa el estado de cada consulta previa.