Revelan millonaria deuda de Colombia por litigios perdidos: la nación perdió 13.211 procesos en 2025

La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas colombianas al revelar que la nación perdió 13.211 procesos judiciales durante 2025, la cifra más alta registrada en los últimos diez años, de acuerdo con los datos reportados por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Esta cantidad de procesos perdidos representa, según la congresista, cerca de $2,61 billones de pesos en nuevas deudas para el Estado colombiano.

Pero el problema no se limita únicamente a los procesos perdidos durante el año pasado. La senadora también informó que las obligaciones pendientes por sentencias ya acumuladas suman actualmente $19 billones de pesos, una cifra que, según sus propias palabras, refleja "un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago" por parte del Estado colombiano.

Una tendencia que no deja de crecer

De acuerdo con los datos presentados por Zuleta, la tendencia de procesos judiciales fallados en contra del Estado colombiano viene mostrando un comportamiento particularmente preocupante en los últimos años. Así se ha comportado esta cifra desde 2019: 8.200 procesos perdidos ese año, 4.841 en 2020, 6.213 en 2021, 7.042 en 2022, 7.798 en 2023, 10.607 en 2024, y finalmente los ya mencionados 13.211 procesos perdidos durante 2025.

Solo entre 2022 y 2025, las pérdidas judiciales del Estado colombiano aumentaron un 87,6%, un salto que la senadora considera alarmante dentro del contexto de las finanzas públicas del país. "El deterioro es todavía más evidente cuando miramos su costo. En 2022, las condenas indexadas, aquellas cuyo valor se ajusta a la inflación, ascendieron a $1,04 billones. Cada año que pasa se hacen más costosas", explicó la congresista al referirse al impacto financiero real que representan estos procesos para el erario público.

Colombia no paga sus obligaciones judiciales a tiempo

Uno de los puntos centrales que planteó la senadora tiene que ver, precisamente, con la falta de oportunidad en los pagos que realiza el Estado colombiano frente a las condenas judiciales que ya tiene en su contra. Según explicó Zuleta, en 2019 la nación tenía $10,33 billones de pesos en condenas pendientes de pago, mientras que los desembolsos efectivamente realizados ese año fueron de apenas $0,82 billones. Para 2020, esta deuda había aumentado a $11,2 billones, mientras que los pagos realizados durante ese año llegaron únicamente a $0,70 billones.

Para la senadora, este patrón de pagos tardíos le termina costando dinero adicional al Estado colombiano, ya que los intereses generados por las sentencias no pagadas a tiempo van creciendo de manera constante con el paso de los años. "El informe del Consejo Superior de Política Fiscal muestra que los intereses de sentencias pasaron de representar 8,5% en el tercer trimestre de 2021 a 26,1% en el mismo periodo de 2025. El capital no pagado oportunamente provoca una acumulación creciente de intereses y aumenta el riesgo fiscal", explicó Zuleta al detallar el impacto financiero de esta dinámica.

Más de 284.000 procesos activos y pretensiones que superan el presupuesto nacional

Más allá de los procesos ya fallados en contra del Estado, la senadora también llamó la atención sobre la magnitud del riesgo jurídico que actualmente enfrenta el país. De acuerdo con los datos que compartió a través de su cuenta en la red social X, Colombia tiene hoy 284.268 procesos judiciales activos, con pretensiones económicas que ascienden a $736,69 billones de pesos, un monto que está atado a la inflación y que, según advirtió la propia congresista, resulta superior al presupuesto que necesita el país para la vigencia de 2027.

"Hoy tenemos 284.268 procesos judiciales activos, con $736,69 billones en pretensiones económicas que están atadas a la inflación. ¡Ese monto es superior al presupuesto que necesita Colombia para 2027!", escribió Zuleta en su publicación, en la que además cuestionó directamente al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, sobre cuál sería el plan del Gobierno nacional para evitar que estas cifras sigan deteriorándose en los próximos años.

Un problema que ya había sido advertido por el sector jurídico

Esta preocupación de la senadora coincide con las alertas que ya venían planteando distintos expertos en litigios contra el Estado. Según cifras de la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cierre de 2025 las pretensiones económicas de los procesos judiciales contra entidades públicas superaban los $699 billones de pesos, una cifra que, para el primer trimestre de 2026, ya había aumentado hasta los $832,39 billones, de acuerdo con analistas jurídicos que han seguido de cerca este fenómeno.

Con corte a junio de 2026, el Estado colombiano registraba un total de 329.293 procesos judiciales abiertos en jurisdicciones locales, a los que se sumaban 19 procesos abiertos en arbitraje de inversión internacional y cerca de 500 arbitrajes de carácter doméstico. Según explican distintos expertos en resolución de conflictos, el fenómeno de la litigiosidad contra los Estados no es exclusivo de Colombia: la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional registró 894 nuevos casos durante 2025 a nivel global, una de las tres cifras más altas de toda su historia, con una participación particularmente destacada de países latinoamericanos como Brasil y México.

Un riesgo concentrado en pocos procesos de alto valor

Vale la pena precisar que, según el más reciente Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional de la propia ANDJE, el principal desafío para las finanzas del Estado no radica tanto en la cantidad total de demandas que enfrenta, sino en su impacto económico específico. De acuerdo con ese informe, aunque más de la mitad de los procesos judiciales activos contra el Estado tiene pretensiones inferiores a $50 millones de pesos, apenas el 0,3% del total de estos procesos concentra el 79,1% de todo el valor económico reclamado, lo que evidencia una alta concentración del riesgo fiscal en un número reducido de litigios de gran cuantía.

Las demandas de carácter administrativo no laboral continúan siendo, según ese mismo informe, uno de los principales focos de exposición jurídica para el Estado colombiano, al concentrar la mayor proporción del valor económico total reclamado dentro del universo de procesos activos.

Un llamado de atención al nuevo Gobierno

Con esta revelación, la senadora Claudia Margarita Zuleta busca poner sobre la mesa un problema estructural que, según su análisis, requiere atención urgente por parte del actual Gobierno nacional. La congresista considera que la combinación entre el creciente número de procesos perdidos, el aumento sostenido de los intereses generados por pagos tardíos, y la magnitud de las pretensiones económicas que enfrenta el Estado en procesos activos, configura un escenario de riesgo fiscal que no puede seguir siendo ignorado.

La pregunta que dejó planteada la senadora hacia la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado apunta directamente hacia la necesidad de que el Gobierno nacional defina, cuanto antes, una estrategia clara que permita frenar el crecimiento sostenido de estas cifras, tanto en materia de nuevos procesos perdidos como en el manejo oportuno de los pagos ya comprometidos por sentencias judiciales en firme.