De la Espriella refuerza con drones y chalecos balísticos la cárcel de Palogordo tras traslado de criminales de alta peligrosidad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la entrega de nuevos equipos de seguridad para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander, con el propósito de fortalecer las requisas, la vigilancia interna y el control sobre la población reclusa de mayor riesgo.

El mandatario informó la medida a través de una publicación en la red social X, donde sostuvo que los establecimientos penitenciarios del país no pueden convertirse en puntos de coordinación para estructuras delictivas. "La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros", afirmó el presidente en su mensaje.

La dotación fue entregada por medio del Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), e incluye cámaras corporales, dispositivos de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros insumos destinados específicamente a las labores de custodia dentro del centro penitenciario.

Para qué servirá cada equipo entregado

Según explicó el propio mandatario en su anuncio, estos elementos permitirán ampliar la capacidad operativa del personal encargado de revisar celdas, supervisar los accesos al centro penitenciario, y prevenir el ingreso o el uso de objetos prohibidos dentro de las instalaciones.

Las cámaras corporales podrán registrar en tiempo real los procedimientos de control y las requisas que se realicen dentro del penal. Los detectores de metales, por su parte, apuntan a identificar armas, teléfonos celulares u otros objetos que puedan facilitar actividades ilegales desde el interior de las celdas. A su vez, los drones se incorporarán a las labores de observación en aquellas áreas del centro penitenciario que resultan de más difícil acceso para el personal de vigilancia.

De la Espriella señaló que esta estrategia busca limitar de manera efectiva las posibilidades de quienes mantienen vínculos activos con organizaciones criminales desde el interior de las cárceles. "Vamos a cerrarles todos los espacios", expresó el mandatario al referirse a los internos que pretendan continuar desarrollando actividades delictivas desde sus propias celdas.

Un mensaje sobre el control estatal en las prisiones

El pronunciamiento del presidente puso el foco directamente sobre la responsabilidad que tiene el Estado colombiano frente al sistema penitenciario del país, y sobre la necesidad urgente de impedir que los centros de reclusión sigan siendo utilizados para planear extorsiones, amenazas u otro tipo de delitos desde su interior.

"La ley se cumple", escribió el jefe de Estado al ratificar que el control efectivo dentro de las cárceles corresponde directamente a las autoridades estatales. La cárcel de Palogordo concentra actualmente un pabellón de alta seguridad, razón por la cual la incorporación de esta nueva tecnología formará parte central de las tareas de vigilancia sobre la población privada de la libertad considerada de mayor riesgo dentro del sistema penitenciario colombiano.

Antecedente: el traslado de 20 internos desde Barranquilla

Este anuncio se produce después de que el propio presidente informara el traslado inmediato de 20 internos considerados de alta peligrosidad desde distintas cárceles de Barranquilla hacia otros establecimientos penitenciarios del país. Según explicó De la Espriella en su momento, esta decisión respondió a una orden directa de su despacho, orientada específicamente a limitar presuntas operaciones criminales que se estarían coordinando desde el interior de las prisiones.

"El orden no lo negocio", expresó el mandatario al anunciar públicamente esta medida, en la que sostuvo que el Estado debe actuar con todas sus facultades legales frente a quienes buscan mantener actividades ilegales desde los centros de reclusión del país.

El jefe de Estado afirmó que los internos trasladados habían conservado ciertos privilegios y capacidad de coordinación pese a encontrarse detrás de las rejas, y señaló que esos espacios eran empleados, según indicó, para promover extorsiones, amenazas y hechos de intimidación contra habitantes de la ciudad de Barranquilla. La comunicación oficial no especificó, sin embargo, cuáles fueron las cárceles de origen exactas, los destinos específicos asignados a cada interno, ni las identidades particulares de los 20 reclusos trasladados.

De la Espriella explicó que esta medida busca impedir que las penitenciarías del país continúen funcionando como lo que él mismo describió como "oficinas del delito", una declaración que se enmarca dentro de su mensaje más amplio de endurecimiento de los controles sobre las personas privadas de la libertad que mantienen vínculos con estructuras armadas o con redes de extorsión.

El presidente anticipa nuevas acciones contra cabecillas y sicarios

El mandatario aseguró, además, que esta estrategia de control penitenciario alcanzará también a cabecillas, extorsionistas, sicarios y otros responsables de desafiar de manera directa a las autoridades del país. "Voy por todos", sostuvo el presidente, prometiendo una persecución estatal firme contra quienes dirijan actividades ilícitas desde cualquier lugar del territorio nacional, incluidas las prisiones.

Dentro de su pronunciamiento, De la Espriella también incluyó una referencia específica a la seguridad en la región del Caribe colombiano, y afirmó que defenderá la tranquilidad de Barranquilla, de toda la región, y del resto del país, con lo que describió como "mano firme" frente a los grupos delictivos. El mandatario remarcó que estas organizaciones criminales no impondrán reglas mientras él ejerza la Presidencia de la República. "Aquí manda la ley", escribió en su mensaje.

Preocupación de las autoridades locales en Santander

La posible llegada de más de 50 internos adicionales de alta peligrosidad hacia la cárcel de máxima seguridad de Palogordo generó reparos entre distintas autoridades de Bucaramanga y su área metropolitana. El alcalde del municipio de Girón, Cristian Portilla, pidió públicamente controles estrictos para impedir que los reclusos puedan mantener actividades delictivas desde el interior del penal una vez sean trasladados.

De concretarse este nuevo traslado, la prisión de Palogordo llegaría a albergar a 66 personas que habrían llegado desde otros centros carcelarios del país en las últimas semanas. Entre los antecedentes recientes figura, precisamente, el envío de 16 presuntos cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

El alcalde Portilla manifestó públicamente su preocupación frente al hecho de que delincuentes de ese perfil sean enviados hacia esta región del país. Según explicó el mandatario local, estas personas pueden conservar vínculos activos con sus respectivas organizaciones criminales, lo que podría terminar afectando la seguridad de los territorios donde finalmente queden recluidas.

"No llegan solos, llegan con sus estructuras", sostuvo Portilla al referirse a los internos que serían eventualmente conducidos hacia la cárcel de Palogordo. El alcalde señaló que acompañará las decisiones que tome el presidente Abelardo de la Espriella en esta materia, aunque solicitó formalmente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como a los organismos de inteligencia del país, aplicar medidas de carácter especial frente a este nuevo grupo de reclusos.

El mandatario local pidió, además, que los nuevos internos que lleguen al centro penitenciario no reciban beneficios que puedan permitirles mantener contactos sin control con el exterior. "Se deben adoptar todas las medidas extremas", expresó Portilla, quien advirtió que, sin una vigilancia suficiente, podrían repetirse extorsiones, ataques y otras conductas coordinadas directamente desde los centros penitenciarios del país.

Con la entrega de estos nuevos equipos tecnológicos, el Gobierno nacional busca anticiparse a estos riesgos y fortalecer la capacidad de control del Inpec sobre la población reclusa de mayor peligrosidad, en momentos en que la seguridad dentro de las cárceles colombianas se ha convertido en uno de los frentes prioritarios de la actual administración.