Gobierno destapa “contratitis” de última hora por $469.000 millones en el liquidado Ministerio de la Igualdad
El Gobierno revela contratos sospechosos y medidas de ahorro en el Ministerio de la Igualdad

Los hallazgos de presunta corrupción dentro del Ministerio de la Igualdad, la cartera creada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, no dejan de aumentar. En esta ocasión, la administración del presidente Abelardo De La Espriella destapó lo que calificó como una "contratitis" de última hora: un total de 60 contratos firmados en las semanas previas al cierre definitivo de la entidad.
Según explicó el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, estos contratos superarían en conjunto los $469.000 millones de pesos. El funcionario entregó el reporte durante una intervención pública realizada desde la Casa de Nariño, en la que detalló distintas medidas de ajuste y depuración que se vienen adelantando dentro del proceso de liquidación de la entidad.
"Recuperamos más de 20 mil millones anualizados. Eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando de esa manera 1.500 millones de pesos al año y esta semana eliminaremos más de 40 cargos directivos con un ahorro de 12 mil millones de pesos anuales", explicó Soto durante su intervención.
Reducción de espacios físicos y salida del director de FonIgualdad
El vocero de Gobierno también anunció que la entidad desmontará cinco de los ocho pisos que actualmente tiene arrendados dentro de sus instalaciones, una medida con la que se espera ahorrar más de $2.000 millones adicionales al año. "También desmontaremos cinco de los ocho pisos arrendados, ahorrando de esa manera más de dos mil millones de pesos al año. Sacamos al director de FonIgualdad y revisamos más de 60 contratos de última hora por cerca de aproximadamente 469 mil millones de pesos", expresó Soto.
El funcionario reveló, además, un dato que llamó particularmente la atención: una sola empresa concentraba más de $171.000 millones de pesos en contratos con la entidad, pese a que, según explicó, el año pasado apenas se había logrado ejecutar el 5% de la inversión total prevista dentro del fondo.
Bodegas de la Dian sin entregar y 13 denuncias radicadas
Soto también denunció que el último ministro de la cartera aún no ha hecho entrega de las llaves correspondientes a unas bodegas que contienen cerca de $16.800 millones de pesos en mercancías pertenecientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). "El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la Dian. Por estas irregularidades ya radicamos 13 denuncias, seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales", anotó el vocero del Gobierno.
La supresión de los cinco viceministerios
Estos anuncios se producen luego de que el liquidador del Ministerio de la Igualdad firmara una resolución mediante la cual suprimió formalmente los cargos de viceministro de la Juventud, de la Mujer, de los Pueblos Étnicos y Campesinos, de Poblaciones y Territorios Excluidos, y de Diversidades.
Según se precisó dentro del documento oficial correspondiente, la supresión de estos cargos debía hacerse de manera inmediata. El acto administrativo también estableció que ningún funcionario de la entidad podrá iniciar nuevas actividades relacionadas con el objeto misional de la cartera, y que únicamente se expedirán los contratos estrictamente necesarios para llevar a cabo el proceso de liquidación.
Un proceso que arrancó tras el fallo de la Corte Constitucional
El Gobierno De La Espriella ha recordado en varias ocasiones que la Corte Constitucional, mediante una sentencia, declaró inexequible la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad, y le pidió al Congreso legislar de nuevo sobre esta materia antes de que finalizara el gobierno de Gustavo Petro, algo que finalmente no se logró durante la pasada legislatura.
El proceso formal de liquidación del ministerio, creado originalmente bajo el amparo de la Ley 2281 de 2023, comenzó con la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se ordenó el cierre definitivo de esta cartera. Con la firma de este decreto, la entidad pasó a denominarse oficialmente Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, iniciando así una hoja de ruta administrativa para desmantelar de manera progresiva toda su estructura interna.
El proceso ha tenido varios liquidadores desde entonces. Inicialmente fue designado Rafael Rodríguez Ortiz, y posteriormente asumió John Milton Rodríguez, pastor evangélico, cofundador del partido Colombia Justa Libres y exsenador de la República, quien tomó el control directo de FonIgualdad, el fondo adscrito al ministerio, con la meta específica de recuperar cerca de $200.000 millones de pesos para destinarlos a atender prioridades nacionales, entre ellas el apoyo a los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.
Según había explicado previamente el propio Rodríguez, con corte a abril de 2026 varios de los rubros clave de la entidad, incluidos FonIgualdad y el programa "No Es Hora de Callar", seguían registrando un 0% de ejecución presupuestal, lo que llevó a suspender de inmediato la celebración de nuevos contratos y convenios, tanto en el ministerio como en el fondo y sus fiducias asociadas.
Un cierre marcado por hallazgos financieros críticos
El panorama financiero encontrado por el actual equipo liquidador ha sido descrito por el propio Gobierno como una verdadera "olla podrida", en referencia a la magnitud de las irregularidades detectadas dentro de la entidad. La administración actual continúa revisando nóminas paralelas, contratos, programas y recursos que, según explican, carecen del sustento legal correspondiente, en un esfuerzo por sanear las finanzas de la cartera y canalizar los recursos recuperados hacia las prioridades más urgentes del país.
Con estos nuevos hallazgos sobre la mesa, el Gobierno nacional insiste en que el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad continuará profundizándose en las próximas semanas, en momentos en que las denuncias penales, disciplinarias y fiscales radicadas hasta el momento apuntan a establecer responsabilidades concretas sobre el manejo de los recursos públicos que estuvieron a cargo de esta entidad durante los últimos años.





















