Salud, subsidios y pensiones: los recursos que podrían quedar bajo presión si el Congreso no aprueba la Ley de Rescate Económico
La entidad estima que, sin medidas de corrección, las necesidades de financiación del Estado se acercarían a $200 billones y la deuda podría superar el 70 % del PIB desde 2028.
ANIF advirtió que Colombia enfrenta un escenario fiscal delicado y que, sin un ajuste cercano a los $43 billones en 2027, el déficit podría superar el 9 % del PIB. La entidad considera que el deterioro de las finanzas públicas pondría en riesgo la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones sociales y de funcionamiento.
La discusión sobre la Ley de Rescate Económico tiene una nueva advertencia sobre sus posibles consecuencias. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que, si Colombia no realiza un ajuste fiscal oportuno, el país podría enfrentar dificultades para financiar compromisos fundamentales como la salud, las pensiones y diferentes programas sociales.
La advertencia quedó consignada en un informe publicado el 3 de noviembre de 2026, titulado Ley de Rescate Económico: un ajuste fiscal impostergable, elaborado por el equipo de investigaciones de la entidad bajo la dirección de su presidente, José Ignacio López.
Según el análisis, el problema no se limita al tamaño del déficit fiscal. También preocupa el crecimiento de la deuda pública, el costo de los intereses y la cantidad de recursos que necesitaría conseguir el Gobierno para atender sus obligaciones.
ANIF estima que, sin las medidas de ajuste planteadas, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, uno de los niveles más altos de las últimas tres décadas. En ese escenario, las necesidades de financiación del Estado se acercarían a los $200 billones.
¿Por qué están en riesgo los recursos para salud y pensiones?
El principal problema identificado por ANIF es que el Gobierno tendría menos margen para cubrir sus obligaciones si no logra corregir el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos.
La salud y las pensiones requieren recursos permanentes para garantizar el funcionamiento de sus respectivos sistemas. Cuando las finanzas nacionales se deterioran, aumenta la presión sobre el presupuesto y sobre las fuentes de financiación que permiten atender esos compromisos.
En su informe, ANIF explica que la Ley de Rescate Económico busca modificar la composición de los recursos destinados a la seguridad social. La propuesta pretende que una mayor proporción de la financiación de la salud provenga de cotizaciones y otras fuentes distintas al Presupuesto General de la Nación.
La entidad calcula que este componente aportaría cerca de $31 billones durante 2027, equivalentes al 1,46 % del PIB. Se trata de recursos que, bajo el esquema propuesto, dejarían de salir directamente del presupuesto nacional para financiar el sistema de salud.
Esto no significa que la aprobación de la ley garantice por sí sola la solución de todos los problemas del sistema, ni que su rechazo implique la suspensión inmediata de los servicios médicos o de los pagos pensionales. La advertencia apunta a la dificultad creciente que tendría el Estado para financiar sus obligaciones si no consigue corregir el déficit.
El déficit podría superar el 9 % del PIB
Uno de los datos más preocupantes del documento es la proyección del déficit fiscal para 2027.
ANIF considera que Colombia necesita una corrección cercana a dos puntos del PIB, equivalente a unos $43 billones, para evitar que el desequilibrio alcance niveles superiores al 9 %.
La organización advierte que, sin ese ajuste, la deuda pública podría superar el 70 % del PIB desde 2028 y seguir una trayectoria que considera insostenible.
El problema también tendría efectos sobre el costo de financiación del país. Según el informe, las tasas de interés de los títulos de deuda pública colombiana (TES) podrían subir potencialmente por encima del 15 %, encareciendo el endeudamiento del Gobierno.
Cuando un país debe pagar intereses más altos por su deuda, una porción mayor de los ingresos públicos termina destinada a cumplir compromisos financieros. Esto reduce el margen disponible para inversión, programas sociales y otros gastos del Estado.
¿Qué plantea la Ley de Rescate Económico?
El proyecto presentado por el Gobierno contempla cuatro grandes frentes de acción: reducción del gasto público, aumento de ingresos tributarios, incentivos a la inversión privada y fortalecimiento de las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal.
Para ANIF, el componente de mayor impacto durante 2027 sería la reducción y eficiencia del gasto, junto con la recomposición de las fuentes de financiación de la seguridad social.
En conjunto, estas medidas representarían el 87 % del ajuste proyectado para ese año, con un efecto estimado de 2,04 % del PIB.
Entre las propuestas se encuentran:
- Revisar las transferencias del Gobierno para identificar gastos que puedan reducirse, programas duplicados y recursos que no estén generando los resultados esperados.
- Reducir el costo de los contratos de prestación de servicios en un 50 % entre 2026 y 2027, según el planteamiento del proyecto.
- Disminuir en 20 % el gasto de personal de las entidades nacionales en 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
- Modificar las exoneraciones de aportes a salud, Sena e ICBF para determinados trabajadores y empleadores.
- Aumentar progresivamente las cotizaciones a salud de trabajadores dependientes e independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos.
- Destinar uno de los cuatro puntos porcentuales que reciben actualmente las cajas de compensación familiar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Estas medidas todavía hacen parte de una propuesta legislativa y podrían cambiar durante su discusión en el Congreso.
Los subsidios de las cajas de compensación también generan preocupación
Uno de los puntos que ha provocado mayor controversia es el traslado de recursos de las cajas de compensación familiar hacia el sistema de salud.
El proyecto plantea que uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan a estas entidades se destine al aseguramiento en salud administrado por la Adres.
La propuesta busca conseguir nuevas fuentes de financiación para el sistema sanitario. Sin embargo, Asocajas ha advertido que el cambio podría dejar un faltante superior a $500.000 millones en 2027 para financiar la cuota monetaria, un subsidio que beneficia a millones de trabajadores de menores ingresos y sus familias.
Según el gremio, aproximadamente 4,8 millones de personas reciben este beneficio.
La preocupación también alcanza otros programas de las cajas, como subsidios de vivienda, protección al cesante y servicios de educación y recreación con tarifas subsidiadas.
El debate está en determinar cómo se pueden conseguir recursos adicionales para la salud sin debilitar los beneficios sociales que actualmente reciben los trabajadores afiliados.
¿Qué pasaría con las pensiones?
Las pensiones representan otra obligación de gran peso dentro del presupuesto nacional. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para atender los pagos que le corresponden, por lo que cualquier deterioro de las finanzas públicas puede aumentar las dificultades para financiar estas obligaciones.
El presupuesto de 2027 también contempla importantes necesidades de financiación para este sector. En el debate presupuestal se han señalado faltantes relacionados con las partidas destinadas a cubrir las obligaciones pensionales.
Por eso, la advertencia de ANIF debe entenderse dentro de un escenario general de presión fiscal: si el Gobierno no consigue los recursos necesarios y el endeudamiento continúa creciendo, tendrá menos margen para atender simultáneamente sus compromisos financieros, pensionales y sociales.
No obstante, el informe no plantea que las mesadas vayan a dejar de pagarse automáticamente si el proyecto es rechazado. Lo que señala es que la sostenibilidad de las finanzas públicas podría deteriorarse y comprometer la capacidad estatal para financiar sus obligaciones en el mediano plazo.
ANIF reconoce que el proyecto puede modificarse
Aunque la entidad considera urgente realizar un ajuste fiscal, también reconoce que la iniciativa del Gobierno contiene medidas tributarias que no estaban previstas y que pueden ser objeto de discusión.
Entre ellas se encuentran cambios en el impuesto de renta de las personas naturales, modificaciones al IVA, mayores gravámenes al tabaco y al alcohol, y ajustes en las cotizaciones a salud.
ANIF sostiene que el proyecto puede perfeccionarse durante el trámite legislativo y plantea la necesidad de construir consensos con el Congreso para lograr un paquete de medidas que permita corregir las cuentas públicas sin afectar de manera desproporcionada a los hogares vulnerables ni frenar la actividad económica.
El informe estima que la Ley de Rescate Económico tendría un efecto de 4,09 % del PIB sobre el balance primario hacia 2030. Con otras medidas de ajuste, ese impacto podría llegar al 4,73 %.
La entidad considera que el país necesita actuar pronto, pero también insiste en que el ajuste debe combinar eficiencia del gasto, generación de ingresos y protección de los sectores más vulnerables.
El Congreso tendrá una decisión determinante
La Ley de Rescate Económico se encuentra en trámite legislativo y su aprobación no está garantizada. Los congresistas deberán evaluar sus propuestas, discutir sus efectos y decidir si respaldan el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo.
El debate será especialmente complejo porque la iniciativa combina recortes del gasto estatal con nuevos impuestos y cambios en la financiación de la seguridad social.
Mientras el Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para evitar un deterioro mayor de las finanzas nacionales, distintos sectores han expresado inquietudes por el impacto que podrían tener algunas disposiciones sobre los trabajadores, las empresas y los hogares.
La advertencia de ANIF pone sobre la mesa la dimensión económica del problema: no realizar un ajuste fiscal tendría costos importantes para el país y podría reducir la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos.
La discusión, por tanto, no se limita a aprobar o rechazar una ley. El desafío consiste en encontrar una fórmula que permita estabilizar las finanzas públicas y garantizar que los recursos destinados a salud, pensiones y programas sociales puedan sostenerse en el tiempo.