Bruce Mac Master lanza advertencia sobre la Ley de Rescate Fiscal: “Antes de subir los impuestos, hay que aclarar cuánto ahorrará el Estado”
El presidente saliente del gremio empresarial considera que la Ley de Rescate Fiscal debe detallar los recortes, su impacto y los mecanismos para verificar el ahorro estatal.
El presidente saliente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) pidió que el Gobierno explique con mayor precisión cómo reducirá el gasto público antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los ciudadanos y las empresas. Su pronunciamiento reabre el debate sobre quién debe asumir el costo del ajuste fiscal.
La discusión alrededor de la Ley de Rescate Fiscal continúa generando reacciones en el sector empresarial colombiano. Esta vez, Bruce Mac Master, presidente saliente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), puso sobre la mesa una preocupación central: la necesidad de conocer con claridad cuánto dinero podrá ahorrar realmente el Estado antes de avanzar con nuevos impuestos.
El dirigente gremial considera que el debate no debe concentrarse únicamente en la búsqueda de mayores ingresos tributarios. A su juicio, también es indispensable revisar la estructura del gasto público, identificar los recursos que pueden reducirse y establecer compromisos concretos de austeridad.
Su posición se conoce mientras el Gobierno defiende un proyecto que combina recortes presupuestales, reorganización de entidades estatales y modificaciones tributarias para enfrentar el déficit fiscal.
La pregunta de Bruce Mac Master: ¿cuánto puede ahorrar realmente el Gobierno?
El planteamiento del dirigente empresarial gira alrededor de una cuestión fundamental: antes de exigir mayores contribuciones a los colombianos, el Estado debe demostrar que está haciendo un esfuerzo suficiente para reducir sus propios gastos.
La preocupación tiene relación con el alcance de la Ley de Rescate Fiscal, que busca conseguir recursos para mejorar las cuentas públicas y controlar el crecimiento de la deuda.
Para Mac Master, la discusión debe incluir información detallada sobre los gastos que se eliminarán, los contratos que serán revisados, las entidades que podrían reorganizarse y los resultados económicos que producirían esas decisiones.
No basta con anunciar una reducción del gasto. Es necesario establecer cuánto se ahorrará, en qué periodo se materializará ese ahorro y qué mecanismos permitirán verificar que los compromisos se cumplan.
Este planteamiento también refleja una inquietud del sector productivo: que el ajuste fiscal no termine dependiendo principalmente de mayores impuestos y obligaciones para quienes generan empleo y mantienen actividades económicas formales.
El Gobierno plantea un ajuste de $45 billones
La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Ejecutivo contempla una meta de reducción del gasto público cercana a los $45 billones, equivalente aproximadamente al 2,2 % del producto interno bruto (PIB).
De acuerdo con el Gobierno, la mayor parte del esfuerzo fiscal provendría de medidas de austeridad y reorganización del Estado, mientras que el resto se obtendría mediante cambios tributarios y otras fuentes de ingresos.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Revisar los gastos de funcionamiento de las entidades públicas.
- Reducir los contratos de prestación de servicios.
- Disminuir los gastos de personal.
- Fusionar o suprimir algunas entidades estatales.
- Vender inmuebles y participaciones públicas que no sean considerados estratégicos.
- Establecer límites a determinados gastos administrativos.
- Combatir la evasión, el contrabando y la corrupción.
La iniciativa también contempla facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y medidas destinadas a controlar el crecimiento de los gastos estatales.
Sin embargo, uno de los puntos que deberá examinarse durante el trámite legislativo es la capacidad real de ejecutar estos recortes sin afectar servicios esenciales ni el funcionamiento de las instituciones.
Los empresarios piden equilibrio entre ahorro e impuestos
El pronunciamiento de Mac Master pone de manifiesto una discusión que involucra directamente al sector empresarial: cómo distribuir el esfuerzo necesario para recuperar las finanzas públicas.
Por un lado, el Gobierno sostiene que necesita nuevas fuentes de recursos para atender obligaciones presupuestales, financiar programas y reducir el déficit.
Por otro, representantes empresariales y analistas han advertido que un incremento de los impuestos puede elevar los costos de producción, afectar el consumo y reducir los incentivos para invertir.
El debate adquiere mayor importancia porque el proyecto incluye modificaciones al IVA, al impuesto de renta de las personas naturales y a diferentes contribuciones relacionadas con el consumo y la actividad económica.
También plantea reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial, que pasaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, según el texto presentado por el Gobierno.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar cuánto dinero necesita recaudar el Estado, sino también a establecer qué sectores asumirán las nuevas obligaciones y qué efectos tendrán sobre la economía.
¿Qué podría pasar con las empresas y el empleo?
Una de las principales preocupaciones del sector productivo es que los cambios tributarios terminen encareciendo la contratación formal y reduciendo la capacidad de las empresas para ampliar sus operaciones.
Cuando aumentan las obligaciones fiscales y los costos laborales, algunas compañías pueden aplazar inversiones, limitar nuevas contrataciones o trasladar parte de esos costos a los precios de sus productos y servicios.
Sin embargo, el impacto no sería igual para todas las actividades económicas. Dependerá de los impuestos que finalmente sean aprobados, del tamaño de cada empresa y de su capacidad para absorber los nuevos costos.
Al mismo tiempo, una reducción efectiva del déficit y una mayor estabilidad de las finanzas públicas podrían contribuir a mejorar las condiciones de financiación y la confianza de los inversionistas.
Por eso, el sector empresarial insiste en que el ajuste debe diseñarse teniendo en cuenta tanto la sostenibilidad fiscal como la competitividad de la economía.
El debate sobre el tamaño del Estado vuelve al centro de la discusión
La intervención de Mac Master también revive una pregunta que ha acompañado diferentes reformas económicas en Colombia: ¿qué tan grande debe ser el Estado y cuánto dinero necesita para funcionar?
La revisión del gasto público implica analizar nóminas, contratos, subsidios, transferencias, compras y estructuras administrativas. No todos estos rubros pueden reducirse de la misma manera, pues algunos corresponden a obligaciones legales o a servicios fundamentales para la población.
Por eso, el ahorro estatal requiere identificar gastos que puedan eliminarse sin comprometer la prestación de servicios públicos ni las inversiones necesarias para el desarrollo del país.
En este punto, la transparencia será determinante. Los ciudadanos y los sectores económicos necesitan conocer qué entidades reducirán sus presupuestos, cuáles serán reorganizadas y cuánto dinero se espera liberar con cada decisión.
Una ley que todavía debe superar el debate en el Congreso
La Ley de Rescate Fiscal aún debe surtir su trámite legislativo. Esto significa que las disposiciones presentadas por el Gobierno pueden ser modificadas durante las discusiones en el Congreso de la República.
El debate tendrá que resolver varios interrogantes: cuánto del ajuste se conseguirá mediante austeridad, qué impuestos terminarán aprobándose, cuáles serán las consecuencias para los trabajadores y las empresas y cómo se protegerá a los hogares de menores ingresos.
El respaldo internacional a la presentación de la iniciativa tampoco reemplaza la discusión interna sobre sus efectos económicos y sociales.
La advertencia de Bruce Mac Master deja planteado un asunto que será central durante ese proceso: la necesidad de demostrar que el Estado también está dispuesto a ajustar sus gastos antes de pedir mayores aportes a los contribuyentes.
El desafío para el Gobierno será demostrar que puede recuperar el equilibrio de las finanzas públicas sin trasladar una carga desproporcionada a las empresas, los trabajadores y los hogares colombianos. La discusión sobre el ahorro estatal será tan importante como la decisión sobre los nuevos impuestos.