Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores del extinto
Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores del extinto Cartel de Cali. Colprensa.

Treinta años después de la caída del extinto Cartel de Cali, los jueces colombianos continúan dictando sentencias relacionadas con el desmantelamiento de empresas que se habrían consolidado con la fortuna ilícita amasada por sus fundadores, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, este último fallecido en 2022. La más reciente concluye que tres laboratorios capitalizados con dineros del narcotráfico fueron transferidos a cooperativas de trabajadores, entre ellas Farmacoop y Cosmepop, en una operación que —según la sentencia— habría buscado mantener estos activos fuera del alcance de la justicia.

Es importante precisar el alcance de esta información

Debido a que el artículo original de Cambio Colombia sobre esta sentencia específica está disponible únicamente para suscriptores, este medio no tuvo acceso al detalle completo de la providencia judicial, los montos exactos involucrados, ni la argumentación jurídica precisa del fallo más reciente contra Farmacoop y Cosmepop. Lo que sí es posible reconstruir, con base en fuentes públicas verificables, es el patrón histórico bajo el cual operó este tipo de transferencias, que ya ha sido documentado extensamente por la justicia colombiana en casos similares.

El precedente: cómo funcionaba el mecanismo de las cooperativas

El caso más documentado de este patrón es el de Drogas La Rebaja, la cadena de droguerías fundada por los hermanos Rodríguez Orejuela en la década de 1970, que llegó a operar 880 establecimientos en 200 municipios del país y estuvo incluida en la Lista Clinton por sus vínculos con el narcotráfico.

Según reconstruyó la Fiscalía en distintos procesos judiciales, el 22 de julio de 1995 un grupo de 60 trabajadores fundó la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidora de Drogas La Rebaja (Copservir). Posteriormente, el 11 de marzo de 1996, un representante de Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. vendió a la cooperativa Farmacoop —la misma que aparece mencionada en el fallo de hoy— el establecimiento de comercio, la cartera por recaudar y el derecho de arrendamiento de los locales, por $10.887 millones de pesos.

Las autoridades determinaron años después que esta venta había sido ficticia: solo el 5% de los activos de la empresa pertenecía realmente a los trabajadores de la cooperativa, mientras el resto continuaba bajo el control efectivo de los hermanos Rodríguez Orejuela.

El desenlace del caso Drogas La Rebaja

En 2016, un juzgado especializado en extinción de dominio de Bogotá declaró que las sedes de la cadena debían pasar al poder del Estado. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa decisión en segunda instancia en julio de 2022, dejando el activo definitivamente en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aunque Copservir continuó al frente de la administración operativa del negocio, mediante un esquema en el que el Estado recibe un canon de arrendamiento por el uso de la marca y un porcentaje de las ventas.

La sentencia judicial de esa época fue contundente: "válido resulta afirmar que las empresas de propiedad de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron creadas con dineros producto de actividades de narcotráfico", concluyó el fallo, según registró El Espectador.

Un patrón que se repite con otros laboratorios

El fallo conocido este 23 de septiembre de 2026 sobre Farmacoop y Cosmepop sugiere que este mismo patrón de transferencia a cooperativas de trabajadores no se limitó únicamente a Drogas La Rebaja, sino que habría sido replicado en al menos otros dos laboratorios adicionales vinculados a la fortuna de los Rodríguez Orejuela.

Según el titular del artículo original, la pregunta que queda pendiente de resolver es qué ocurrirá con los aportes de los propios asociados de estas cooperativas, un dilema similar al que enfrentaron los trabajadores de Copservir durante el largo proceso judicial de Drogas La Rebaja, en el que la Superintendencia de Economía Solidaria llegó a intervenir directamente la cooperativa por considerar que persistían irregularidades derivadas del origen ilícito de los bienes.

Un capítulo más en el legado judicial del Cartel de Cali

Con esta nueva sentencia, la justicia colombiana suma un capítulo adicional al extenso historial de procesos de extinción de dominio derivados del legado del Cartel de Cali, que continúa generando decisiones judiciales tres décadas después de la caída de la organización, en un proceso que —a juzgar por el patrón ya documentado con Drogas La Rebaja— probablemente incluirá discusiones adicionales sobre el destino final de estos activos y la situación de los trabajadores vinculados a las cooperativas que los administraron durante años.