Álvaro Uribe pide que la justicia defina su caso por las masacres de El Aro y La Granja: ”que me absuelvan o me condenen”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse este domingo a la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía General de la Nación, relacionada con hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, en el periodo en que se desempeñaba como gobernador de ese departamento. A través de un video divulgado en sus redes sociales, el exmandatario pidió que su situación judicial tenga una definición, y cuestionó que las acusaciones permanezcan sin una decisión de fondo.

Qué investiga exactamente la Fiscalía

El expediente incluye las investigaciones por las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, registrada en 1997, ambas en el municipio de Ituango, Antioquia. También contempla el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998, quien había denunciado en su momento la presunta complicidad entre militares y paramilitares en la región. El proceso investiga, además, hechos relacionados con una presunta estructura paramilitar que habría operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

La Fiscalía investiga específicamente si el expresidente promovió o apoyó a este grupo armado ilegal, dentro de una indagación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Se trata, en todos los casos, de señalamientos que forman parte de una investigación en curso, y que no han derivado, hasta el momento, en una condena ni en un pronunciamiento judicial de fondo sobre la responsabilidad penal del expresidente.

El pedido de Uribe: "Que me absuelvan o me condenen"

"Que me condenen o me absuelvan pero que no me dejen en este limbo reputacional", escribió el expresidente al divulgar el video en su cuenta de X. "Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón", afirmó Uribe en el mismo pronunciamiento —aunque algunas fuentes citan esta misma frase con la conjunción "o" en lugar de "y" entre ambos términos, una variación menor entre las distintas transcripciones del video que circularon en la prensa—.

En ese mismo mensaje, el líder natural del Centro Democrático agregó: "Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente". Es importante subrayar que esta declaración corresponde a la posición pública del propio Uribe frente al proceso, y no constituye, en ningún caso, una admisión de los hechos investigados; el expresidente ha reiterado en distintas ocasiones su inocencia frente a estos señalamientos, incluyendo la afirmación "no he sido asesino" durante la primera sesión de indagatoria en su contra.

Un conflicto de competencias que debe resolver la Corte Constitucional

El expediente enfrenta actualmente un conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, esta última con jurisdicción especial sobre el juzgamiento de expresidentes por el fuero que les asiste. Según explicó Uribe, la Comisión de Acusación reclamó el expediente precisamente por esa condición, generando lo que distintos medios han descrito como un "choque de trenes" entre ambas entidades.

Será la Corte Constitucional la que deba establecer, en última instancia, cuál de las dos autoridades continuará con las actuaciones judiciales. Mientras esa decisión no se produzca, la investigación permanece abierta, sin que exista una definición institucional sobre cuál despacho tiene la competencia definitiva para resolver el caso.

La postura de Uribe frente a ambas instancias

Uribe explicó que su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, considera que el proceso no debió pasar de la Comisión de Acusación hacia la Fiscalía. Pese a esta objeción jurídica planteada por su equipo legal, el expresidente aclaró que ha decidido atender igualmente las diligencias del ente investigador. "Me he sometido a la Fiscalía. He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen", afirmó.

El exmandatario también se comprometió a acatar la decisión que finalmente adopte la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias, independientemente de cuál sea el resultado. "Cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional la respetaré enteramente, como ha sido mi conducta frente a la justicia colombiana", concluyó.

Un proceso judicial de larga data

Según recordó el propio Uribe en su pronunciamiento, el expediente relacionado con estos hechos ya había permanecido varios años bajo estudio de la Comisión de Acusación de la Cámara, antes de que se planteara su eventual traslado hacia la Fiscalía General de la Nación, lo que originó precisamente el actual conflicto jurisdiccional que ahora deberá resolver la Corte Constitucional.

Lo que sigue

Con este pronunciamiento, el expresidente insiste en que su situación judicial reciba una definición de fondo, en un proceso que ya completó una primera sesión de indagatoria, y que continuará su curso mientras la Corte Constitucional resuelve cuál autoridad —la Fiscalía o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes— tendrá la competencia definitiva para continuar con las actuaciones judiciales relacionadas con las masacres de La Granja y El Aro, y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.