Fiscalía inspecciona sede del Pacto Histórico en Bogotá dentro de la indagación contra Iván Cepeda
La diligencia, avalada por un juez de control de garantías, buscó documentos y soportes contables sobre los recursos reportados durante la consulta presidencial de 2025.

En medio de la indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del congresista Iván Cepeda, ordenada por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la financiación para la consulta interna del Pacto Histórico, se realizó este martes 15 de septiembre una inspección a la sede del movimiento político en Bogotá.
Qué se buscaba en la inspección
"Con ocasión de una indagación que se sigue en una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y previo aval de juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron diligencia de inspección en la sede del Movimiento Político Pacto Histórico, en Bogotá", señaló la Fiscalía en un comunicado oficial.
"El propósito era recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía. La Fiscalía verifica si la información que reposa en la autoridad electoral corresponde a los reales financiadores de las campañas", añadió el ente acusador.
El origen de la indagación
Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025, en la que el congresista se impuso como candidato de la coalición oficialista para las elecciones presidenciales.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción, que, bajo la dirección del magistrado Francisco Farfán, ordenó la práctica de diferentes pruebas y declaraciones con el propósito de determinar si las situaciones denunciadas ocurrieron, y si eventualmente constituyeron infracciones al régimen de financiación electoral.
Los dos aportes cuestionados
La actuación judicial se origina en cuestionamientos relacionados con el registro de algunos recursos recibidos durante la campaña de Cepeda para la consulta. Entre los señalados aparecen Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, uno de los reportes corresponde a un supuesto aporte de $116 millones realizado por Pérez Páez, monto que habría superado el límite permitido para las contribuciones de una persona natural. El segundo caso está relacionado con Samat Publicidad, que habría figurado como aportante por $609,3 millones, pese a que las empresas no pueden realizar donaciones a campañas presidenciales.
Un caso que el CNE ya había archivado
Sin embargo, estos hechos ya habían sido examinados previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que en enero pasado decidió archivar la actuación administrativa contra Cepeda al concluir que los valores cuestionados no correspondían a donaciones. Pese a ese archivo administrativo, la Corte Suprema decidió abrir su propia indagación penal sobre el mismo asunto, lo que ahora deriva en esta diligencia de inspección sobre la sede del partido.
Un caso que se suma a otros frentes judiciales y políticos
Esta inspección se produce en un momento de intensa actividad política y judicial para el Pacto Histórico, en medio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 y otras controversias recientes que han mantenido al partido en el centro de la atención pública durante las últimas semanas.
Con esta diligencia, la Fiscalía busca establecer si la información que reposa ante la autoridad electoral colombiana corresponde efectivamente a los reales financiadores de las campañas dentro de la consulta interna que llevó a Iván Cepeda a convertirse en el candidato presidencial del Pacto Histórico en las últimas elecciones, un proceso judicial que continúa su curso mientras se define si existieron o no irregularidades en el manejo de estos recursos.





















