Exjefes de las FARC inician en Pitalito su primera sanción restaurativa: la búsqueda de desaparecidos divide a las víctimas

Cinco integrantes del antiguo Secretariado de las FARC iniciaron este lunes 21 de septiembre, en el municipio de Pitalito, Huila, la ejecución material de la primera sanción restaurativa que les impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en lo que constituye el primer territorio donde los máximos responsables condenados en el Caso 01 comienzan a cumplir de manera concreta las medidas de reparación ordenadas por la justicia transicional.

Quiénes llegan y qué harán

Los comparecientes que estarán en Pitalito son Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como "Timochenko"; Rodrigo Granda Escobar; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Jaime Alberto Parra Rodríguez; y Milton de Jesús Toncel Redondo. La actividad, programada entre el 21 y el 30 de septiembre, estará enfocada en la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua.

Según explicó El Universal, los comparecientes realizarán actividades de apoyo físico y logístico, como adecuación de terrenos, excavación manual y tamizado, además de acompañar las labores de los antropólogos forenses. Es importante precisar que los excomandantes no tendrán funciones forenses propiamente dichas; el trabajo técnico de exhumación estará a cargo exclusivamente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Un cementerio que la UBPD ya venía interviniendo

El cementerio San Antonio de Padua no es un lugar nuevo para las familias buscadoras de la región. Desde 2024, la UBPD ha realizado cuatro intervenciones en el lugar y recuperado 54 cuerpos de personas sepultadas sin identificación. De ese total, nueve ya fueron identificados y entregados dignamente a sus familias. El sitio cuenta, además, con una medida de protección adoptada por la JEP desde marzo de 2025, orientada a preservar los cuerpos que aún podrían encontrarse allí.

En el departamento del Huila han sido identificadas 14 personas desaparecidas relacionadas específicamente con los hechos sancionados en la sentencia del Caso 01, y hay 27 víctimas acreditadas dentro de los macrocasos 01 y 10 vinculadas a este territorio.

El origen de la sanción: el Caso 01 por secuestro

Esta actividad se deriva de la sentencia de primera instancia contra el Secretariado de las FARC, conocida en septiembre de 2025 y confirmada por la Sección de Apelaciones en agosto de 2026, correspondiente al Caso 01, el expediente que investiga los secuestros cometidos por la antigua guerrilla. La condena impone a los siete máximos responsables sancionados actividades restaurativas en siete regiones del país —Bogotá, noroccidente, oriente, Caribe, suroccidente, nororiente, y centro y suroriente—, entre ellas desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, labores de infraestructura rural y urbana, protección ambiental y acciones de memoria histórica.

Mientras el grupo de cinco cumple en Pitalito, otros dos sancionados, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, iniciarán en Bogotá las actividades de memoria histórica que les fueron asignadas de manera específica.

El mensaje de Londoño a las víctimas

Al comenzar la actividad, Rodrigo Londoño publicó un mensaje dirigido a las víctimas, en el que afirmó: "Una vez más, cumplimos". El excomandante añadió que "cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde".

Los reparos de las víctimas: "¿Cuál es el componente restaurativo?"

La participación de los antiguos integrantes de las FARC abrió, sin embargo, una discusión entre víctimas de la región consultadas por Diario del Huila. Es importante precisar que estas víctimas no cuestionan que se busquen y recuperen los cuerpos en el cementerio; lo que cuestionan es que esta labor sea presentada como una medida restaurativa frente a personas que todavía esperan respuestas concretas sobre el paradero de sus familiares.

Edna Rocío Pinto Serrato, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado del Huila y defensora de derechos humanos, sostiene que la principal deuda pendiente sigue siendo la verdad. "Este trabajo ya se venía haciendo. La UBPD ya había intervenido el cementerio", afirmó Pinto Serrato, quien planteó directamente: "Entonces nosotros preguntamos cuál es el componente restaurativo".

Según relató la propia defensora a El Espectador, teme además que la búsqueda termine vinculada con personas muertas en combate, y no con víctimas de secuestro propiamente dichas. Para ella, presentar este evento como reparación profundiza la sensación de impunidad. Este fin de semana, las víctimas que se oponen a que la JEP avance con este proyecto tal como está planteado enviaron una carta a los magistrados pidiendo frenar la actividad.

La versión de la JEP: no es una nueva sanción

Frente a estos cuestionamientos, la JEP aclaró que esta intervención no constituye una nueva sanción, sino que hace parte de los proyectos ya definidos dentro de la sentencia original. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró que la actividad en Pitalito forma parte del proyecto restaurativo de búsqueda de personas desaparecidas, desarrollado conjuntamente con la UBPD, y explicó que la elección de este cementerio específico respondió a información entregada por la propia entidad sobre desaparecidos relacionados con el Caso 01 en el Huila, y a la presencia de víctimas acreditadas en esa región.

Según explicó Ramelli, las víctimas también tienen un papel dentro de este proceso: antes de ejecutar las actividades en cada territorio, sus representantes pueden pronunciarse sobre la forma en que deben desarrollarse los trabajos restaurativos.

Un dispositivo de seguridad sin precedentes

El encuentro lleva meses de planeación, con un componente de seguridad descrito por El Espectador como "sin precedentes", dado el riesgo que representa la presencia de estos firmantes del acuerdo de paz en un territorio que, según el propio medio, todavía está golpeado por la guerra.

Un proceso que continuará poniéndose a prueba

Con el inicio de esta actividad en Pitalito, la JEP enfrenta lo que El Espectador describió como su "prueba de fuego": determinar si la verdad reconocida por los máximos responsables de las FARC se traduce efectivamente en reparación, dignificación y garantías de no repetición para las víctimas, o si, como temen algunas de ellas, el modelo termina reduciéndose a un ejercicio simbólico que no resuelve la pregunta de fondo que persiste desde hace años en territorios como el Huila: dónde están, exactamente, sus familiares desaparecidos.