El futuro de la JEP se juega en la CPI: recorte presupuestal, víctimas divididas y el primer pulso en el Congreso
Alejandro Ramelli pidió respaldo internacional para garantizar los recursos de 2027, mientras representantes de víctimas cuestionan las sanciones y reclaman cambios en el tribunal.
Tras los reclamos del presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por un recorte en el presupuesto para el tribunal especial para el próximo año, se ha generado todo un debate alrededor del papel y los resultados de esa corte que se creó con la firma del acuerdo de La Habana con las Farc en 2016.
El origen del debate: un recorte presupuestal
El tema parece que no se zanjará fácilmente en el país y por eso ya han llegado algunos conceptos a la Corte Penal Internacional (CPI), quien podría llegar a tener la última palabra sobre el alcance de este tribunal.
La estrategia de Ramelli: acudir a la CPI
Por un lado, Ramelli le solicitó a la Fiscalía de la CPI que respalde la entrega de recursos que dicen que necesitan para funcionar en el 2027, una idea con la que no ha estado de acuerdo el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien apoyó la idea de que se le recorten recursos por 100.000 millones de pesos para el próximo año.
Otro frente: revisión de decisiones por la Justicia Penal Militar
El presidente de la JEP también alertó que en el Congreso se estaría sondeando la posibilidad de que algunas decisiones que hoy están en manos del tribunal especial sean revisadas por la Justicia Penal Militar, especialmente, en lo que tiene que ver con sanciones a los integrantes de las Fuerzas Militares.
Ramelli le solicitó a ese tribunal internacional que respalde de autonomía y el funcionamiento de la JEP.
Las víctimas piden reabrir el caso en la CPI
De otro lado, se conoció una comunicación que enviaron representantes de las víctimas en la que cuestionan las sanciones impuestas por el tribunal especial contra el antiguo secretariado de las Farc, por lo que piden que se reabran las investigaciones por delitos de lesa humanidad en su contra.
Según argumentan, cuando se cerró el caso en la CPI en el 2021 la misma JEP no había tomado decisiones de fondo, como sucedió recientemente, cuando se establecieron penas restaurativas por más de 21.000 hechos victimizantes relacionados a secuestros, crímenes de guerra, entre otros.
Asimismo, los abogados de las víctimas cuestionan que las penas no tendrían un impacto reparador sobre los afectados y que los exguerrilleros en cambio podrían tener beneficios por estas labores en la que no se contemplan penas privativas de la libertad.
"Por mí, que se acabe esta ignominia"
En medio de esa puja las víctimas han alzado su voz en contra del tribunal especial de paz. Deisy Dorelly Guanaro fue una de las que dijo que está de acuerdo con que se acabe la JEP.
"Si me preguntan a mí, como sobreviviente del conflicto, mi respuesta es clara: por mí, que se acabe esta ignominia. No queremos que sigan hablando en nuestro nombre mientras nosotros seguimos esperando. Queremos verdad, justicia, resultados y rendición de cuentas. Basta de impunidad", afirmó.
Una recolección de firmas para eliminar el tribunal
El exdiputado del Valle, Sigifredo López, dijo que convocará a las más de 10 millones de víctimas de las Farc registradas en el país para que recojan firmas para pedirle al Congreso y al Gobierno que elimine el tribunal especial.
Otra voz de víctimas: resultados honestos
Sofía Gaviria, fundadora y presidenta de la Federación de Víctimas de Colombia, afirmó que "espera que quien lidera la JEP, en adelante, de resultados honestos para todas las víctimas".
"Somos más de 225.000 víctimas afiliadas en mi organización, la más grande del país y no nos invitaron, por ejemplo, a la rendición de cuentas de la JEP que se hizo para justificar su inoperancia", criticó.
El primer pulso: la decisión sobre el presupuesto 2027
En medio de toda esa tormenta y el debate que se ha generado, el primer pulso que se vivirá para determinar el futuro del tribunal especial es lo que se decida con respecto al presupuesto de la entidad para el año entrante y si los congresistas aprueban el recorte propuesto por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y respaldado por el presidente Abelardo De La Espriella.
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