Presidente de Andesco advierte que un apagón podría costarle a Colombia $40 billones, casi 2 puntos del PIB

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, encendió las alarmas sobre el panorama que enfrentará el país en materia de servicios públicos durante los próximos meses. En el marco del Congreso de Andesco, y en medio de una situación climática apremiante por el fenómeno de El Niño, el dirigente gremial advirtió que noviembre, diciembre y enero serán los meses más críticos para el abastecimiento de agua y energía en Colombia, y que un eventual apagón podría costarle al país cerca de dos puntos del PIB, es decir, casi 40 billones de pesos.

Racionamiento de agua y energía, dos caras de la misma crisis

Según explicó Sánchez, el racionamiento de agua que ya se vive en algunas regiones del país está directamente relacionado con el fenómeno de El Niño. El fenómeno climático no solo afecta el consumo humano en distintos municipios, sino también la generación hidráulica, pues el agua de los embalses se ha venido utilizando para producir energía y, ante la ausencia de nuevas y abundantes lluvias, esas reservas se agotan con mayor rapidez.

Como consecuencia, el país tendrá que recurrir de manera anticipada a la generación térmica, una alternativa que, según el dirigente gremial, resulta indispensable para evitar un colapso del sistema, pero que también implica mayores costos para el sector. Por esa razón, Sánchez insistió en la necesidad de que los colombianos hagan un esfuerzo real de ahorro energético.

En la Costa Caribe, la situación ya es palpable. Allí, explicó Sánchez, se presentan lo que las autoridades han denominado "cortes programados", producto del desfase entre la oferta y la demanda de energía, sumado a la sobrecarga de las redes de transmisión, que obliga a realizar mantenimientos en varios municipios de la región.

El presidente de Andesco reconoció que esos mantenimientos venían realizándose desde hace tiempo, pero que no se había hecho pública toda la magnitud del problema para evitar generar alarma entre la ciudadanía. Sin embargo, llegó el momento de ser transparentes con el país: "Por cuenta del gobierno anterior, llegamos a estas situaciones en las que muy difícilmente vamos a lograr pasar sin apagón, si no logramos ahorrar la energía, como se está previendo, en un 10 %", afirmó. Ese esfuerzo de ahorro, señaló, debe ser especialmente notorio en el centro del país, donde las temperaturas aún no son tan altas como las que se registran en la región Caribe.

Una factura que podría costarle al país 40 billones de pesos

Sánchez fue enfático en que el racionamiento que ya se observa en departamentos como Antioquia responde a una doble necesidad: garantizar el consumo humano y, al mismo tiempo, preservar el agua destinada a la generación eléctrica. En varios municipios existen dos reservorios distintos con esos propósitos, y ambos se han visto afectados por el fenómeno climático.

El problema, explicó, es que las reservas de agua para consumo humano solo alcanzan para unos tres meses, razón por la cual noviembre, diciembre y enero son los meses que más preocupan al gremio. Durante ese período, el país tendrá que depender casi en su totalidad de la generación térmica, lo que hace indispensable el respaldo del Gobierno nacional para evitar un apagón que, según sus cálculos, podría costarle a la economía colombiana cerca de dos puntos del Producto Interno Bruto, es decir, unos 40 billones de pesos.

El encarecimiento de las tarifas y la pérdida de la "soberanía energética"

Consultado sobre el alza en los costos de los servicios de agua y energía, Sánchez fue crítico frente a las decisiones tomadas durante el gobierno de Gustavo Petro. A su juicio, Colombia perdió su "soberanía energética" por cuenta de una política que calificó como ideológica, orientada a frenar la explotación de hidrocarburos con el argumento de contribuir a la lucha contra el cambio climático a nivel global.

"Finalmente no salvó el mundo: lo que dejamos de producir nosotros lo producen otros países vecinos", afirmó el dirigente gremial, quien además lamentó que esa decisión le haya costado al país más de 32 billones de pesos en regalías e impuestos que se dejaron de percibir. Según Sánchez, la lección que deja este episodio es que Colombia debe hacer su transición energética basándose en los recursos con los que ya cuenta —carbón, petróleo y gas— en lugar de renunciar prematuramente a ellos.

El presidente de Andesco explicó que, al tener que generar energía principalmente a través de plantas térmicas —que dependen en gran medida de gas y combustibles líquidos—, los costos terminan siendo superiores a los que se habrían tenido si el país contara con una mayor disponibilidad de gas nacional y no tuviera que recurrir en la misma proporción a las importaciones.

Un esfuerzo del sector para no trasladar todo el costo al usuario

Pese a la gravedad de la situación, Sánchez destacó el trabajo que se ha venido haciendo desde las regiones para amortiguar el impacto sobre los usuarios. Mencionó, por ejemplo, el programa Plan Padrino, mediante el cual las grandes empresas de acueducto y energía han apoyado a las más pequeñas para enfrentar la contingencia.

Ese esfuerzo conjunto, aseguró, ha demostrado que las empresas del sector estaban preparadas para responder ante situaciones críticas, al punto de que las compañías de comunicaciones ya operan a niveles cercanos al 100% en todo el territorio nacional. No obstante, el dirigente insistió en que, hacia adelante, lo que el país necesita es una mayor capacidad de generación de energía que permita ampliar la oferta disponible y, con ello, contribuir a que las tarifas para el usuario final puedan bajar en el mediano plazo.

El terremoto, una nueva cuenta de cobro para las tarifas

Otro de los frentes abordados por Sánchez fue el impacto económico que ha dejado el terremoto de agosto sobre la infraestructura de servicios públicos. Según explicó, la práctica habitual de las empresas del sector ha sido asumir directamente estos costos adicionales, sin trasladarlos de inmediato al usuario. Sin embargo, reconoció que existen algunos gastos que, tarde o temprano, tendrán que reflejarse en las tarifas.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande porque sabemos que al usuario hay que cuidarlo. En un momento crítico como el que estamos viviendo no tenemos oportunidades de incremento, como la gente cree. Las empresas no son las interesadas en que suban las tarifas", afirmó, al tiempo que reconoció que no se puede desconocer el problema heredado de la administración anterior. El dirigente subrayó que el sector busca que cualquier incremento en las tarifas sea el menor posible, especialmente si se tiene en cuenta que, en Colombia, el 80% de la población gana menos de dos salarios mínimos.

Incendios forestales: una amenaza adicional para la infraestructura

Sánchez también se refirió a la ola de incendios forestales que ha afectado a distintas regiones del país en las últimas semanas, entre ellos el ocurrido en Villa de Leyva. Según explicó, las empresas de servicios públicos han asumido un papel activo en el cuidado de los bosques y en la protección de las fuentes hídricas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que esté vigilante frente a posibles responsables de estos siniestros.

"Un bosque se demora muchos años para crecer, pero se pierde en un cerrar de ojos", advirtió, al tiempo que destacó que empresas como la de Acueducto y Energía de Bogotá, así como el propio gremio Andesco, mantienen y protegen bosques propios. El dirigente también pidió evitar la tala de bosques para sembrar cultivos ilícitos, un problema que, según dijo, se agravó durante los últimos cuatro años.

Frente a la posibilidad de que estos incendios afecten directamente cables y otra infraestructura de servicios públicos, Sánchez reconoció que siempre existe el riesgo de pérdidas importantes, pero aseguró que las empresas del sector están preparadas para reaccionar rápidamente y solucionar cualquier afectación que se presente.

Las deudas del Estado con el sector

Consultado sobre las deudas que el Estado mantiene con las empresas de servicios públicos, tanto por subsidios a los estratos 1, 2 y 3 como por servicios prestados directamente a entidades públicas, Sánchez puso como ejemplo el caso de Air-e, la empresa electrificadora de la Costa Caribe que atraviesa una conocida crisis financiera. Según explicó, la ministra María Nohemí Arboleda gestionó la asignación de 1,5 billones de pesos para esa compañía, un monto que es independiente de los recursos destinados a subsidios.

Sobre estos últimos, indicó que ya se están incluyendo dentro del Presupuesto General de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de garantizar la liquidez tanto para las plantas térmicas como para las empresas transmisoras y generadoras de energía, que en este momento requieren evitar lo que Sánchez calificó como un "apagón financiero".

Cobertura y la necesidad de seguridad jurídica para atraer inversión

Finalmente, el presidente de Andesco se refirió a los retos pendientes en materia de cobertura de servicios públicos en el país. Aunque reconoció que Colombia cuenta con niveles de cobertura "envidiables" para los estándares de América Latina, admitió que persisten dificultades en municipios de la periferia, donde la baja densidad poblacional encarece considerablemente la llamada "última milla" de conexión.

Sánchez cerró la entrevista con un llamado a mantener la estabilidad y la seguridad jurídica del sector, condición que consideró indispensable para atraer inversión de largo plazo. "Las inversiones nuestras no son de un año para otro: son de 20, 30 y más años", recordó, y advirtió que, hacia el futuro, Colombia deberá competir por esos recursos incluso con países como Venezuela, lo que hace aún más urgente garantizar reglas de juego claras y estables para los inversionistas del sector de servicios públicos.