Atrasos en 275 proyectos energéticos enfrentan a Colombia a un escenario de escasez

Noticias RCN conoció en exclusiva un informe interno del Ministerio de Minas y Energía en el que se advierte que el escenario de escasez de energía que enfrenta el país se debe a que varios proyectos quedaron en el papel durante el gobierno anterior.

275 proyectos con atrasos de más de un año

En concreto, el documento registra atrasos de más de un año en 275 proyectos energéticos, de los cuales 33 superan los cuatro años de atraso. De acuerdo con el informe, "40% de proyectos de transmisión (se encuentran) atrasados, algunos con atrasos superiores a 12 años, y más del 80% de los proyectos de generación" se encuentran en una situación similar, con "el 10% de ellos con atrasos superiores a 4 años".

Estas cifras confirman que el rezago no se concentra únicamente en un tipo específico de infraestructura energética, sino que afecta de manera transversal tanto a los proyectos encargados de generar electricidad como a los que se encargan de transportarla a través del sistema de transmisión nacional.

Presuntas inconsistencias en un contrato para La Guajira

De la misma manera, el informe advierte presuntas inconsistencias en un contrato de $75.000 millones de pesos para brindar soluciones energéticas en La Guajira. Se trata específicamente del "contrato de obra para la implementación de soluciones solares fotovoltaicas (SSFV) en el marco de la estrategia de comunidades energéticas en Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento" de La Guajira.

Aunque el documento conocido por Noticias RCN no detalla el alcance completo de estas presuntas inconsistencias, su sola mención dentro de un informe oficial del ministerio abre la puerta a que se adelanten las verificaciones correspondientes sobre la ejecución de este contrato específico en la región guajira.

Un problema que ya venía siendo advertido por el sector

Este hallazgo confirma alertas que distintos actores del sector energético colombiano ya habían planteado en el pasado sobre el riesgo de un déficit estructural de energía en el país. El operador del sistema eléctrico, XM, había advertido previamente que la lenta entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión podría agravar el balance energético del país en los próximos años, en un contexto donde fenómenos climáticos como El Niño elevan todavía más la demanda de electricidad y ponen a prueba la capacidad de respuesta del sistema.

Gremios como la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento de Colombia (SER Colombia) también habían señalado en meses anteriores que buena parte del tiempo que tarda en desarrollarse un proyecto energético en el país se pierde en trámites administrativos, licenciamiento ambiental, consulta previa y otros procesos que pueden extenderse durante años antes de que un proyecto logre entrar efectivamente en operación.

Un documento que apunta al gobierno anterior

El informe interno del MinMinas atribuye directamente al gobierno anterior la responsabilidad por haber dejado estos proyectos "en el papel", sin que avanzaran hacia su ejecución efectiva durante ese periodo. Esta lectura se enmarca dentro de un patrón más amplio que ha caracterizado a distintas dependencias del actual Gobierno de Abelardo de la Espriella, que en los últimos meses ha revelado hallazgos similares sobre proyectos rezagados o contratos con presuntas irregularidades heredados de la administración de Gustavo Petro, en sectores como la UNGRD, el Ministerio de la Igualdad y ahora el Ministerio de Minas y Energía.

Lo que está en juego para el país

Con 275 proyectos atrasados y un escenario de escasez que ya empieza a materializarse, el reto para el actual Gobierno consiste en definir una estrategia que permita acelerar la entrada en operación de la infraestructura energética pendiente, en un momento en que el país enfrenta simultáneamente la amenaza climática del fenómeno de El Niño y la necesidad de sostener el crecimiento de la demanda eléctrica nacional. El desenlace de este diagnóstico interno del MinMinas podría derivar en nuevas medidas administrativas o en la apertura de investigaciones específicas sobre los proyectos y contratos señalados como más críticos dentro del propio informe.