Juez niega tutela contra la Presidencia: podrá seguir difundiendo imágenes de operativos militares con criminales dados de baja

Presidencia gana tutela y podrá presentar imágenes de delincuentes dados de baja y en bolsas

La imagen del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre los resultados de operaciones militares, que incluían a delincuentes dados de baja y entre bolsas forenses, se convirtió en una polémica y hasta en una tutela para prohibir la presentación de estas imágenes.

El origen de la controversia

La discusión se originó a raíz de la manera en que la Presidencia ha venido comunicando los resultados de su ofensiva contra estructuras criminales, mostrando en redes sociales oficiales el desenlace de distintos operativos militares. Esa estrategia de comunicación, defendida por el Gobierno como una forma de transparencia y contundencia frente a la ciudadanía, generó cuestionamientos de varios sectores, que consideraron que este tipo de contenido podía resultar innecesariamente gráfico y de alcance no controlado, dado que las cuentas oficiales de la Presidencia son de acceso público y masivo.

La suspensión provisional inicial

Un juez de Bogotá había ordenado provisionalmente suspender la publicación de este tipo de imágenes mientras se discutía de fondo la tutela que presentaron un congresista y un ciudadano, tras advertir la molestia general por ese tipo de exposición. Esa medida cautelar, sin embargo, tuvo un carácter transitorio: fue adoptada mientras se surtía el análisis completo del caso, no como una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. Al examinar la tutela en su totalidad, el juez concluyó que no hay afectación que justifique mantener la prohibición.

La tutela y quiénes la radicaron

El representante Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz fueron los responsables de radicar la tutela para prohibir, de manera permanente, la publicación de imágenes desde las cuentas de la Presidencia de la República que contengan de manera explícita los resultados de esas operaciones militares, incluyendo los delincuentes dados de baja. Ambos accionantes plantearon que este tipo de contenido, dada su naturaleza y el alcance de los canales oficiales del Gobierno, ameritaba una restricción judicial permanente.

La decisión del Juzgado 30 Civil de Bogotá

El juez 30 Civil del circuito de Bogotá concluyó, sin embargo, que ni el representante ni el ciudadano demostraron una afectación directa con la publicación de estas imágenes, no solo porque se quedaron cortos en la evidencia planteada, sino porque no tenían ninguna clase de vínculo con quienes fallecieron en estos operativos militares.

"Javier Ricardo Cabrera Cruz no demostró vínculo de parentesco con las personas fallecidas ni representación de sus familiares; tampoco explicó que estos se encontraran imposibilitados para promover directamente la defensa de sus garantías", explicó el juzgado en su fallo, en el que fue enfático sobre la falta de legitimación de los accionantes para representar los intereses de terceros.

El argumento sobre la protección de menores

En la tutela, los dos accionantes advertían que incluso las imágenes podrían afectar a los niños, niñas y adolescentes dada la trascendencia y el alcance que tienen las redes sociales de la Presidencia de la República, y por esta razón, tenía que prohibirse la presentación de estos elementos al alcance de los menores. Este argumento buscaba ampliar el sustento jurídico de la tutela más allá de los derechos individuales de las personas fallecidas, apelando a la protección reforzada que la Constitución colombiana otorga a la niñez.

El juez, en este punto, también fue contundente al advertir que los encargados de la tutela tampoco demostraron plenamente y con certeza quiénes se vieron afectados con la publicación de estas imágenes; por consiguiente, no procede la acción de tutela y se falló en favor de la Presidencia de la República.

"Si bien la protección prevalente de la niñez flexibiliza las exigencias propias de la agencia oficiosa, no suprime la necesidad de establecer, cuando menos, un sujeto o grupo determinable, la amenaza que recae sobre sus derechos y las razones que hacen necesaria la intervención de un tercero", explica la decisión, que distingue entre invocar de manera general la protección de los menores y demostrar, con elementos concretos, quiénes serían los afectados específicos.

Las conclusiones del juez

Con esta decisión del juez, la Presidencia y el propio presidente Abelardo De La Espriella podrán seguir utilizando en sus redes sociales las imágenes con los resultados de estas operaciones militares, sin que se afecten los derechos que la tutela advirtió vulnerados, pero que un juez descartó tras el análisis completo del expediente.

Un debate que no es nuevo: otras voces sobre el mismo tema

La controversia por este tipo de publicaciones no es un episodio aislado. Semanas atrás, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había hecho un llamado al Gobierno para reflexionar sobre la manera en que comunica los resultados de sus operaciones militares, en un intercambio público con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. En ese mismo contexto, el senador Jota Pe Hernández había planteado, con un tono más irónico, que los colombianos financiaran mediante donación las bolsas utilizadas para embalar a los criminales dados de baja. Estos episodios reflejan que la forma de comunicar los resultados de la ofensiva militar del Gobierno se ha convertido en un punto de debate recurrente entre distintos sectores políticos y sociales, más allá de la discusión estrictamente judicial que ahora se resolvió con este fallo.

Lo que sigue tras el fallo

Al tratarse de una decisión de tutela en primera instancia, el fallo del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá podría ser objeto de impugnación por parte de los accionantes, quienes tendrían la posibilidad de acudir a una segunda instancia para insistir en su solicitud. Mientras tanto, la decisión judicial permite que la Presidencia mantenga, sin restricciones adicionales, su estrategia de comunicación sobre los resultados de la ofensiva contra las estructuras criminales que opera actualmente el Gobierno nacional.