Isabel Zuleta queda vinculada formalmente a investigación por el caso ”Pipe Tuluá”

La senadora Isabel Zuleta, integrante de la bancada del Pacto Histórico, rindió indagatoria este jueves 17 de septiembre de 2026 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por el presunto delito de abuso de función pública. Es importante precisar de entrada que una indagatoria es un mecanismo mediante el cual la persona investigada puede presentar su propia versión y ejercer su defensa frente a los hechos que se le atribuyen; no equivale a una acusación formal ni, mucho menos, a una condena.

El origen del caso: un allanamiento en La Picota

La investigación formal contra la congresista fue asumida por el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción, quien busca establecer si la legisladora incurrió en una eventual extralimitación de sus atribuciones institucionales durante un procedimiento de registro e inspección adelantado el 10 de julio de 2025 en las instalaciones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Ese día, agentes del CTI realizaron un allanamiento en el pabellón de extraditables del centro penitenciario, y lograron incautar un arma de fuego a partir de información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, entonces jefe de la estructura criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá, Valle del Cauca. Marín Silva fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026 por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, después de haber entregado esta información sobre el armamento.

El rol de Zuleta y la hipótesis de la Corte

Para el momento de los hechos, Isabel Zuleta se desempeñaba como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico en Antioquia, dentro de la estrategia de Paz Urbana del gobierno de Gustavo Petro, un encargo formalizado mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ese nombramiento la vinculaba a los diálogos con bandas criminales del Valle de Aburrá, no a procedimientos judiciales en cárceles como La Picota, en Bogotá.

La hipótesis que investiga la Sala de Instrucción es si Zuleta se limitó a estar presente durante el allanamiento, en su calidad de coordinadora de la mesa de paz, o si, por el contrario, lideró o dirigió un procedimiento que en principio corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y penitenciarias. Es importante subrayar que se trata de una hipótesis bajo investigación, y no de un hecho establecido: la propia Corte busca precisamente esclarecer ese punto a través de la indagatoria.

Según se ha reportado, el arma incautada se encontraba en el pabellón de extraditables, y de acuerdo con la información suministrada por Pipe Tuluá y la Fiscalía, de no haberse producido la incautación, integrantes del Tren de Aragua la habrían utilizado para atacar a alias "Araña", de los Comandos de la Frontera, un grupo que en ese momento adelantaba negociaciones con el Gobierno nacional dentro de la política de Paz Total.

Una versión gubernamental: "un gesto de paz"

Es relevante señalar que, según reportó Yahoo Noticias, el Gobierno nacional calificó en su momento la entrega de esta arma como un supuesto "gesto de paz" dentro del proceso de diálogo con las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esta caracterización oficial contrasta con la lectura que ahora explora la Corte Suprema sobre el mismo episodio, y representa la posición del Ejecutivo frente al hecho, distinta de la hipótesis judicial que se investiga.

Más de tres horas de diligencia

La congresista del Pacto Histórico estuvo más de tres horas rindiendo la indagatoria ante la Sala de Instrucción. Al término de la diligencia, fuentes de la propia Corte Suprema de Justicia confirmaron que la senadora quedó vinculada formalmente al proceso penal.

La respuesta de Zuleta a los medios

Al salir de la Corte, Isabel Zuleta confrontó directamente a los periodistas que la esperaban, y cuestionó el cubrimiento informativo que se le ha dado al expediente. "Deberían respetar la justicia", afirmó la senadora, en un reclamo dirigido a la prensa que sigue el caso.

La congresista también arremetió contra lo que consideró una cobertura mediática desproporcionada frente a un proceso que, insistió, todavía se encuentra en etapa de investigación y sobre el cual no existe ninguna decisión judicial de fondo.

Un antecedente reciente: el aplazamiento de junio

Este no es el primer episodio de tensión en torno al proceso. En junio de 2026, Zuleta había aplazado una diligencia anterior relacionada con este mismo caso, argumentando en su momento un viaje, mientras medios de comunicación reportaron que la senadora se encontraba, en cambio, participando en una entrevista con el canal público RTVC, una circunstancia que en su momento también generó cuestionamientos sobre el manejo del proceso por parte de la congresista.

Un caso que continúa dividiendo a la propia Corte

Según reveló Semana, la investigación contra Zuleta ha generado divisiones internas dentro de la propia Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Una fuente citada por ese medio señaló que el magistrado César Reyes se habría retirado de la Sala antes de que se debatiera formalmente la ponencia relacionada con el caso de la senadora, lo que sugiere que persisten diferencias de criterio entre los magistrados sobre cómo proceder frente a este expediente.

Lo que sigue en el proceso

Con la indagatoria ya realizada y la vinculación formal confirmada, corresponderá ahora a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evaluar la versión entregada por la senadora y las pruebas recaudadas hasta el momento, para determinar si existen elementos suficientes que sustenten una eventual acusación formal por el delito de abuso de función pública, o si, por el contrario, el proceso deriva en una decisión distinta. Mientras esa definición no se produzca, y sin que exista todavía una sentencia, Isabel Zuleta mantiene la presunción de inocencia que le asiste como a cualquier persona vinculada a una investigación penal en Colombia.