Gobierno prepara ley de sometimiento a la justicia: “no habrá negociaciones largas ni rebajas desproporcionadas”

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que trabaja en la estructuración de una ley de sometimiento para grupos armados que les permita entregarse a la justicia bajo reglas claras, sin que exista de por medio una mesa de negociación. El anuncio detallado lo hizo el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante una comparecencia ante el Congreso el pasado martes 15 de septiembre.

Cómo funcionará el mecanismo, según el Gobierno

"Todo el tema profundo de lo que es la ley de acogimiento o sometimiento lo estamos articulando entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, el presidente Abelardo De La Espriella, y el ministro de Justicia", informó Cancino. Sin querer anticipar todos los detalles, el funcionario dejó clara la orientación general de la propuesta: "No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas. Es un sometimiento a la ley, como fue un programa de campaña".

Según explicó el ministro, quienes decidan acogerse a esta figura tendrán una participación limitada frente al Estado. "Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. (...) Lo único que van a poder decir es 'me someto' (...) Por supuesto que entendemos que tiene que haber un trato diferenciado, pero ese jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada", afirmó Cancino ante el Legislativo.

Tres condiciones centrales del proyecto

De acuerdo con lo reportado por La Silla Vacía, la propuesta del Gobierno se sustenta en tres condiciones centrales. Primero, sin reconocimiento político: los grupos armados no tendrán ese estatus, y lo único que se negociará con el Estado es si se someten a la justicia o no. Segundo, sin negociaciones eternas: la relación con el Estado se basará en una oferta con condiciones fijas, sin espacio para discusiones prolongadas. Y tercero, sin excarcelaciones: la ley no será vinculante para miembros de grupos que ya fueron capturados, tienen condena o esperan una, ya que "en lo general no habrá excarcelaciones por esta vía".

Un trato diferenciado para quienes venían de la Paz Total

Uno de los puntos que generó particular atención durante la comparecencia fue la situación de los grupos que ya venían participando en procesos de la política de Paz Total, impulsada por el gobierno anterior. Según explicó Cancino, el Ejecutivo trabaja en un mecanismo de sometimiento diferencial específicamente para integrantes de estas estructuras que quieran continuar su proceso de desmovilización a través de esta nueva vía, aunque bajo las condiciones más estrictas que plantea el nuevo esquema.

Un estatuto antiterrorista en paralelo

Junto con la ley de sometimiento, el Gobierno presentará también un estatuto antiterrorista, según confirmó el Ministerio del Interior. Esta segunda iniciativa contemplaría normas especiales orientadas a perseguir a las organizaciones armadas y a atacar directamente los recursos económicos que obtienen de sus actividades ilegales.

Ambos proyectos se enmarcan dentro de la postura que ha fijado el Gobierno para el periodo 2026-2030 frente a las estructuras armadas ilegales del país: sin excarcelaciones y sin reconocimiento político, en lo que representa el cierre formal de la política de la Paz Total que caracterizó a la administración de Gustavo Petro, y que fue oficialmente desmontada semanas atrás mediante la revocatoria de las mesas de diálogo con distintos grupos armados.

Interés de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Según reportó Semana, las Autodefensas de la Sierra Nevada ya le informaron al medio que están dispuestas a entregarse bajo esta nueva ley, en lo que constituiría una de las primeras señales concretas de interés por parte de una estructura armada frente al mecanismo que todavía está en fase de estructuración por parte del Gobierno.

El plazo de radicación

El ministro Cancino confirmó que el Gobierno espera radicar el proyecto de ley de sometimiento ante el Congreso de la República en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de su anuncio, es decir, hacia finales del mes de septiembre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, había explicado previamente que el texto se está estructurando directamente desde el Ministerio de Justicia, y que el documento definitivo se espera conocer en los próximos días.

Un debate que apenas comienza

Con este anuncio, el Gobierno de Abelardo de la Espriella define con mayor claridad el rumbo que seguirá su política de seguridad frente a los grupos armados ilegales del país, en un momento en que ya había puesto fin formalmente a los espacios de diálogo heredados del gobierno anterior. La radicación de esta ley ante el Congreso, prevista para las próximas semanas, deberá surtir el trámite legislativo correspondiente, en un debate que previsiblemente generará discusión tanto por parte de sectores que respaldan un enfoque más firme frente a estas estructuras, como de otros que puedan cuestionar el alcance y las garantías del nuevo mecanismo de sometimiento.