Paola Holguín anuncia revisión de todos los museos nacionales tras protestas en el Museo Nacional
La ministra de Cultura rechazó los disturbios durante las manifestaciones y defendió una revisión de los contenidos de los museos bajo responsabilidad del Gobierno.
La ministra de Cultura rechazó los disturbios registrados durante las manifestaciones por el retiro de más de 30 piezas de la exposición permanente y confirmó que el Gobierno revisará la museografía, la curaduría y los contenidos de los museos bajo su responsabilidad. La decisión mantiene abierto el debate sobre memoria histórica y autonomía cultural.
La controversia por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional de Colombia escaló durante el fin de semana y provocó nuevas declaraciones de la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien rechazó los hechos de violencia registrados durante las manifestaciones en el centro de Bogotá y anunció que el Gobierno continuará con la revisión de los contenidos de los museos nacionales.
La funcionaria se pronunció el lunes 19 de octubre, después de dos jornadas de protestas frente a la institución. Las movilizaciones fueron convocadas por sectores ciudadanos que cuestionan la decisión de retirar más de 30 piezas relacionadas con la historia política del país, los movimientos sociales, la población LGBTIQ+, el feminismo y el proceso de paz.
Holguín defendió la actuación de la Policía durante las manifestaciones y sostuvo que algunos participantes recurrieron a acciones violentas. Al mismo tiempo, reiteró que el Ministerio revisará los criterios museográficos, museológicos y curatoriales del Museo Nacional y de los demás espacios culturales a su cargo.
La decisión amplía el alcance de una controversia que comenzó con el retiro de piezas de varias salas y que ahora involucra discusiones sobre la representación de la historia, la memoria de las víctimas, la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones culturales.
La ministra rechazó los disturbios durante las manifestaciones
A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X, Holguín cuestionó a quienes convocaron las protestas y aseguró que algunos manifestantes llegaron encapuchados y recurrieron a las vías de hecho.
La ministra afirmó que durante las jornadas también hubo menores de edad que, según su interpretación, habrían sido utilizados como "escudos". Asimismo, defendió el papel de la Policía Nacional y señaló que su intervención buscó garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar daños a los ciudadanos y al patrimonio.
Las manifestaciones se desarrollaron el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Aunque las concentraciones comenzaron con actividades de protesta y expresiones culturales, durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre integrantes de la fuerza pública y personas encapuchadas.
Los hechos provocaron afectaciones a la movilidad en el sector del Museo Nacional, ubicado en el centro internacional de Bogotá. Para el lunes también se había anunciado una nueva concentración, lo que mantenía la expectativa sobre posibles cierres viales y nuevas movilizaciones.
El pronunciamiento de la ministra se centró en rechazar la violencia y defender la protección de las instalaciones culturales. Sin embargo, el origen de las manifestaciones continúa siendo el desacuerdo de distintos sectores con el retiro de piezas de la exposición permanente.
El Gobierno mantendrá la revisión de las colecciones
Uno de los anuncios centrales de Holguín fue la continuidad de la evaluación de los contenidos de los museos bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura.
La funcionaria aseguró que el propósito institucional debe ser conservar, restaurar, proteger y divulgar la cultura nacional. En ese sentido, sostuvo que los museos deben representar al conjunto de la sociedad colombiana y no responder exclusivamente a los intereses de un sector.
La ministra también reiteró su rechazo a que los espacios culturales sean utilizados, según su postura, para promover versiones sesgadas de la historia, justificar delitos o revictimizar a quienes han sufrido violencia.
El Gobierno sostiene que la revisión de la museografía, la museología y la curaduría permitirá evaluar la forma en que se presentan los acontecimientos históricos y los objetos expuestos al público.
Estos conceptos corresponden a aspectos diferentes de la actividad museística: la museología estudia la función y el sentido de los museos; la museografía se ocupa de la organización y presentación de las exposiciones; y la curaduría comprende la selección, investigación e interpretación de las piezas.
La revisión anunciada podría tener consecuencias sobre la manera en que se presentan distintos episodios de la historia contemporánea de Colombia. No obstante, el pronunciamiento del lunes no detalla un calendario completo para el proceso ni establece qué piezas serán reconsideradas en cada institución.
¿Qué obras originaron la polémica?
La controversia comenzó después de que el Gobierno ordenara retirar más de 30 piezas de las salas del Museo Nacional. Entre los elementos mencionados en los reportes periodísticos se encuentran objetos y documentos relacionados con la población LGBTIQ+, los movimientos feministas, la historia política y el proceso de paz firmado en 2016.
También fueron retiradas piezas vinculadas con Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990, así como materiales relacionados con Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente de la Unión Patriótica que también fue asesinado durante la campaña presidencial de ese año.
La decisión se produjo después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara retirar de los espacios públicos las imágenes de Pizarro que, según el mandatario, podían interpretarse como una exaltación del terrorismo.
La ministra respaldó esa orientación y sostuvo que los museos no deben convertir a personas vinculadas con organizaciones armadas en figuras de exaltación política. Para el Gobierno, el tratamiento de estos elementos debe considerar los derechos de las víctimas y evitar mensajes que puedan interpretarse como una justificación de la violencia.
Sin embargo, los sectores que rechazan el retiro de las piezas sostienen que estos objetos también tienen valor documental e histórico, pues permiten estudiar los conflictos políticos, las luchas sociales y los procesos de transformación de la sociedad colombiana.
La discusión, por tanto, no se limita a decidir qué objetos permanecen en una sala. También plantea preguntas sobre quién define el relato histórico que se presenta al público, qué criterios deben orientar la selección de las piezas y cómo se garantiza que las exposiciones reflejen distintas experiencias y perspectivas.
Museos y sectores culturales cuestionan el retiro de las piezas
La medida también generó reacciones de instituciones culturales. Seis museos de arte del país —entre ellos el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla— expresaron su rechazo al retiro de las obras y pidieron que se respete la autonomía de las instituciones culturales.
En su pronunciamiento conjunto, las entidades advirtieron sobre los riesgos de modificar los contenidos de una exposición por motivos ideológicos y solicitaron que las decisiones curatoriales se fundamenten en investigación, argumentos técnicos y diálogo público.
Las instituciones también pidieron a la ministra que promueva una revisión transparente, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades representadas en las piezas retiradas.
Este cuestionamiento contrasta con la posición del Gobierno, que defiende la revisión como una medida para evitar el adoctrinamiento político y garantizar que los museos representen a todos los colombianos.
La controversia pone de manifiesto una tensión entre dos preocupaciones: por un lado, la responsabilidad estatal de proteger el patrimonio y evitar que las instituciones promuevan mensajes que puedan interpretarse como apología de la violencia; por otro, la necesidad de preservar la independencia técnica de los museos y garantizar que la representación de la historia no dependa únicamente de la orientación política del Gobierno de turno.
La memoria histórica, en el centro del debate
El retiro de las piezas ha reabierto una discusión sobre la manera en que Colombia representa su historia reciente, especialmente los episodios relacionados con el conflicto armado, los asesinatos políticos, los acuerdos de paz y las reivindicaciones de distintos grupos sociales.
Para los defensores de las piezas retiradas, exhibir objetos asociados con movimientos políticos o procesos sociales no implica necesariamente respaldar todas las actuaciones de las personas o las organizaciones vinculadas con ellos. Desde esta perspectiva, los museos tienen la responsabilidad de ofrecer contexto, explicar los acontecimientos y permitir que el público comprenda sus distintas dimensiones.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las exposiciones deben evitar la exaltación de actores relacionados con la violencia y proteger la dignidad de las víctimas. Holguín reiteró que la administración tiene un compromiso con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El desafío para las instituciones culturales será establecer criterios que permitan abordar episodios complejos sin ocultar información histórica ni convertir las exposiciones en instrumentos de propaganda. La investigación, la contextualización de las piezas y la participación de especialistas pueden ser determinantes para sustentar cualquier cambio en las colecciones.
¿Qué sigue para el Museo Nacional?
Por ahora, la decisión anunciada por Holguín es continuar la revisión de la museografía, la museología y la curaduría del Museo Nacional y de los demás museos administrados por el Gobierno.
El proceso deberá precisar qué criterios se utilizarán para evaluar las exposiciones, cómo se tomarán las decisiones sobre las piezas y qué participación tendrán los equipos técnicos y las comunidades relacionadas con los objetos exhibidos.
Mientras tanto, las manifestaciones evidencian que el retiro de las obras ha trascendido el ámbito museístico y se ha convertido en un debate político y cultural de alcance nacional.
La ministra ha reiterado que el Gobierno mantendrá su postura frente a los contenidos de los museos y rechazará cualquier manifestación que considere una exaltación del delito. Los sectores críticos, en cambio, reclaman garantías de autonomía y una revisión sustentada en criterios técnicos e históricos.
El desenlace dependerá de cómo se desarrolle la revisión anunciada y de si las decisiones posteriores logran responder a las inquietudes sobre la representación de la memoria histórica, la protección de las víctimas y la independencia de las instituciones culturales.