Gobierno de De la Espriella retira a Salvatore Mancuso su designación como gestor de paz
La Resolución 429 de 2026 pone fin al nombramiento otorgado durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que el alto tribunal suspendiera provisionalmente el acto original.
Mediante la Resolución 429 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella retiró la designación del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, como gestor de paz. La medida pone fin formalmente a un rol que Mancuso venía ejerciendo desde 2023 y que había sido objeto de fuertes cuestionamientos.
El texto de la resolución
El documento, con fecha del 21 de septiembre, establece: "Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia señor Salvatore Mancuso Gómez. Por intermedio de la Oficina del consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia".
El origen de la designación, en 2023
La resolución recuerda que Mancuso había sido designado como gestor de paz por la administración del expresidente Gustavo Petro, mediante la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023. Según el propio documento, "en el marco de una serie de reuniones realizadas entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2022 y corrido del año 2023 se acordó el desarrollo de mesas técnicas. En ese contexto, el señor Salvatore Mancuso Gómez manifestó, el 30 de octubre de 2022, su voluntad para aportar verdad sobre el conflicto armado colombiano".
El propósito original de esta figura era que Mancuso "aportara al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales" en el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció actividad criminal durante su trayectoria en las AUC.
El antecedente clave: la suspensión del Consejo de Estado
El retiro de la designación no ocurre de manera aislada. Semanas antes, el 4 de agosto de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado había suspendido provisionalmente la Resolución 244 de 2023, mediante la cual Mancuso había sido nombrado gestor de paz. El alto tribunal señaló, en esa decisión cautelar, que el acto administrativo original no establecía con suficiente claridad aspectos relacionados con el tiempo, el territorio y las funciones que debía cumplir Mancuso en esa condición, y advirtió que esas imprecisiones podían afectar los derechos de las víctimas.
El fundamento jurídico de la resolución presidencial
La Resolución 429 sustenta la decisión de De la Espriella en las facultades constitucionales y legales del presidente de la República para dirigir la política de paz y preservar el orden público. Entre las normas citadas dentro del documento aparecen la Constitución Política —específicamente los artículos 22, 188 y el numeral 4 del artículo 189—, la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada en distintas ocasiones, la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1175 de 2016.
Según detalló NoticiasBQ, el artículo segundo del acto administrativo ordena a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tramitar y comunicar la decisión a los juzgados, tribunales y autoridades competentes, para que se adopten las acciones judiciales y administrativas correspondientes.
Una decisión enmarcada en una revisión más amplia de la Paz Total
La salida de Mancuso se produce en un contexto más amplio de revisión de los mecanismos de diálogo y designaciones heredados del Gobierno anterior. A finales de agosto, la Presidencia ya había anunciado el cierre de tres procesos de diálogo con estructuras armadas, y señaló en su momento que dejaría sin efecto los reconocimientos y designaciones asociados a esos espacios. Durante septiembre también se han expedido resoluciones adicionales para retirar representantes y terminar distintos espacios de conversación con organizaciones armadas, según el registro oficial de resoluciones de la Presidencia.
La posición del Gobierno frente a la impunidad
La administración de De la Espriella ha sostenido públicamente que estas decisiones buscan evitar que los mecanismos de negociación sean utilizados para favorecer la impunidad o proteger a personas que continúan enfrentando requerimientos de la justicia. Según reiteró la Presidencia dentro de la propia resolución, "la gestión de paz no puede constituirse en un mecanismo de impunidad ni en una figura para eludir los requerimientos de la justicia ordinaria y la rendición de cuentas ante las víctimas".
Un caso que se suma al desmonte formal de la Paz Total
Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa el proceso de desmantelamiento formal de la política de Paz Total impulsada por Gustavo Petro entre 2022 y 2026, en un episodio que combina tanto la presión judicial —a través de la decisión cautelar del Consejo de Estado de agosto— como la propia iniciativa política del actual Ejecutivo de revisar y terminar los mecanismos de diálogo, reconocimiento y designación de figuras vinculadas a estructuras armadas ilegales o desmovilizadas que operaron durante décadas en distintas regiones del país.
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