Ministro Rodrigo Lara defiende decreto de protesta: “Ni un derecho menos para quien marcha, ni un espacio más para quien destruye”

Gobierno defiende el decreto que regula la protesta y responde a las críticas de la oposición

Sigue la polémica en Colombia por cuenta del borrador de un decreto que publicó para comentarios el Ministerio del Interior sobre la regulación de la protesta social, que le daría más herramientas a la fuerza pública para actuar en escenarios de violencia y caos. La discusión, que ya lleva varios días en el centro del debate político nacional, enfrenta al Gobierno con sectores de oposición y organizaciones sociales.

La polémica que sigue creciendo

El documento, de 27 páginas, ya se encuentra disponible para comentarios públicos antes de ser expedido formalmente, en un trámite que, según el propio Ministerio del Interior, cumple con el proceso de consulta exigido por la norma.

Qué contempla exactamente el borrador del decreto

Entre los puntos más debatidos del texto está la posibilidad de que la Policía Nacional intervenga sin necesidad de agotar previamente el diálogo cuando se verifique que hay actos de violencia por parte de los manifestantes desde el inicio de la concentración, o cuando se evidencie la presencia de armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. En esos casos, según el borrador, "la obligación del diálogo se entenderá resuelta y no condicionará a los uniformados".

El documento también plantea un "equilibrio constitucional" entre el derecho a la protesta y otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales, al tiempo que fija una distancia mínima de cuatro metros para el dispositivo de acompañamiento policial durante las manifestaciones. Además, crea la figura de un Puesto de Mando Unificado (PMU), que tendría la facultad de evaluar si se agotó el diálogo, decidir sobre las condiciones de intervención de la Fuerza Pública y calificar la gravedad de los bloqueos de vías, y contempla un sistema de alertas tempranas de conflictividad social que administraría el propio Ministerio del Interior.

Apoyos y rechazos: un mapa político dividido

La iniciativa fue rechazada por el Pacto Histórico, que argumentó que podría violar los derechos humanos y anticipó su oposición desde el Congreso. Mientras tanto, sectores políticos aliados del Gobierno, como el Centro Democrático y algunas alcaldías, dieron el visto bueno al proyecto de decreto.

La defensa del ministro Rodrigo Lara

Ante la polémica, se pronunció el ministro Rodrigo Lara: "El Ministerio del Interior subió para comentarios al público un proyecto de modificación del decreto 003 sobre protesta social. El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma".

El equilibrio que plantea el Gobierno

Lara manifestó que la normativa que se plantea busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa: "Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí".

El planteamiento del ministro del Interior es que el diálogo no se cierra con este nuevo decreto: "Sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede".

Quién ejecutaría las acciones de control

Esa actuación, según lo proyectado, quedará en manos de la Policía Nacional y del bloque de su escuadrón antidisturbios, que tendría la responsabilidad de distinguir, sobre el terreno, entre la protesta pacífica y los actos de violencia que, según el Gobierno, justificarían una intervención inmediata.

La respuesta del Pacto Histórico

En contraste, Kevin Gómez, senador del Pacto Histórico, dijo que este borrador sería una amenaza directa a la democracia y al derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política: "Aquí pretenden cambiar las reglas de la protesta modificando el decreto 003 del 2021 para imponer un modelo represivo".

Los señalamientos de Kevin Gómez sobre el fin del diálogo obligatorio

Detalló: "Buscan eliminar el diálogo obligatorio. La fuerza pública ya no tendrá la obligación de agotar la mediación antes de intervenir. Buscan proteger el capital sobre la gente. Usan el artículo 17 para criminalizar marchas cerca de sectores económicos".

Otras voces: respaldo desde sectores locales

Pese a las críticas desde la oposición, el borrador también ha recibido respaldos puntuales desde otros sectores políticos. El exconcejal de Medellín Sebastián López, por ejemplo, salió públicamente a favor del decreto, argumentando que la protesta "es un derecho y hay que protegerlo", en una postura que coincide con el argumento central del Gobierno de que la norma busca, precisamente, blindar el ejercicio legítimo de la protesta frente a quienes la desbordan hacia la violencia.

Lo que sigue en el trámite del decreto

Al tratarse de un documento todavía en fase de comentarios públicos, el texto final del decreto podría sufrir modificaciones antes de su expedición, en un proceso que previsiblemente seguirá generando debate entre el Gobierno, la oposición, organizaciones sociales y sectores académicos en las próximas semanas, mientras se define el alcance definitivo de las nuevas facultades que tendría la Fuerza Pública frente a las manifestaciones en Colombia.