EE. UU. amplía la lista de exfuncionarios del gobierno Petro con visa revocada; ya son cinco los sancionados
La lista incluye a Euclides Torres, Martha Peralta, Edwin Palma, Angie Rodríguez y Juan Carlos Florián; el Departamento de Estado no detalló los motivos individuales.
Esta es la lista de funcionarios del gobierno Petro a los que el Departamento de Estado de EE. UU. les retiró la visa
El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la cancelación de visados para un grupo de ciudadanos colombianos y sus núcleos familiares, en una medida que se conoció este martes y que amplía una serie de sanciones migratorias que Washington ha venido aplicando en las últimas semanas contra figuras vinculadas al gobierno anterior.
El comunicado del Departamento de Estado
De acuerdo con el comunicado emitido por el portavoz Thomas Piggot, la lista de personas cobijadas por la revocatoria de visado en Colombia incluye a varias figuras que ocuparon cargos directivos y de elección popular durante el gobierno de Gustavo Petro. La comunicación oficial detalla los nombres afectados, sin que hasta el momento se hayan precisado públicamente los expedientes o procesos específicos que sustentan cada revocatoria individual.
Las figuras más destacadas: Torres y Peralta
Entre las figuras sancionadas destacan el empresario Euclides Torres —propietario de un conglomerado en los sectores de energía e iluminación— y la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyu, perteneciente al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Ambos nombres ya habían generado atención pública en los días previos: Torres, según el testimonio que Nicolás Petro entregó a la Fiscalía, habría financiado varios de los eventos más importantes de la campaña presidencial de 2022, mientras que Peralta había manifestado públicamente no haber recibido notificación oficial sobre los motivos de la medida en su contra.
Otros tres exfuncionarios en la lista
La lista de personas cobijadas por la revocatoria de visado en Colombia incluye también a los siguientes exfuncionarios:
- Edwin Palma, exministro de Minas y Energía.
- Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
- Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad y Equidad.
Con estos nombres, ya son cinco los funcionarios del gobierno Petro cuya visa fue revocada, un número que ha ido creciendo de manera escalonada en publicaciones sucesivas del Departamento de Estado durante las últimas semanas.
Un patrón que se repite: revocatorias previas a excongresistas
Esta no es la primera vez que Washington aplica este tipo de sanciones a figuras cercanas al gobierno anterior. Días antes, el Departamento de Estado ya había revocado las visas de los excongresistas Andrés Calle y Eduardo Pulgar, ambos involucrados en escándalos de corrupción, lo que sugiere que la medida contra Torres, Peralta, Palma, Rodríguez y Florián se inscribe dentro de una estrategia más amplia y sostenida de Washington frente a figuras señaladas de irregularidades durante la administración Petro.
Alcance internacional: Bolivia, Ecuador y Perú
La medida adoptada por la Administración estadounidense no se limita a Colombia, sino que abarca a personas de otros países firmantes de la alianza regional.
La nómina de sancionados incluye a miembros de otras naciones sudamericanas como Bolivia, Ecuador y Perú, entre los que se encuentran altos mandos policiales, fiscales, empresarios y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, lo que evidencia que se trata de una acción coordinada a nivel regional y no de una medida dirigida exclusivamente contra Colombia.
El origen: la Cumbre de Doral
Esta acción coordinada responde a los acuerdos suscritos durante la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración de líderes de la iniciativa del 22 de septiembre, un encuentro que reunió a distintos gobiernos de la región en torno a una agenda común de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
El plan contempla la aplicación de sanciones conjuntas y restricciones de viaje contra personas señaladas de incurrir en actos que vulneren la gobernanza democrática o la seguridad en el hemisferio, lo que sugiere que este tipo de anuncios podría repetirse en las próximas semanas conforme avancen las investigaciones de los distintos países participantes.
Los criterios del Departamento de Estado para la revocatoria
El Gobierno de Estados Unidos fundamentó la cancelación de las visas en la política de combate contra la corrupción y el crimen organizado en la región.
La normativa restringe el ingreso de ciudadanos extranjeros y sus familias directas cuando se determine que sus actuaciones atentan contra gobiernos democráticos mediante actividades delictivas o narcotráfico, un criterio amplio que, según se desprende del comunicado, permite a Washington actuar sobre distintos perfiles: desde empresarios y exfuncionarios hasta congresistas y magistrados.
Con la publicación de este listado, el Departamento de Estado busca impedir la libre entrada a territorio estadounidense a las personas vinculadas a estas investigaciones, en lo que constituye una herramienta de presión diplomática que no requiere, a diferencia de un proceso penal, una condena previa en el país de origen de la persona sancionada.
Lo que sigue: coordinación financiera y judicial regional
Las autoridades norteamericanas enfatizaron que mantendrán la coordinación financiera y judicial con los países miembros del bloque para hacer efectivas las restricciones establecidas, lo que anticipa que esta lista de sancionados podría seguir creciendo en las próximas semanas, en la medida en que avancen las pesquisas conjuntas entre Washington y los gobiernos de la región que suscribieron los acuerdos de la Cumbre de Doral.
Nota editorial: la revocatoria de visas es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos, que no equivale a una condena judicial en Colombia; los motivos específicos caso por caso no fueron detallados por el Departamento de Estado en su comunicado.