Cristina Lombana liderará bloque de búsqueda contra la corrupción desde la Secretaría de Transparencia
La estrategia también contempla reformar la contratación estatal, reducir el gasto público y coordinar acciones con entidades como la UIAF, la Dian y la Fiscalía.
Así será la cacería contra la corrupción en Colombia: Cristina Lombana liderará "cuerpo élite"
En la Casa de Nariño se diseña el plan para atacar la corrupción en Colombia y Abelardo De La Espriella ya tomó la primera decisión: la magistrada Cristina Lombana, próxima a abandonar su asiento en la Corte Suprema de Justicia, liderará un bloque de búsqueda para poner en evidencia hechos irregulares en la administración pública. La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia con la que el Gobierno busca convertir la lucha contra la corrupción en uno de los pilares centrales de su gestión.
La primera decisión del plan anticorrupción
Lombana tendrá disponible un presupuesto para crear un grupo y articular trabajo con diferentes entidades para perseguir a las personas que estén involucradas en malos manejos de las finanzas del Estado. La designación de una magistrada con trayectoria en la Corte Suprema al frente de este bloque busca dotar a la iniciativa de respaldo técnico y credibilidad institucional desde su arranque.
Un alcance que trasciende el gobierno Petro
Las acciones no solo se espera que sean contra la administración de Gustavo Petro, también sumará otros períodos. Este alcance ampliado sugiere que el bloque de búsqueda no se concebirá como una herramienta dirigida exclusivamente contra el gobierno anterior, sino como un mecanismo permanente de persecución de la corrupción administrativa, independientemente del momento histórico en que se hayan presentado los hechos irregulares.
Inteligencia, análisis financiero y policía judicial
El objetivo es que el bloque de búsqueda pueda usar inteligencia, análisis financiero y policía judicial para identificar y rastrear las conductas ilegales. De igual manera, promover escenarios ante la justicia para que se materialicen extinciones de dominio y se mantenga la persecución de los flujos financieros ilícitos. Este enfoque, que combina herramientas tradicionalmente usadas contra el crimen organizado con mecanismos de fiscalización administrativa, plantea un modelo de trabajo interinstitucional que busca acelerar los tiempos de investigación frente a los que históricamente ha manejado la justicia ordinaria en casos de corrupción.
Un cuerpo élite bajo el despacho presidencial
Este cuerpo élite dependerá directamente del despacho presidencial y la responsable será la magistrada Cristina Lombana desde el próximo 8 de octubre. Se anticipó que ella articulará esfuerzos con la UIAF y la Dian, esquemas de cooperación internacional y el respaldo operativo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Esta dependencia directa de la Presidencia marca una diferencia relevante frente a otros mecanismos de control existentes en el Estado colombiano, que tradicionalmente operan con mayor autonomía institucional.
El objetivo prioritario, en palabras de De La Espriella
En una declaración pública, De La Espriella había manifestado: "Su objetivo prioritario será la identificación integral de las estructuras corruptas, el rastreo estratégico de los fondos comprometidos y el aporte de pruebas contundentes a los organismos judiciales para acelerar la judicialización de los responsables". Las palabras del mandatario dejan ver que el propósito del bloque no es sustituir las funciones de los organismos judiciales existentes, sino servir como un mecanismo de apoyo técnico que agilice los procesos que, posteriormente, deberán resolverse en los despachos de fiscales y jueces.
Más allá del bloque de búsqueda: un nuevo estatuto de contratación
La estrategia anticorrupción del nuevo Gobierno no se agota en el bloque de búsqueda, también se plantea un nuevo estatuto de contratación para actualizar la Ley 80 y "pueda afrontar el uso de la IA, tenga un capítulo de compras para la innovación e introduzca criterios de sostenibilidad ambiental y social". Esta reforma normativa apunta a modernizar el marco legal que rige la contratación estatal en Colombia, vigente desde hace más de tres décadas, y que según el Gobierno ha quedado rezagado frente a las nuevas dinámicas tecnológicas y los riesgos de corrupción asociados a procesos de contratación poco transparentes.
El recorte de gasto como otro eje de la estrategia
De igual manera, se plantea un recorte del gasto cercano al 40 por ciento y crear un Estado austero: "En Colombia tenemos más de 700.000 puestos que sobran, y todos esos espacios abren la puerta a las lógicas de la corrupción, el tráfico de influencias, los 'dedazos' y el desangre de la institucionalidad", comentó en su momento De La Espriella. Esta cifra de recorte de gasto se enmarca dentro de la discusión fiscal más amplia que atraviesa actualmente el país, en medio de las tensiones presupuestales que han llevado al Gobierno a buscar incluso el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional.
Una ofensiva con varios frentes simultáneos
El Gobierno busca convertir la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su administración con medidas que van desde la persecución de los responsables de desfalcos al erario hasta la reforma de la contratación pública y la reducción del gasto estatal. Esta combinación de frentes —judicial, normativo y fiscal— refleja una estrategia que busca atacar la corrupción desde distintos ángulos simultáneamente, en lugar de concentrarse únicamente en la judicialización de casos ya conocidos.
El respaldo con el que ya cuenta en el Congreso
En el Congreso ya cuenta con aliados para tramitar los cambios en las normas, lo que sugiere que, al menos en su fase inicial, la agenda legislativa asociada a esta estrategia anticorrupción no enfrentaría mayores obstáculos políticos para avanzar en su trámite, aunque el alcance real de estas reformas dependerá del desarrollo de los debates en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Representantes en los próximos meses.