Demócratas demandan al gobierno de Trump por presunta interferencia electoral y denuncian intimidación a funcionarios

Organizaciones y legisladores demócratas demandaron al gobierno de Trump, al que acusaron de intentar interferir en la labor de los funcionarios electorales estatales e intimidarlos.

La demanda busca impedir que el gobierno obligue a los estados a depurar los registros de votantes. Según el recurso, esas acciones interfieren con la autoridad constitucional de los estados para organizar y administrar las elecciones. La demanda también sostiene que el gobierno está utilizando afirmaciones falsas sobre fraude electoral para justificar una medida que podría privar del derecho al voto a miles de personas.

"Durante más de una década, el presidente Donald J. Trump ha bombardeado al pueblo estadounidense con mentiras y desinformación sobre las elecciones y el fraude electoral. Aunque esas mentiras han sido refutadas una y otra vez, eso nunca ha disuadido al presidente de emplearlas como pretexto para tomar el control de las elecciones", dice un apartado de la demanda.

La demanda señala que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó haber encontrado a 16.000 personas que no eran ciudadanas estadounidenses en los registros electorales y exigió que fueran retiradas. Finalmente, el DHS redujo la cifra a 185 y luego a cero, después de que funcionarios de Nevada indicaran que todas las personas incluidas en la lista eran en realidad ciudadanas estadounidenses.

"Más grave aún, el gobierno exigió recientemente a California —con solo 48 horas de aviso— que se negara a entregar las papeletas a más de 20.000 votantes registrados o que, si ya habían sido entregadas, las separara y se negara a contarlas", afirma la demanda. "Esa lista también resultó ser notablemente deficiente: en una revisión preliminar de una muestra, el registrador del condado de Los Ángeles encontró que muchos de esos registros ya habían sido cancelados y que más de una cuarta parte de la muestra correspondía a personas que habían indicado un lugar de nacimiento dentro de Estados Unidos, entre muchos otros errores".

Trump ha afirmado repetidamente que un fraude electoral generalizado provocó su derrota en 2020; sin embargo, no ha ganado ninguna de esas reclamaciones en los tribunales. De hecho, se presentaron más de 60 demandas relacionadas con las acusaciones del presidente Trump sobre fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Ninguna fue considerada fundada, aunque algunas fueron atendidas por jueces designados por republicanos, incluido el propio Trump.

Según el Campaign Legal Center: "Las diversas afirmaciones y pruebas que alegaban que las elecciones de 2020 fueron robadas han sido investigadas exhaustivamente, litigadas y consideradas infundadas".

Un caso de alto perfil relacionado con acusaciones de fraude electoral estuvo a punto de llegar a juicio en 2023. Dominion Voting Systems demandó a Fox News por difamación debido a las afirmaciones sobre fraude electoral difundidas por la cadena. En lugar de ir a juicio y demostrar que sus informes sobre un posible fraude tenían fundamento, Fox admitió que había promovido mentiras y acordó pagarle a Dominion 787 millones de dólares.

A pesar de ello, el presidente Trump ha seguido haciendo afirmaciones sin sustento sobre un supuesto fraude relacionado con las elecciones de 2020. La demanda sostiene que los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional han utilizado esas afirmaciones para interferir en asuntos electorales estatales y locales.

"Este patrón de intimidación no se basa en una creencia legítima de que los funcionarios electorales estén incurriendo en conductas indebidas; su propósito es atemorizarlos para que cumplan las exigencias del gobierno de retirar ilegalmente a votantes de los registros", sostiene la demanda.

El gobierno ha afirmado que sus acciones son compatibles con la legislación electoral y que el Departamento de Justicia tiene a su cargo hacer cumplir las leyes electorales federales.

"El Departamento de Justicia hace cumplir la legislación electoral federal y la integridad de las elecciones es una de sus principales prioridades", dijo a Axios un portavoz del Departamento de Justicia.

"Todas las medidas que el Departamento ha adoptado para proteger la integridad de las elecciones de este año tienen fundamento legal y están siendo debatidas en tribunales abiertos al público. Garantizar que solo voten los ciudadanos habilitados y que se cuente cada voto emitido legalmente es un requisito de la ley federal", dijo el Departamento de Justicia a Axios en un comunicado.

En cuanto al caso de California, el Departamento de Justicia afirmó que era plenamente apropiado verificar la ciudadanía de las personas incluidas en los registros electorales.

"Notificamos a California que probablemente había personas que no eran ciudadanas registradas para votar y le pedimos al estado que verificara de manera independiente la ciudadanía de quienes hubieran emitido votos y aparecieran en una lista que le proporcionamos. El estado se negó a hacerlo. La ley federal no permite esta indiferencia deliberada", dijo el Departamento de Justicia a Axios.