S&P Global advierte sobre el nuevo rumbo económico de Colombia: más inversión, pero con riesgos políticos y sociales
La firma destaca el impulso a hidrocarburos, minería y la relación con Estados Unidos, aunque señala obstáculos políticos, fiscales y sociales para atraer capital de largo plazo.
La firma internacional identifica un giro hacia una economía con mayor participación privada, impulso a los sectores de hidrocarburos y minería y un acercamiento a Estados Unidos. Sin embargo, advierte que la conflictividad social, el Congreso y la posibilidad de cambios regulatorios podrían condicionar la llegada de capital de largo plazo.
Colombia atraviesa un cambio en su orientación económica y política que podría modificar las condiciones para la inversión privada durante los próximos años. Así lo señaló S&P Global durante un análisis sobre los riesgos políticos de América Latina, en el que ubicó al país entre las naciones de la región que han girado hacia gobiernos de derecha o centroderecha.
De acuerdo con la firma, el Gobierno de Abelardo De La Espriella está planteando una agenda que busca reducir el peso del Estado en la economía, fortalecer la participación del sector privado y promover sectores como los hidrocarburos y la minería. Sin embargo, la capacidad de convertir esos anuncios en reformas y proyectos concretos dependerá de la relación del Ejecutivo con el Congreso y de su capacidad para manejar eventuales conflictos sociales.
El análisis adquiere especial importancia para los inversionistas debido a que las decisiones de capital, especialmente en sectores como infraestructura, energía y minería, suelen tener horizontes de varias décadas. S&P advierte que, en ese contexto, no basta con conocer las políticas del Gobierno actual: también es necesario evaluar la posibilidad de que futuras administraciones modifiquen las reglas.
Un giro hacia la inversión privada
Según S&P Global, Colombia comparte con otros países latinoamericanos que recientemente cambiaron gobiernos de izquierda por administraciones de derecha o centroderecha una serie de tendencias.
Entre ellas están la búsqueda de un menor peso del Estado en la economía, un mayor protagonismo de la inversión privada, el impulso a los sectores extractivos, políticas de seguridad más fuertes y un mayor acercamiento comercial y diplomático a Estados Unidos.
En el caso colombiano, la firma destacó propuestas del Gobierno relacionadas con la reducción del déficit fiscal mediante recortes del gasto público, posibles reducciones de impuestos para estimular la inversión y una ampliación de las licencias relacionadas con petróleo y gas.
También identificó la intención de establecer mecanismos que incentiven grandes inversiones, siguiendo modelos que han sido implementados en otros países de la región, particularmente Argentina.
Sin embargo, S&P advierte que existe una diferencia importante entre anunciar una transformación económica y contar con la capacidad política para ejecutarla.
El Congreso será una de las principales pruebas
Uno de los factores que podría determinar el avance de la agenda económica será la composición del Congreso.
S&P señaló que varios de los nuevos gobiernos de derecha en América Latina no cuentan con mayorías legislativas suficientes para aprobar por sí solos sus principales reformas. Por esa razón, tendrán que construir acuerdos con diferentes sectores políticos.
Para Colombia, esto significa que propuestas relacionadas con impuestos, gasto público, inversión, sectores extractivos y regulación tendrán que superar un proceso de negociación política antes de convertirse en normas efectivas.
La capacidad del Ejecutivo para construir esas mayorías será determinante para establecer cuánto de su programa económico puede convertirse realmente en política pública.
El riesgo de protestas también preocupa
Otro de los elementos destacados por S&P es la posibilidad de un aumento de la conflictividad social.
La firma considera que medidas como los recortes del gasto público, eventuales reducciones de puestos estatales y la expansión de proyectos de petróleo, gas y minería podrían generar resistencia de diferentes comunidades.
Los proyectos extractivos, en particular, pueden enfrentar oposición local debido a sus efectos sobre los territorios y los recursos naturales. S&P señala que algunos gobiernos de derecha de la región podrían tener mayores dificultades para establecer canales de diálogo con organizaciones sociales que históricamente han mantenido relaciones más cercanas con sectores políticos de izquierda.
Esto introduce un factor adicional de incertidumbre para las empresas que evalúen realizar inversiones en Colombia.
Un proyecto puede contar con respaldo gubernamental y viabilidad económica, pero enfrentar retrasos o mayores costos si aparecen conflictos sociales, consultas, protestas u oposiciones territoriales.
La estabilidad de las reglas será clave para los inversionistas
Uno de los principales mensajes de S&P está relacionado con el horizonte de las inversiones.
La firma recordó que América Latina ha experimentado frecuentes cambios políticos entre gobiernos de izquierda y derecha. En algunos casos, las nuevas administraciones han intentado desmontar o modificar políticas implementadas por sus antecesores.
Para un inversionista que compromete recursos durante 20 o 30 años, esta posibilidad representa un elemento que debe ser incorporado en el análisis de riesgo.
Por eso, aunque un Gobierno pueda ofrecer incentivos para atraer capital, los inversionistas también deben evaluar si esas condiciones pueden mantenerse cuando cambie la administración.
El punto resulta especialmente relevante para sectores como minería, petróleo, gas, infraestructura y energía, donde los proyectos requieren grandes cantidades de capital y periodos prolongados para recuperar la inversión.
S&P ya había advertido sobre las dificultades fiscales
La advertencia sobre el entorno político se suma a las preocupaciones que S&P Global Ratings ya había expresado sobre las finanzas públicas colombianas.
En agosto, la firma señaló que el nuevo Gobierno heredaba una situación fiscal compleja y que existía una incertidumbre significativa sobre su capacidad para aprobar reformas fiscales de suficiente magnitud para corregir el deterioro de las cuentas públicas.
S&P proyectó entonces que, sin medidas correctivas fuertes, el déficit fiscal del Gobierno general permanecería elevado y la deuda pública podría superar el 65 % del PIB en 2028.
Esto significa que la recuperación de la inversión privada no solo aparece como un objetivo de política económica, sino también como un elemento importante dentro del desafío de crecimiento y consolidación fiscal que enfrenta el país.
Estados Unidos gana mayor importancia
El análisis también identifica un posible fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
S&P considera que Colombia está entre los países latinoamericanos que podrían profundizar su acercamiento a Washington. La firma destaca que Estados Unidos continúa siendo un socio comercial fundamental para el país, pese al crecimiento de la participación de China en el comercio regional durante la última década.
El nuevo escenario político podría traducirse en una mayor alineación diplomática y comercial con Estados Unidos, al tiempo que Colombia podría buscar reducir su dependencia estratégica de China.
Este cambio tendría implicaciones no solo políticas, sino también para sectores como comercio exterior, energía, infraestructura, tecnología e inversión extranjera.
¿Qué significa el escenario para Colombia?
La lectura de S&P no plantea únicamente riesgos. También identifica una oportunidad para que Colombia fortalezca la inversión privada y recupere el dinamismo de sectores que pueden aportar crecimiento y generación de empleo.
El Gobierno busca presentar un entorno más favorable para el capital, particularmente en actividades como petróleo, gas, minería y grandes proyectos de inversión.
Pero para que ese cambio se traduzca en nuevas inversiones, será necesario que las empresas perciban reglas claras, estabilidad jurídica y capacidad institucional para ejecutar los proyectos.
El desafío será, precisamente, equilibrar la búsqueda de mayor inversión con la gestión de los conflictos sociales y ambientales que puedan surgir alrededor de los proyectos.
Además, la experiencia latinoamericana muestra que los inversionistas de largo plazo no solo analizan las decisiones del Gobierno de turno. También evalúan la posibilidad de que las políticas cambien después de las próximas elecciones.
Un nuevo escenario para la economía colombiana
El análisis de S&P Global deja a Colombia frente a un escenario de oportunidades y riesgos simultáneos.
Por un lado, el Gobierno de De La Espriella busca reducir la participación estatal en la economía, atraer capital privado, impulsar los hidrocarburos y la minería y fortalecer sus vínculos con Estados Unidos.
Por otro, enfrenta un Congreso en el que deberá negociar sus reformas, posibles protestas derivadas de los ajustes económicos y la oposición a proyectos extractivos, además de la incertidumbre que generan los cambios de gobierno sobre las reglas de inversión.
Para Colombia, el reto será convertir el giro hacia una economía más abierta al capital privado en inversiones reales y sostenibles, sin que la conflictividad social, la incertidumbre regulatoria o la falta de acuerdos políticos terminen frenando los proyectos.
En última instancia, la capacidad del Gobierno para construir consensos y garantizar estabilidad institucional será uno de los factores que determinarán si el nuevo rumbo económico logra traducirse en mayor inversión y crecimiento.