Juez determina que el Departamento de Justicia de Trump despidió ilegalmente a Maurene Comey
El juez Jesse Furman ordenó su reinstalación retroactiva y el pago de salarios adeudados; el Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión
Un juez federal de Nueva York determinó este lunes 26 de octubre que la administración Trump despidió ilegalmente a Maurene Comey, una fiscal de carrera e hija del exdirector del FBI James Comey.
El fallo ordenó su reinstalación retroactiva y el pago de salarios adeudados tras su despido en julio de 2025. La decisión se produjo luego de que Comey demandara al Gobierno para impugnar su salida de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Comey había trabajado allí durante casi una década y estuvo a cargo de importantes procesos penales antes de recibir una notificación inesperada de terminación laboral.
El juez federal de distrito Jesse M. Furman rechazó el argumento de la administración según el cual la autoridad presidencial le permitía eludir las protecciones del servicio civil. También concluyó que las recientes decisiones de la Corte Suprema invocadas por el Gobierno no justificaban desconocer las restricciones legales vigentes.
El despido de Maurene Comey violó las protecciones laborales federales
Comey fue despedida el 16 de julio de 2025. El Departamento de Justicia citó como fundamento el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, que establece las facultades ejecutivas del presidente. Sin embargo, Furman concluyó que esa disposición no anulaba las protecciones laborales federales.
La ley federal faculta al fiscal general para remover a los fiscales federales adjuntos. No obstante, la Ley de Reforma del Servicio Civil establece límites sobre la manera en que puede ejercerse esa potestad.
La administración argumentó que los fiscales federales ejercen facultades ejecutivas delegadas por el presidente y, por tanto, podían ser despedidos sin someterse a esas restricciones legales.
Furman rechazó esa interpretación y citó precedentes de larga data de la Corte Suprema que reconocen la autoridad del Congreso para regular la destitución de ciertos funcionarios federales.
El juez calificó de "sin fundamento" el intento del Gobierno de debilitar ese precedente.
Furman también advirtió que aceptar la interpretación de la administración "alteraría el equilibrio mismo establecido por el sistema constitucional de esta nación".
El juez concluyó que el despido de Comey violó la separación constitucional de poderes, la Ley de Procedimiento Administrativo, sus derechos al debido proceso consagrados en la Quinta Enmienda y otros derechos establecidos por la ley. También determinó que la remoción vulneró las protecciones de la Ley de Reforma del Servicio Civil.
El fallo no impide que el Departamento de Justicia despida a fiscales federales. Establece, en cambio, que el organismo debe cumplir las restricciones y los procedimientos legales aplicables a sus condiciones de empleo.
La demanda de Maurene Comey planteó acusaciones de represalia política
En su demanda, Comey afirmó que fue blanco de una represalia por la relación confrontacional de su padre con el presidente Donald Trump o por las posturas políticas que le atribuían.
James Comey, quien dirigió el FBI, ha sido un blanco frecuente de las críticas de Trump. Su disputa de larga duración formó parte del contexto de las acusaciones de Maurene Comey, aunque no estableció la razón de su despido.
Durante su carrera como fiscal, Maurene Comey trabajó en casos de alto perfil relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como con Sean "Diddy" Combs.
Los documentos judiciales describieron evaluaciones consistentemente positivas sobre su trabajo. El Departamento de Justicia reconoció que su despido no se debió a su desempeño, pese a su historial de calificaciones favorables.
La notificación de terminación laboral citó la autoridad ejecutiva constitucional, no un motivo relacionado con su desempeño o con una medida disciplinaria. Según el fallo, Comey no recibió aviso previo de la decisión ni tuvo la oportunidad de responder.
Sin embargo, Furman no determinó que Trump hubiera ordenado personalmente el despido ni estableció que una represalia política hubiera motivado la decisión. Sus conclusiones se refirieron a la autoridad legal del Gobierno y a su incumplimiento de las protecciones laborales federales.
El juez también dejó pendiente su decisión sobre la demanda de Comey basada en la Primera Enmienda, que planteaba cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y de asociación.
Furman indicó que las medidas de reparación ya concedidas podrían hacer innecesario un análisis adicional de ese reclamo. Ordenó a Comey presentar antes del 9 de noviembre de 2026 sus argumentos sobre por qué no debería ser desestimado.
Ordenan pagar salarios adeudados mientras el Departamento de Justicia prepara la apelación
Furman ordenó la reinstalación retroactiva de Comey y el pago de los salarios adeudados correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de julio y el 20 de diciembre de 2025.
La orden también contempla medidas relacionadas con sus derechos pensionales, los aportes para su jubilación y la corrección de sus registros laborales federales. Comey pasó posteriormente a ejercer en el sector privado y no busca regresar a su antiguo cargo.
El juez aún no ha definido el monto exacto de los salarios adeudados ni si Comey debe recibir el reembolso de los costos legales y los honorarios de sus abogados.
Sus abogados celebraron la decisión y la describieron como una "victoria ganada con esfuerzo" para los servidores públicos y para quienes defienden el Estado de derecho.
El Departamento de Justicia, sin embargo, rechazó el fallo. Un portavoz dijo a CBS News que el organismo no estaba de acuerdo con la decisión y que tenía previsto apelarla.
Por lo tanto, el caso seguirá en disputa ante los tribunales, pese a la conclusión de Furman de que el despido fue ilegal.
El próximo paso programado se refiere a la demanda pendiente de Comey basada en la Primera Enmienda. Las nuevas presentaciones determinarán si ese asunto requiere un fallo separado, mientras siguen pendientes las medidas económicas ordenadas y la apelación anunciada por el Departamento de Justicia.
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