El Gobierno colombiano frena el gasto público y deja al borde de la parálisis a varias entidades del Estado

El primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella dejó una marca concreta en el funcionamiento del Estado colombiano: agencias, ministerios y otros organismos públicos vieron congelados sus recursos económicos, una medida que el Ejecutivo presenta como parte de un ajuste fiscal necesario, pero que ya golpea la operación diaria de decenas de entidades. Cerca de 50.000 contratos quedaron en vilo, según confirmó un alto funcionario del Ministerio de Hacienda que continúa en el cargo desde la administración anterior.

La promesa de campaña de reducir el tamaño del Estado —menos ministerios, menos burocracia— todavía no se tradujo en decisiones concretas. Lo que sí avanzó fue el freno a la ejecución de fondos ya aprobados, en medio de un déficit fiscal creciente y de una transición de gobierno marcada por la desconfianza entre los equipos saliente y entrante, que no llegaron a completar el habitual empalme administrativo.

"Lo más complejo no son los retrasos que hay ahora"

"Lo más complejo no son los retrasos que hay ahora, que son incalculables, sino la dificultad para cerrar el año con los proyectos que habían comenzado a andar y que deben ser ejecutados", dijo el funcionario de Hacienda, que pidió reserva de su nombre.

La dimensión del problema quedó expuesta el 1 de septiembre, cuando el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó ante el Congreso un recorte de $21,9 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación. El funcionario fue directo con los legisladores: "No tenemos cómo pagarlo", dijo, en referencia a un hueco fiscal de $16 billones de pesos que el gobierno anterior había proyectado cubrir con medidas de recaudo que nunca se concretaron.

El campo, sin tierra para comprar

El Ministerio de Agricultura, a cargo del empresario guajiro Indalecio Dangond —tío del cantante Silvestre Dangond—, fue uno de los más afectados. La cartera anunció el recorte de unos 10.000 contratos de prestación de servicios, una reducción de $540.000 millones de pesos en esos pagos, y la suspensión de la compra de tierras destinada al campesinado.

Una funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras, creada justamente para garantizar el acceso a la tierra, señaló que la entidad sufrirá un recorte de al menos el 13% en su presupuesto. "Los procesos de contratación en los territorios están parados. También las visitas a zonas rurales. Dijeron que nos íbamos a dedicar a la titulación de tierras por ahora, pero hay procesos de compra en curso que quedaron estancados", explicó.

Educación, sin blindaje

El sector educativo, tradicionalmente protegido de los recortes presupuestales, tampoco escapó al ajuste. Un contratista que asesoraba a uno de los viceministerios contó que las consecuencias se sintieron desde el 10 de agosto, día en que un terremoto sacudió al país. "No pudimos desplegar a varios equipos a tiempo para revisar daños de las instituciones educativas porque no había autorización para salir a las misiones", relató. Los funcionarios debieron esperar tres días para obtener el permiso.

Según el mismo asesor, hasta la salida de Viviane Morales del ministerio no hubo amenazas de recortes a los contratistas este año: "Siempre dijo que iba a respetar los contratos y que les iba a permitir finalizarlos en diciembre". Sin embargo, tres personas de la entidad confirmaron que el pago de la nómina de agosto se retrasó una semana. "Nunca antes se había congelado todo el dinero de esta cartera, en Salud y Educación siempre nos blindábamos de eso", dijo una de ellas.

Las entidades de paz, a media máquina

La incertidumbre también alcanzó a los organismos creados en el marco del acuerdo de paz. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), responsable del trabajo de campo en cementerios y fosas comunes para esclarecer el destino de las víctimas del conflicto armado, opera con recursos limitados que ralentizan su tarea.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —una de las entidades más señaladas por De la Espriella durante la campaña— enfrenta restricciones similares. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó en una circular interna que el Gobierno aún no expidió el decreto que reglamente el aplazamiento de los recursos. "La disposición del Gobierno implica restricciones en nuevas contrataciones de personas naturales y jurídicas, comisiones de viajes de contratistas y algunos servicios cuyo proceso contractual está en curso", señala el documento.

La versión del Gobierno

Consultado sobre esta situación, el Ministerio de Hacienda sostuvo que recibió del gobierno de Gustavo Petro un presupuesto desfinanciado, y que la decisión responde a esa herencia. Su versión, sin embargo, contradice la de funcionarios de otras carteras: "Se congelaron temporalmente recursos que las entidades aún no habían comprometido, ni ejecutado, para revisar prioridades y ajustar gastos que podían esperar", explicaron desde la cartera.

El ministerio insistió en que la medida es transitoria y que los fondos se liberarán de manera gradual. "No es parálisis del Estado. Es disciplina fiscal para proteger lo esencial, gastar mejor y reducir el déficit", afirmaron.

Un debate de fondo que sigue abierto

El debate de fondo sigue abierto. El presupuesto de 2026 rige por decreto, ante la falta de acuerdo en el Congreso, y persisten las discusiones sobre la inflexibilidad del gasto —los recursos que la Constitución o la ley obligan a apropiar cada año—. También está pendiente el presupuesto de 2027, que el Gobierno busca aumentar sin haber presentado aún la anunciada ley de ajuste fiscal que evitaría que el congelamiento se repita a mitad de año.

De esas discusiones dependerá el rumbo real del ajuste que De la Espriella ondeó como bandera de campaña, en un momento en que el contraste entre el discurso de austeridad y sus efectos concretos sobre la operación diaria de entidades como Agricultura, Educación y los organismos de paz empieza a hacerse visible para funcionarios, contratistas y ciudadanos que dependen de estos servicios estatales.