Defensoría rechaza ataques contra la Fuerza Pública en Cauca y alerta por el riesgo para la población civil

La Defensoría del Pueblo rechazó los ataques contra la Fuerza Pública registrados en los municipios de Cajibío e Inzá, en el departamento del Cauca, y advirtió que estos hechos profundizan el temor y la exposición al riesgo de las comunidades que viven en ambos territorios. A través de una comunicación difundida el 6 de septiembre, la entidad pidió reforzar las medidas de prevención y protección en la región.

El episodio de mayor impacto ocurrió en el corregimiento El Carmelo, jurisdicción de Cajibío, donde fue atacada una subestación de Policía. Como resultado de esta agresión, tres uniformados resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica. La Defensoría expresó su solidaridad con los agentes afectados y manifestó su expectativa de una pronta recuperación.

En el municipio de Inzá, el organismo confirmó un ataque adicional contra unidades del Ejército Nacional. Según la información que conoció la entidad, en este segundo hecho no hubo personas lesionadas, y la situación quedó bajo control de las autoridades competentes.

Un riesgo que va más allá de la Fuerza Pública

La Defensoría sostuvo que estos hechos no afectan únicamente a los integrantes de la Fuerza Pública. Según explicó el organismo, los ataques también elevan la amenaza sobre los habitantes de las zonas rurales y los poblados cercanos a las instalaciones oficiales, donde la población queda expuesta a posibles confrontaciones, explosiones y hostigamientos derivados de este tipo de acciones armadas.

La agresión contra la subestación de Policía de El Carmelo volvió a concentrar la atención sobre la situación de orden público en Cajibío. La información entregada por la Defensoría precisa que los tres agentes heridos fueron trasladados de inmediato para recibir la asistencia médica correspondiente.

La entidad no atribuyó de forma directa esta acción específica a una estructura armada en particular. Sin embargo, recordó que en este municipio existen factores de riesgo previamente identificados, entre ellos los hostigamientos contra la Fuerza Pública y el empleo de artefactos explosivos lanzados desde drones, una modalidad de ataque que se ha vuelto cada vez más frecuente en distintas zonas del departamento del Cauca.

El uso de este tipo de dispositivos ha sido incluido por el organismo dentro de sus advertencias sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Los ataques con drones pueden alcanzar estaciones policiales, unidades militares u otros puntos ubicados cerca de áreas habitadas, lo que amplía considerablemente el peligro para la población civil que reside en estos territorios.

En Inzá, el ataque contra el Ejército no dejó heridos, de acuerdo con el pronunciamiento oficial. La Defensoría precisó que la situación fue controlada por las autoridades, aunque insistió en que este episodio se suma a un escenario de violencia que mantiene bajo presión a las comunidades de esta zona del departamento del Cauca.

Las alertas tempranas ya habían advertido sobre Cajibío

La Defensoría del Pueblo afirmó que los riesgos existentes en Cajibío habían sido comunicados de manera reiterada a las autoridades competentes. Entre los documentos citados por el organismo figuran las Alertas Tempranas 007 y 036 de 2023, así como el Informe de Seguimiento 008 de 2026, correspondiente a la Alerta Temprana 007-23.

En este último reporte, la entidad ya había señalado un empeoramiento de las condiciones de seguridad en la zona, y describió afectaciones concretas sobre la población civil. El documento incluyó, dentro de su análisis de contexto, la ocurrencia de hostigamientos y el uso de explosivos transportados por drones como parte de las dinámicas de violencia que se venían presentando en el municipio.

Las alertas tempranas son mecanismos mediante los cuales la Defensoría del Pueblo identifica riesgos de vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dentro de distintos territorios del país. A partir de estos análisis, el organismo formula recomendaciones específicas, con el fin de que las entidades nacionales, departamentales y municipales adopten respuestas de prevención adecuadas frente a estos riesgos.

La institución recordó que sus advertencias previas buscaban precisamente anticipar los efectos de las dinámicas armadas sobre los habitantes de Cajibío. Según su postura, los nuevos ataques registrados esta semana refuerzan la necesidad urgente de aplicar las medidas recomendadas antes de que se produzcan nuevas afectaciones sobre la población civil de la región.

Un llamado al respeto del derecho internacional humanitario

En su comunicado, la Defensoría hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales que operan en la zona, para que suspendan las acciones que exponen a la población civil a este tipo de riesgos. La entidad también exigió el cumplimiento estricto de las normas del derecho internacional humanitario, con especial énfasis en los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

El principio de distinción obliga a diferenciar claramente entre objetivos militares y población civil dentro de cualquier acción armada. El principio de precaución exige adoptar medidas concretas para evitar o reducir los daños a personas que no participan directamente en las hostilidades. Y el principio de proporcionalidad prohíbe realizar ataques que puedan ocasionar perjuicios excesivos a la población civil, frente a la ventaja militar concreta que se pretenda obtener con dicha acción.

La entidad advirtió de manera explícita que los ataques registrados en Cajibío e Inzá "generan temor y ponen en riesgo a las comunidades que habitan estos territorios". Por esa razón, la Defensoría pidió de manera formal que las estructuras armadas involucradas detengan cualquier acción que pueda seguir afectando a la población civil de la región.

El llamado a las autoridades nacionales

La Defensoría también solicitó a las autoridades nacionales y locales que adopten y fortalezcan las acciones de prevención y protección frente a los riesgos que la propia entidad ha venido señalando de manera reiterada en sus informes. Este pedido abarca específicamente la atención oportuna de las recomendaciones contenidas dentro de las alertas tempranas ya emitidas para el municipio de Cajibío.

El organismo no detalló, dentro de su pronunciamiento, nuevas medidas específicas adoptadas tras los ataques ocurridos el 6 de septiembre. Sin embargo, anunció que mantendrá un monitoreo constante de la situación y el acompañamiento directo a las comunidades de Cajibío e Inzá, mientras persistan las condiciones de riesgo que la propia entidad había identificado previamente en sus advertencias sobre la región.

Un patrón que se repite en el departamento del Cauca

Estos hechos se suman a una serie de ataques similares registrados recientemente en distintos municipios del departamento del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano, donde el uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una modalidad recurrente de agresión contra estaciones de Policía, unidades militares e infraestructura estatal, generando una preocupación creciente por el riesgo que estas acciones representan tanto para la Fuerza Pública como para las comunidades civiles que habitan cerca de estos puntos estratégicos.