El plan del Gobierno para el terremoto se apoya en un programa de alimentación escolar que ya estaba en crisis

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que la Directiva 009 de 2026, expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tras el sismo del 10 de agosto, deja sin resolver riesgos fiscales, sociales y étnico-territoriales que podrían frenar la respuesta educativa en las zonas declaradas en desastre mediante el Decreto 1171 de 2026.

El sismo dejó 1.627 sedes educativas reportadas como afectadas, según cifras oficiales citadas dentro del informe, mientras el propio Ministerio de Educación anunció públicamente una respuesta dirigida a más de 400.000 estudiantes con matrícula afectada por el terremoto.

El LEE advierte, sin embargo, que esta cifra oficial difiere considerablemente de otros cálculos disponibles, que la elevan hasta cerca de 500.000 estudiantes. Esta discrepancia sugiere, según el documento, que la cifra oficial pudo haberse fijado antes de completar por completo la caracterización territorial de la emergencia.

Los tres frentes analizados por el LEE comparten, según el propio informe, una misma advertencia central: la emergencia recae sobre departamentos donde ya existían fragilidades documentadas antes de que ocurriera el sismo, que van desde la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta la disponibilidad de personal de apoyo psicosocial y los protocolos de relación con comunidades étnicas.

Alimentación escolar, un frente que ya fallaba antes del sismo

La Directiva remite a una circular de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para que las entidades territoriales certificadas activen "medidas de contingencia" dentro del programa, contemplando una modalidad industrializada de hasta diez días, y una canasta o bono alimentario en caso de que la afectación se prolongue en el tiempo. El LEE advierte que este mismo lenguaje de "seguimiento y reporte" ya resultó insuficiente en episodios anteriores.

El informe recuerda que la operación del PAE en el departamento de Córdoba estuvo suspendida, con reactivaciones apenas parciales, desde el 30 de mayo de 2023 hasta varios meses de 2024. El departamento del Cesar, por su parte, suspendió el servicio el 31 de octubre de 2023 y no logró reactivarlo antes del cierre del año escolar correspondiente, pese a que la Unidad ya le había asignado $9.765 millones de pesos específicamente para garantizar la continuidad del programa.

El documento cita a la propia Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que reconoce abiertamente que "no presta el servicio directamente": asigna y cofinancia los recursos correspondientes, fija los lineamientos técnicos del programa, hace seguimiento a la operación, y genera alertas para que los organismos de control intervengan cuando resulta necesario.

En enero de 2023, 36 de las 97 entidades territoriales del país ya presentaban alguna alerta relacionada con el inicio tardío de la vigencia escolar, un antecedente que refuerza la preocupación planteada por el informe.

Cauca y Chocó, dos de los departamentos hoy declarados en desastre por el sismo de agosto, están precisamente entre las entidades territoriales que repiten episodios de suspensión del programa en tres o más vigencias distintas, un patrón que el informe atribuye a "problemas estructurales... para sostener procesos de contratación, más que choques coyunturales aislados".

El LEE advierte, además, que la Directiva no fija plazos de cofinanciación acelerada ni consecuencias claras ante un eventual incumplimiento, un vacío que termina dejando a las mismas entidades territoriales sosteniendo la contingencia de la emergencia, sin el respaldo técnico ni financiero necesario para hacerlo de manera adecuada.

Orientadores y salud mental, un sistema con límites estructurales

En el frente social, la Directiva habilita la aplicación de primeros auxilios psicológicos, que "podrán desarrollarse con el apoyo de docentes, docentes orientadores y demás integrantes de la comunidad educativa, en articulación con los sectores, en particular con salud".

El informe sostiene que esta apuesta enfrenta un límite estructural ya conocido: dentro del sistema oficial colombiano existe, en promedio, un orientador escolar por cada 1.840 estudiantes, una proporción que el propio LEE califica de "estructuralmente insuficiente", incluso sin considerar una situación de emergencia.

Esta cifra se agrava considerablemente, añade el documento, en un escenario donde la necesidad de acompañamiento psicosocial se multiplica de manera simultánea en cientos de sedes educativas al mismo tiempo.

Un estudio citado dentro del informe, realizado con cerca de 1.600 preadolescentes de nueve colegios de Bogotá, encontró que la cohesión de grupo predice de mejor manera el desarrollo prosocial de los estudiantes, en comparación con el apoyo individual proveniente de fuentes externas. Este hallazgo es propuesto por el LEE como una palanca adicional frente a la escasez actual de personal de salud mental disponible para atender la emergencia.

La evidencia internacional citada dentro del informe refuerza esta alerta: en Fukushima, un año después del terremoto de 2011, el 15,6% de los adolescentes presentaba síntomas de depresión, y el 18,7% presentaba síntomas de estrés postraumático, pese a que ya se habían aplicado intervenciones en dos ocasiones distintas. En Ishinomaki, por su parte, más de 12.000 niños fueron monitoreados durante casi dos años completos tras el desastre ocurrido en esa región de Japón.

Territorios étnicos, sin ruta definida de concertación

El tercer vacío señalado por el Laboratorio de Economía de la Educación se ubica específicamente en la atención a comunidades indígenas y afrocolombianas de las zonas afectadas por el sismo. La Directiva establece que los tutores del programa Todos a Aprender acompañarán la implementación de estrategias pedagógicas "de acuerdo con su lectura de contexto", y aclara expresamente que su participación "no modifica la naturaleza del programa".

El informe advierte que esta fórmula termina delegando en el criterio individual de cada tutor cualquier fricción que pueda surgir entre el modelo curricular del programa y las lógicas propias de autogobierno educativo de los pueblos indígenas, sin que exista un protocolo de concertación previa con las autoridades étnico-territoriales correspondientes, algo que sí exigen otros programas del sector, como el propio PAE, en aquellos departamentos que cuentan con planes alimentarios indígenas propios.

Cauca, Chocó y Putumayo, tres de los territorios que fueron declarados en desastre tras el sismo, tienen una fuerte presencia de pueblos indígenas con gobierno propio en materia de etnoeducación, así como de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La Directiva declara el "interés superior de niños y adolescentes" como principio rector de toda su estrategia, pero, según el análisis del LEE, su arquitectura operativa no incorpora de forma explícita las lógicas propias de estos territorios étnicos afectados por la emergencia.

Un patrón común: claridad en el "qué", vacío en el "quién" y el "cómo"

El informe concluye que los tres vacíos identificados —el fiscal, el social y el étnico-territorial— comparten un mismo patrón de fondo: la Directiva 009 de 2026 define líneas de acción relativamente claras respecto al "qué" se debe hacer frente a la emergencia educativa, pero deja abierto, sin resolver de manera concreta, el "quién" y el "cómo" se ejecutarán y financiarán efectivamente estas medidas dentro de los territorios afectados.

Esta conclusión resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que los mismos departamentos que hoy enfrentan la emergencia derivada del terremoto —Cauca, Chocó, Putumayo, entre otros— ya arrastraban, antes de que ocurriera el sismo, fragilidades documentadas y recurrentes dentro de su capacidad para sostener servicios educativos esenciales como la alimentación escolar, el acompañamiento psicosocial, y la articulación efectiva con las comunidades étnicas de sus territorios.

Para el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, resolver estos vacíos estructurales resulta tan importante como atender los daños físicos directos causados por el sismo, ya que de lo contrario la respuesta educativa del Gobierno nacional podría terminar reproduciendo, en medio de la emergencia, las mismas fallas que históricamente han afectado a estos territorios en materia de alimentación escolar, salud mental estudiantil y respeto por la autonomía educativa de las comunidades étnicas del país.