75% de las 118.410 hectáreas de oro explotadas en Colombia en 2025 no tiene autorización, revela informe de Minminas y la ONU
El informe de MinMinas y la UNODC identificó 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión, principalmente en Chocó, Antioquia y Bolívar.
Minminas lanza ofensiva para contrarrestar las mafias de explotación ilegal de oro que crece en Colombia
En Colombia, la explotación de oro de aluvión volvió a crecer y alcanzó en 2025 las 118.410 hectáreas con evidencia de esta actividad, 4,5 % más frente a las 113.310 hectáreas registradas un año atrás.
El crecimiento sostenido de la minería ilegal
Del total identificado, 75 % corresponde a explotación ilícita, 21 % cuenta con permisos técnicos y/o ambientales y 4 % se encuentra en tránsito hacia la legalidad.
El dato hace parte del informe de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión en Colombia 2025, elaborado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.
El monitoreo muestra que, después de la reducción observada en 2021 y 2022, la superficie con evidencia de explotación de oro de aluvión en tierra activa comenzó nuevamente a aumentar. En 2023 fueron identificadas 105.060 hectáreas; en 2024 subieron a 113.310 y en 2025 llegaron a 118.410.
Chocó concentra la mayor parte de la explotación
La actividad fue identificada en 15 de los 32 departamentos del país. En el caso de la explotación ilícita, el 82 % se concentra en tres departamentos: Chocó, con 41.493 hectáreas; Antioquia, con 24.282, y Bolívar, con 7.222.
A nivel municipal, diez territorios concentran el 54 % de la explotación clasificada como ilícita. Se trata de Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia; y Ayapel, en Córdoba.
La relación con los territorios colectivos
La distribución también muestra una relación directa con territorios colectivos. Las tierras de comunidades negras concentran el 45 % del total nacional de evidencia de explotación de oro de aluvión y, dentro de estos territorios, Chocó representa el 84 %.
De hecho, la mayor parte del incremento registrado entre 2024 y 2025 ocurrió precisamente allí. El 61 % del aumento, equivalente a 3.096 hectáreas, se presentó en tierras de comunidades negras.
Resguardos indígenas: un aumento del 25%
En los resguardos indígenas, la participación sobre el total nacional es menor, de 0,4 %. Sin embargo, el informe registra un incremento de 25 % entre 2023 y 2025. En ese periodo se encontró evidencia directa o cercana de explotación de oro de aluvión en tierra en 30 resguardos indígenas.
El monitoreo también identificó 215 sectores con alertas de explotación de oro de aluvión en agua sobre 11 ríos de la Amazonía, ubicados en zonas cercanas a 64 resguardos.
La actividad también avanza sobre áreas protegidas
Otro de los datos que recoge el informe está relacionado con las zonas donde la minería no está permitida. Allí se ubican 58.216 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión, equivalentes al 49 % del total nacional.
En esta categoría están incluidas zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales y otras áreas protegidas. De la superficie identificada, 43.048 hectáreas están dentro de la Reserva Forestal del Pacífico.
El reporte también registra un aumento de 153 % entre 2023 y 2025 de la evidencia de explotación de oro de aluvión en tierra dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
El mensaje de la ministra Arboleda
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que los resultados permiten ubicar los territorios donde se concentra la actividad y planteó las acciones que, según el Gobierno, deben desarrollarse a partir de esa información.
"Agradecemos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por un monitoreo que nos muestra con precisión dónde el Estado ha llegado tarde. La evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados", afirmó.
Los tres frentes de la ofensiva gubernamental
Agregó que el Gobierno lanzará una ofensiva con la Fiscalía para realizar extinción de dominio a mafias ilegales para contrarrestar la explotación.
La funcionaria agregó que "aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados".
Oro, grupos armados y cultivos de coca
El informe también cruza la información de explotación de oro de aluvión con la presencia de grupos armados ilegales. En 2025, 118 municipios donde se identificó esta actividad tenían presencia de al menos uno de estos grupos, frente a 114 municipios en 2024.
Esto significa que el 85,6 % de los municipios con evidencia de explotación de oro de aluvión registró, además, presencia de grupos armados ilegales.
El cruce de información también muestra coincidencias con los cultivos de coca. De los 118 municipios con evidencia de explotación de oro de aluvión en 2025, 79 habían registrado cultivos de coca en 2024. La convergencia se presenta principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó.
Una herramienta para orientar decisiones institucionales
Para Amado Philip de Andrés, representante regional de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, el valor del sistema está en orientar las decisiones institucionales.
"EVOA es mucho más que un informe anual o una cifra. Es una herramienta estratégica para conocer, anticipar y responder a fenómenos cada vez más complejos. El desafío es convertir cada vez más la evidencia en decisiones, focalización y acciones concretas en los territorios", señaló.
La información correspondiente a 2025 será utilizada por las entidades estatales para orientar respuestas frente a la explotación de oro de aluvión y atender los impactos ambientales y sociales asociados a esta actividad.