Tras fracasado negocio de Codaltec, Ejército prepara compra de antidrones por $30.000 millones

Fuentes del Ejército Nacional confirmaron a Semana que ya se tienen listos $30.000 millones de pesos para adquirir nuevos sistemas antidrones destinados a regiones críticas como el Catatumbo, en Norte de Santander, uno de los territorios más golpeados por los ataques con drones cargados de explosivos por parte de grupos armados ilegales.

Según las mismas fuentes castrenses, esta adquisición se realiza precisamente en medio del proceso que adelanta Codaltec, empresa del Ministerio de Defensa, para la compra de varios sistemas antidrones destinados a la misma región del Catatumbo, y que hasta la fecha no han logrado funcionar de manera adecuada.

Un contrato de $80.000 millones que sigue sin dar resultados

El origen de este nuevo esfuerzo de compra se remonta a agosto de 2025, cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, emitió una directiva ordenando que todas las adquisiciones de sistemas antidrones para el Ejército debían realizarse a través de Codaltec. Como esta empresa no contaba con capacidad de producción propia para fabricar los equipos, optó por tercerizar la compra a través de un comercializador colombiano, que a su vez ofreció un sistema antidrones de origen australiano.

El contrato, valorado en cerca de $80.000 millones de pesos, contemplaba la adquisición de 19 equipos —tres sistemas fijos y 16 semifijos— específicamente destinados a la región del Catatumbo. El negocio debía estar cerrado y en funcionamiento desde diciembre de 2025, pero un año después, el Ejército sigue sin recibir formalmente los equipos, al no haber superado las pruebas y los requerimientos técnicos exigidos dentro del contrato.

Las fuentes militares consultadas por Semana confirmaron que, por este incumplimiento, ya se adelanta el debido proceso correspondiente para determinar las responsabilidades y buscar la sanción a la que haya lugar contra las partes involucradas en el negocio.

Un duro informe de la Contraloría General

La gestión de Codaltec en este proceso fue cuestionada abiertamente por la Contraloría General de la República, que señaló que la empresa se había convertido en un simple intermediario para adquirir los dispositivos electrónicos, cuando esa no era su función original dentro del proceso. Según el ente de control, "se evidenciaron debilidades estructurales en la planeación, en la verificación de la idoneidad técnica del contratista y en la justificación de la modalidad de contratación interadministrativa seleccionada", lo que terminó comprometiendo la eficacia del contrato.

Como resultado de esta revisión, el resultado fue concluyente: los equipos suministrados no cumplieron con las características técnicas exigidas contractualmente, lo que dio lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra los responsables del negocio.

Una denuncia ante la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial

El propio presidente Abelardo de la Espriella retomó las denuncias reveladas por Semana sobre este contrato y las llevó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, dentro de un paquete más amplio de denuncias por presuntas irregularidades en el sector defensa. Según el Gobierno entrante, el análisis técnico del contrato advirtió posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones de pesos, y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas directamente por el Ejército Nacional.

Una amenaza que no da tregua

La urgencia de esta nueva adquisición resulta especialmente crítica si se tiene en cuenta que los grupos criminales en la región del Catatumbo han intensificado sus acciones terroristas bajo la modalidad de ataques enjambre, una estrategia que consiste en enviar un alto número de drones cargados con explosivos con el fin de generar un gran daño contra los integrantes de la Fuerza Pública, así como contra las bases militares y las estaciones de Policía.

Según cifras conocidas por Semana, en lo corrido del año se han registrado 172 ataques con este tipo de dispositivos en distintas regiones del país, los cuales han ocasionado la muerte de seis militares y cinco civiles, además de dejar 141 personas heridas.

El grupo que inició con esta modalidad de ataques fue el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. La estrategia arrancó precisamente en el departamento del Cauca, donde Mordisco mantiene una amplia injerencia a través de las estructuras conocidas como Jaime Martínez, Dogoberto Ramos y Carlos Patiño, antes de extenderse hacia otras regiones del país, incluido el propio Catatumbo.

Ningún sistema es infalible, pero más equipos fortalecen la respuesta

Las fuentes militares consultadas fueron claras al señalar que, si bien no existe actualmente un sistema antidrones capaz de bloquear por completo este tipo de ataques, contar con más equipos disponibles para contrarrestarlos fortalece la estrategia general de la Fuerza Pública para neutralizar estas acciones criminales.

Por esta razón, el Ejército decidió avanzar con la adquisición de estos nuevos $30.000 millones en sistemas antidrones, sin esperar a que se resuelva por completo el proceso sancionatorio contra Codaltec, en un esfuerzo por dotar cuanto antes a las tropas desplegadas en regiones críticas de herramientas efectivas frente a esta amenaza que ha cambiado por completo el teatro operacional de la guerra contra los grupos armados ilegales en Colombia.

Un caso que continúa bajo la lupa de las autoridades

Con este nuevo capítulo, el escándalo del contrato fallido de Codaltec continúa generando consecuencias dentro del sector defensa colombiano. Mientras las autoridades judiciales avanzan en determinar responsabilidades por el incumplimiento del contrato original de $80.000 millones, el Ejército Nacional se ve obligado a buscar alternativas propias y más ágiles para enfrentar una amenaza que, según las cifras oficiales, no ha dejado de crecer durante los últimos meses en distintas regiones del territorio nacional.