Colombia estrecha su alianza con Israel y reabre el debate sobre el derecho internacional
La apertura de la embajada en Jerusalén y el retiro de un proceso ante la CIJ plantean interrogantes sobre el derecho internacional y la política exterior de Bogotá.
El giro diplomático del Gobierno de Abelardo de la Espriella convirtió a Colombia en uno de los aliados más cercanos de Israel en América Latina. Mientras varios países de la región refuerzan sus vínculos con Jerusalén, las decisiones sobre la embajada, los territorios ocupados y la justicia internacional generan nuevas discusiones jurídicas y políticas.
La relación entre Israel y América Latina atraviesa una etapa de transformación, impulsada por cambios políticos en la región y por el acercamiento de varios gobiernos a Estados Unidos. En este nuevo escenario, Colombia ocupa un lugar destacado tras el giro diplomático del presidente Abelardo de la Espriella, quien restableció las relaciones con Israel, reactivó los vínculos comerciales y ordenó la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén.
El cambio representa una ruptura con la política exterior del anterior Gobierno de Gustavo Petro, que había suspendido las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva militar en Gaza. Con De la Espriella, Bogotá pasó de mantener una postura crítica frente al Gobierno de Benjamín Netanyahu a promover una relación de cooperación más estrecha.
El análisis publicado por EL PAÍS, escrito por Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea una pregunta central: ¿hasta dónde pueden llegar los cambios de orientación diplomática de un Gobierno sin entrar en tensión con las obligaciones jurídicas internacionales de un Estado?
La discusión se produce mientras Israel atraviesa un nuevo escenario político tras las elecciones generales del 27 de octubre, cuyos resultados dejaron al Likud, el partido de Netanyahu, como primera fuerza parlamentaria, pero sin los escaños suficientes para garantizar por sí solo una mayoría de Gobierno.
El giro de Colombia hacia Israel
En apenas tres meses de Gobierno, De la Espriella impulsó varias decisiones que modificaron la posición de Colombia frente al conflicto de Oriente Próximo. El país restableció las relaciones diplomáticas con Israel el 11 de agosto, reactivó el tratado de libre comercio bilateral y abrió su embajada en Jerusalén el 14 de octubre.
Además, en septiembre, Colombia retiró su declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esta decisión modificó la participación colombiana en el proceso, aunque no eliminó las obligaciones internacionales del país en materia de prevención del genocidio, como recuerda el análisis de Cárdenas.
Otro punto de controversia fue el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y cuya anexión no reconoce la gran mayoría de la comunidad internacional.
Estas medidas consolidaron el cambio de rumbo de la política exterior colombiana. Mientras el Gobierno anterior había hecho de la crítica a las acciones israelíes en Gaza uno de sus principales ejes diplomáticos, la administración actual presenta a Israel como un socio estratégico, especialmente en materia de seguridad y cooperación internacional.
La apertura de la embajada en Jerusalén también tiene un significado político particular. La ciudad es reclamada por Israel como su capital, mientras que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado palestino. Por esa razón, numerosos países mantienen sus embajadas en Tel Aviv o sus alrededores y sostienen que el estatus definitivo de Jerusalén debe resolverse mediante negociaciones.
La decisión colombiana se aparta de esa práctica diplomática ampliamente extendida y refuerza la cercanía del Gobierno de De la Espriella con la administración israelí.
América Latina se divide ante el nuevo escenario
El acercamiento colombiano no ocurre de manera aislada. En América Latina, varios gobiernos han fortalecido sus vínculos con Israel en medio de una transformación del mapa político regional.
Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, se ha convertido en uno de los principales aliados latinoamericanos de Netanyahu. Paraguay también mantiene una estrecha relación con Israel y abrió su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024. A estos acercamientos se suman los cambios políticos registrados en países como Chile, Perú y Bolivia, aunque las políticas exteriores de cada Gobierno presentan diferencias.
El artículo de Cárdenas interpreta esta tendencia como parte de un realineamiento regional hacia la derecha y hacia Washington. Para ciertos gobiernos, la relación con Israel no solo representa una alianza diplomática, sino también una señal de afinidad ideológica y estratégica con Estados Unidos.
Sin embargo, América Latina no mantiene una posición uniforme. Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, y México, presidido por Claudia Sheinbaum, han defendido enfoques distintos frente a la guerra en Gaza, con mayor énfasis en los mecanismos multilaterales y las vías jurídicas internacionales.
Esta división refleja dos formas de abordar el conflicto: una que prioriza las alianzas bilaterales y la cooperación estratégica con Israel, y otra que insiste en la presión diplomática, la actuación de organismos internacionales y la búsqueda de mecanismos jurídicos para responder a las consecuencias de la guerra.
En ese contexto, Colombia se ha convertido en uno de los casos más visibles de cambio de orientación diplomática en la región.
¿Qué puede cambiar tras las elecciones en Israel?
Los resultados electorales israelíes abrieron un nuevo periodo de negociación política. Con más del 90 % de los votos escrutados, el Likud obtuvo 26 escaños, pero el bloque de aliados ultraortodoxos y nacionalistas religiosos quedó con 53, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría en la Knéset, el Parlamento unicameral israelí.
La oposición encabezada por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot reunió 48 escaños, mientras que los partidos árabes alcanzaron 19, su mayor representación parlamentaria hasta ahora.
El resultado deja abiertas varias posibilidades para la formación del próximo Gobierno: un Ejecutivo minoritario, una gran coalición o la convocatoria de nuevas elecciones. Mientras se define el escenario, Netanyahu continúa en funciones.
Para Cárdenas, un eventual cambio de primer ministro no implicaría necesariamente una transformación profunda de la política exterior israelí. Las decisiones sobre las alianzas internacionales, la seguridad y el conflicto palestino podrían mantener una continuidad significativa, incluso si cambia el liderazgo del Gobierno.
Lo que sí podría modificarse, según el análisis, sería el tono de las relaciones entre Israel, Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos que han estrechado sus vínculos con Netanyahu. Una relación menos dependiente de afinidades personales y más sustentada en instituciones estatales podría ofrecer una base diplomática más estable.
El planteamiento introduce una distinción relevante: mantener relaciones con el Estado de Israel no significa respaldar automáticamente todas las decisiones de su Gobierno. Desde esa perspectiva, la cooperación bilateral puede coexistir con el cuestionamiento de medidas que entren en conflicto con el derecho internacional.
Jerusalén y los territorios ocupados: el centro de la discusión jurídica
Uno de los puntos más sensibles del giro diplomático colombiano es el traslado de su embajada a Jerusalén. El debate no se limita a una decisión administrativa, pues está relacionado con el estatus internacional de la ciudad y con el conflicto territorial entre israelíes y palestinos.
La Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada en 1980, rechazó las medidas israelíes destinadas a alterar el carácter y el estatus de Jerusalén y pidió a los Estados con misiones diplomáticas en la ciudad que las retiraran. Posteriormente, la Resolución 2334 de 2016 reiteró que los Estados deben distinguir, en sus relaciones, entre el territorio de Israel y los territorios ocupados desde 1967.
En 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas también declaró que las decisiones destinadas a modificar el estatus de Jerusalén carecían de efecto jurídico.
El análisis de Cárdenas señala que existen discusiones sobre el alcance de algunas de estas resoluciones y sobre las implicaciones específicas de ubicar una embajada en Jerusalén Occidental. Sin embargo, advierte que los Estados deben considerar las consecuencias jurídicas de sus decisiones y evitar que estas impliquen reconocer como lícitas situaciones derivadas de la ocupación de territorios palestinos.
En su opinión, el criterio fundamental es que las relaciones diplomáticas no deben utilizarse para legitimar situaciones que el derecho internacional considera ilícitas. Por ello, los países que mantienen o trasladan sus embajadas a Jerusalén deben evaluar cuidadosamente el alcance de sus actos y sus posibles efectos sobre el reconocimiento territorial.
La controversia demuestra que una decisión de política exterior puede tener repercusiones que van más allá de la relación bilateral entre dos gobiernos.
La Corte Penal Internacional y las obligaciones de los Estados
Otro de los ejes del análisis es el papel de la justicia penal internacional. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, en relación con la situación en Palestina. Las órdenes se mantienen vigentes, mientras continúan las controversias jurídicas relacionadas con la jurisdicción de la Corte.
La Corte también había emitido una orden contra Mohammed Deif, dirigente militar de Hamás, que posteriormente fue retirada tras confirmarse su muerte.
Estas decisiones son relevantes para los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, entre ellos Colombia, porque el tratado establece obligaciones de cooperación con la Corte. Su cumplimiento plantea interrogantes sobre la forma en que los gobiernos deben actuar ante personas sujetas a órdenes de detención internacionales.
Cárdenas subraya que la responsabilidad penal internacional es individual y puede alcanzar tanto a dirigentes estatales como a integrantes de grupos armados. Desde esta perspectiva, las alianzas diplomáticas no eliminan las obligaciones legales que corresponden a los Estados miembros.
El asunto es especialmente sensible para los gobiernos latinoamericanos que han reforzado sus vínculos con Israel. La cercanía política no los exime de analizar sus responsabilidades jurídicas ni de cumplir los compromisos internacionales que hayan asumido.
El retiro de Colombia del proceso ante la Corte Internacional de Justicia
La decisión colombiana de retirar su declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia también forma parte de la controversia.
La intervención permitía a Colombia participar en el procedimiento conforme a las reglas aplicables, en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Su retiro modifica la posición procesal del país, pero no supone la desaparición de sus obligaciones derivadas de esa convención.
Los compromisos internacionales de prevención y sanción del genocidio no dependen exclusivamente de la participación de un Estado en un procedimiento judicial concreto.
Esta distinción es importante porque separa las decisiones diplomáticas y procesales de las obligaciones que siguen vigentes para los países. Un Gobierno puede modificar su estrategia internacional, pero no por ello quedan anulados los tratados que ha ratificado ni los deberes que estos establecen.
La discusión también evidencia la tensión que puede surgir entre la libertad de los Estados para definir su política exterior y la obligación de respetar las normas internacionales.
El derecho internacional frente a los cambios políticos
La principal conclusión del análisis de Fabián Cárdenas es que las alianzas internacionales pueden cambiar con cada elección, pero las obligaciones jurídicas de los Estados no desaparecen con la llegada de un nuevo Gobierno.
El acercamiento de Colombia a Israel, al igual que los cambios registrados en otros países de América Latina, muestra cómo la orientación ideológica de los mandatarios puede influir en las relaciones diplomáticas. No obstante, el reconocimiento territorial, la cooperación con los tribunales internacionales y la prevención de crímenes graves están sujetos a marcos jurídicos que no dependen únicamente de las preferencias políticas de los gobernantes.
En este escenario, Colombia enfrenta el desafío de fortalecer su relación bilateral con Israel y, al mismo tiempo, evaluar las implicaciones de sus decisiones frente a los tratados internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos y justicia internacional.
El debate no se limita a determinar qué gobiernos son aliados de Israel o cuáles mantienen una postura crítica. También plantea cómo pueden los Estados defender sus intereses estratégicos sin desconocer los compromisos jurídicos que han aceptado.
La relación entre Israel y América Latina seguirá dependiendo de los cambios políticos, las prioridades de seguridad y los intereses diplomáticos de cada país. Pero, como advierte Cárdenas, la protección de los derechos de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional deben mantenerse como criterios independientes de las afinidades entre gobiernos.