Corrupción en la UNGRD: Luis Carlos Barreto pide traslado especial mientras se define en septiembre el futuro de su colaboración con la Fiscalía

Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reiteró su petición para ser trasladado a un centro de reclusión especial. La solicitud se conoce mientras están pendientes dos decisiones judiciales que definirán el futuro de su colaboración con la Fiscalía como uno de los testigos clave del escándalo de corrupción de la entidad.

"Me encuentro en un sitio de reclusión en Ibagué; me trasladaron de la cárcel Modelo. Resulta y pasa que, por mi condición, yo debo estar en un sitio de reclusión especial", señaló Barreto Gantiva ante la jueza que lleva su caso, según registró Semana. El exfuncionario explicó que actualmente permanece en un patio de sindicados por delitos comunes, una situación que su defensa considera inadecuada para un testigo colaborador vinculado a múltiples procesos judiciales en curso. Hasta el momento, ni el Inpec ni el juzgado se han pronunciado públicamente sobre esta solicitud específica de traslado.

Cómo llegó a ser testigo: una cronología breve

Barreto llegó a prisión en septiembre de 2024, señalado por la Fiscalía de integrar, junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, una organización que habría comprometido recursos por más de 228.000 millones de pesos dentro de la UNGRD. Según reveló en su momento el propio López, Barreto y el abogado Édgar Riveros habrían intentado sobornar a Pinilla con 13.000 millones de pesos para que no declarara en su contra.

En abril de 2025, un juzgado de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía le concedió a Barreto por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. A cambio, se comprometió a colaborar en la desarticulación de la organización y a actuar como testigo de cargo en al menos 16 procesos penales relacionados con el caso.

Dos decisiones judiciales distintas en septiembre de 2026

Es importante distinguir dos procesos separados que se resuelven este mes. El primero es un preacuerdo independiente, distinto del principio de oportunidad, mediante el cual Barreto aceptó una pena específica de 4 años, 9 meses y 15 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en la actuación penal. La decisión sobre este preacuerdo está prevista para el 22 de septiembre de 2026.

El segundo es la prórroga del propio principio de oportunidad, vigente desde hace aproximadamente un año y medio. Esa decisión, que determinará si Barreto continúa bajo la figura de colaborador de la justicia, quedó fijada para el 29 de septiembre de 2026. Según ha explicado la Fiscalía ante la jueza del caso, la colaboración del exfuncionario ha permitido avances en la judicialización de otros integrantes de la organización investigada, entre ellos el propio Olmedo López, quien ya se allanó a los cargos en su contra.

El caso pendiente contra César Manrique Soacha

Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la declaración de Barreto ha sido clave para el proceso contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, que permanece prófugo. La Fiscalía señala —como hipótesis de su investigación, sin que corresponda aún a un hecho judicialmente establecido contra Manrique, quien no ha sido condenado— que Barreto y Manrique habrían gestionado la reducción de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por cerca de 100.000 millones de pesos (otras fuentes citan la cifra de $101.584 millones), a cambio de direccionar la contratación derivada de esos recursos.

Un caso con otros frentes activos

El expediente de la UNGRD mantiene además otros procesos abiertos en paralelo. Esta misma semana, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó y prorrogó la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), también señalado dentro del mismo entramado, aunque la medida de aseguramiento en su contra sigue sin poder hacerse efectiva por encontrarse prófugo.

Lo que sigue sin resolverse

Hasta la fecha de esta nota, no hay pronunciamiento público del Inpec ni del juzgado sobre la solicitud específica de Barreto de ser trasladado a un centro especial para funcionarios públicos. Tampoco se conoce un desglose documental público de los contratos y montos exactos que sustentan cada uno de los 16 procesos en los que Barreto figura como testigo. Este medio hará seguimiento a ambas decisiones judiciales —la del 22 y la del 29 de septiembre de 2026— en la medida en que se conozca información oficial verificable.