De la Espriella firma la Resolución 391 de 2026 y revoca a los negociadores del Gobierno en la mesa con el ELN

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el pasado miércoles 9 de septiembre de 2026 la Resolución Ejecutiva 391, mediante la cual revocó la designación de los representantes del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El acto administrativo, según su propio texto citado por distintos medios, se fundamenta en las atribuciones constitucionales y legales que tiene el presidente para la preservación del orden público y la dirección de los procesos de paz.

Qué dice exactamente la resolución sobre la mesa con el ELN

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la propia Resolución 391, la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN fue instalada en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro. El texto oficial señala que, desde febrero de 2024, se produjo un deterioro progresivo de la confianza en el proceso, después de que el propio ELN expresara de manera unilateral su decisión de congelar las conversaciones. Aunque durante 2024 se realizaron reuniones extraordinarias para intentar superar esa crisis, la mesa permanecía formalmente suspendida desde enero de 2025, un dato que resulta relevante: la revocatoria firmada ahora no cierra una negociación activa, sino que retira a los delegados de un espacio que ya estaba congelado hace más de un año y medio.

La jefa negociadora del Gobierno para esta mesa era Vera Grabe, exsenadora y exintegrante del M-19, mientras que la delegación incluía, entre otros, al senador Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro y el dirigente gremial José Félix Lafaurie.

El anuncio presidencial y los negociadores mencionados

En el video con el que acompañó su anuncio del viernes 11 de septiembre, De la Espriella explicó que la decisión se tomó tras una revisión de pagos y contratos asociados al proceso. "Y sigue uno encontrando sorpresas, despilfarro", afirmó el mandatario. En esa misma intervención, mencionó por nombre a varios negociadores cuya designación dijo haber revocado en las mesas de la Paz Total en su conjunto: "Aquí, algunos de esos negociadores que hoy estoy revocando, como el doctor Parmenio Cuéllar Bastidas, como Álvaro Jiménez Millán, como Feliciano Valencia, como Gloria Cecilia Quiceno, les pagaron $7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte", declaró.

Es importante precisar, según el propio texto oficial citado por La Silla Vacía, que esta cifra de $7.000 millones corresponde específicamente a honorarios de voceros, representantes y negociadores durante el cuatrienio anterior, y no incluye los gastos adicionales en esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación temporal y otros rubros que también se cubrieron con recursos públicos durante ese periodo. Hasta el cierre de esta nota, ni el ELN ni los negociadores mencionados por el presidente se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones ni sobre su revocatoria.

Un desmonte que se extiende a varias estructuras armadas

La resolución sobre el ELN no es un hecho aislado. Ese mismo 9 de septiembre, el Gobierno expidió también la Resolución 390 de 2026, que revocó a los representantes en el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Estas dos resoluciones se suman a otras nueve expedidas el 28 de agosto de 2026, que habían puesto fin a mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes —vinculado a los frentes que responden a los comandantes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes—, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (que integra los Comandos de la Frontera) y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. También se cerraron los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como Los Pachenca, y con estructuras criminales que operaban en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Según se ha reportado, el conjunto de decisiones también levantó la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.

"Los criminales no tendrán estatus político"

De la Espriella presentó el conjunto de estas decisiones bajo la consigna "Se acabó la falsa paz", publicada en su cuenta de X según registró la agencia EFE. En su declaración pública, sostuvo: "En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad", y definió como alternativa para los integrantes de estas organizaciones el sometimiento a la justicia o "enfrentar toda la fuerza legítima de la República". El mandatario también afirmó, en el mismo pronunciamiento: "La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales".

Voces críticas: el caso de los desmovilizados de la Cneb

No todas las reacciones han sido de respaldo. El exjefe negociador Armando Novoa cuestionó específicamente la condición impuesta por el Gobierno sobre el reintegro a la sociedad de los 99 desmovilizados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, a quienes calificó como un retroceso frente a los avances logrados durante las negociaciones previas con esa estructura.

Lo que está pendiente de verificar

Varios elementos de este proceso siguen sin una confirmación independiente disponible públicamente hasta el momento: el desglose contractual detallado de los $7.000 millones (contratos específicos, fechas de ejecución y beneficiarios individuales), la respuesta formal del ELN ante el cierre de una mesa que la propia guerrilla ya había congelado desde 2024, y la posición de los negociadores señalados por nombre por el presidente. Este medio continuará el seguimiento de estos puntos a medida que se conozca información adicional verificable.

Con este conjunto de resoluciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella completa, en su primer mes de gestión, el desmonte formal de todos los espacios de diálogo heredados de la política de Paz Total impulsada por Gustavo Petro entre 2022 y 2026.