Crisis educativa en Costa Rica: miles marchan contra histórico recorte de US$17,6 millones a universidades
La medida reduciría los recursos de las universidades públicas del país, mientras otras propuestas amenazan los presupuestos operativos, las becas y las sedes regionales.
- Una comisión legislativa costarricense aprobó el 20 de octubre de 2026 una reducción de ₡8.048 millones (US$17,6 millones) al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El presupuesto pasó a la Asamblea Legislativa para su votación definitiva y la decisión provocó la mayor protesta universitaria del país en años.
- Cada una de las cuatro universidades públicas más grandes —UCR, UNA, TEC y UNED— perdería aproximadamente ₡1.899 millones, mientras que otras dos mociones legislativas amenazan con recortar ₡10.000 millones adicionales de los presupuestos operativos y de programas académicos, entre ellos las ferias científicas y las olimpiadas de matemáticas.
- Estudiantes, sindicalistas y directivos universitarios advirtieron que las reducciones eliminarían becas para miles de estudiantes y obligarían a cerrar sedes regionales que atienden a costarricenses alejados de la capital.
Las calles de San José no veían una movilización semejante desde hacía años. Desde las 9 de la mañana del 20 de octubre, una multitud de estudiantes, profesores, sindicalistas y activistas sociales recorrió la capital costarricense desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hasta la Asamblea Legislativa. Su objetivo era rechazar una decisión presupuestal que, según advirtieron, podría fracturar de manera permanente el sistema de educación superior pública del país.
El centro de la disputa era un recorte de US$17,6 millones —₡8.048 millones— al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), principal mecanismo de financiación de las cinco universidades estatales de Costa Rica. La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la reducción el 20 de octubre y remitió el presupuesto al pleno de la Asamblea Legislativa, que deberá votarlo antes de finalizar el año.
Un fondo bajo presión constante
La marcha, denominada oficialmente "Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación", fue organizada por el CONARE —Consejo Nacional de Rectores—, que representa a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Las federaciones estudiantiles y una amplia coalición de sindicatos también se sumaron a la movilización.
Para cada una de las cuatro universidades más grandes, la reducción del FEES se traduce en aproximadamente ₡1.899 millones menos. Además del recorte principal, las mociones legislativas 104 y 105 buscan retirar otros ₡10.000 millones de los presupuestos operativos universitarios. Entre los programas señalados están las ferias científicas y las olimpiadas de matemáticas de la UCR.
Becas y sedes regionales, en riesgo
La mayor preocupación de manifestantes y autoridades era el impacto sobre los estudiantes de las regiones periféricas de Costa Rica. Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE para 2026, describió la marcha como una defensa del acceso a la educación de los costarricenses que viven fuera de la capital y dependen de las sedes regionales para poder acceder a la educación superior.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica lanzó la advertencia más contundente. Su rectora, María Estrada Sánchez, les dijo a los legisladores que, sin una financiación adecuada, la institución se vería obligada a evaluar el cierre de su sede en Limón. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, calificó esa posibilidad de "extorsión política", acusación que el TEC rechazó públicamente y que profundizó la confrontación entre la administración Fernández y el sistema universitario.
El rector de la UCR, Carlos Araya, fue más allá y declaró inconstitucional el recorte, al considerar que modifica la distribución del FEES acordada previamente en la Comisión de Enlace, el órgano formal de negociación mediante el cual el Gobierno y las universidades públicas alcanzan acuerdos presupuestales vinculantes.
"Las universidades públicas sostienen a este país"
Las voces estudiantiles marcaron el tono de la marcha. Mariel Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, fue tajante al hablar con los periodistas: "Invertir en educación es la manera de resolver la crisis de seguridad; invertir en educación es la manera de resolver la crisis de salud. Las universidades públicas sostienen a este país y seguirán haciéndolo".
María Carballo, estudiante de la UCR y de la Universidad Nacional, rechazó cualquier insinuación de que los manifestantes estuvieran haciendo exigencias desproporcionadas. Quienes llenaron las calles, sostuvo, defendían derechos fundamentales, no privilegios, y la magnitud de los recortes actuales no tenía precedentes en anteriores ciclos de austeridad.
La Universidad de Costa Rica autorizó a todos sus estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la marcha y suspendió las evaluaciones académicas entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. La decisión mostró hasta qué punto la oposición a los recortes se extendía por toda la institución. Las pancartas a lo largo del recorrido reflejaron directamente el ánimo de la protesta: "No somos un gasto que se pueda recortar", decía una. Otra advertía que la paciencia del pueblo también había llegado al límite.
La resistencia continúa
El rechazo se prolongó después del 20 de octubre. El 2 de noviembre, estudiantes universitarios volvieron a reunirse en la Plaza de la Democracia para respaldar a los legisladores de oposición que combaten las reducciones y anunciaron que las movilizaciones continuarían hasta que los recortes fueran revertidos.
Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de la bancada del PLN, se comprometió a mantener la oposición de su partido a los recortes. La presión ciudadana y política acumulada convirtió el conflicto en una de las primeras y más importantes pruebas para la presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo el 9 de mayo y respaldó desde el comienzo un crecimiento cero del FEES en el presupuesto nacional de 2027. Críticos de distintos sectores describen ahora el enfrentamiento como un desafío directo al contrato social democrático que Costa Rica ha construido históricamente alrededor de la educación pública.
Lo que comenzó como una partida presupuestal se convirtió en algo más amplio: un debate sobre el tipo de país que Costa Rica quiere ser.
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