Las inversiones empresariales de Trump encuentran inesperados aliados entre los demócratas

La creciente cartera de inversiones corporativas del presidente Donald Trump está encontrando algunos admiradores inesperados entre los demócratas. Varias figuras destacadas analizan si el Gobierno federal debería adquirir participaciones en empresas privadas para impulsar sus propias prioridades económicas.

La administración ha anunciado inversiones y acuerdos financieros por más de 30.000 millones de dólares con cerca de 50 empresas, entre ellas el fabricante de semiconductores Intel y productores de minerales críticos. Aunque los demócratas han cuestionado cómo se negociaron esos acuerdos, algunos consideran que el mismo enfoque podría servir para respaldar la energía limpia, la manufactura nacional y otras industrias.

El debate cobró fuerza después de las elecciones legislativas de mitad de periodo del 3 de noviembre, que les dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso. Sus nuevas mayorías tendrán más capacidad para examinar los acuerdos corporativos de Trump, mientras algunas figuras del partido evalúan si vale la pena conservar la estrategia de inversión que los sustenta.

Según Axios, la exsecretaria de Energía Jennifer Granholm está entre quienes consideran viable que el Gobierno adquiera pequeñas participaciones en empresas privadas.

Granholm, quien ocupó el cargo durante la presidencia de Joe Biden, dijo el mes pasado en una reunión de expertos en energía y cambio climático en Berkeley, California, que el enfoque de Trump había ampliado las posibilidades de la política industrial federal. Posteriormente declaró a Axios que podrían considerarse participaciones estatales cuando la seguridad nacional o la capacidad de Estados Unidos para competir internacionalmente justificaran la inversión.

El senador por Maryland Chris Van Hollen también ha expresado apertura a que el Gobierno federal adquiera participaciones, aunque ha cuestionado la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los acuerdos de Trump, según Semafor.

Su interés representa un giro notable en un debate de política pública que tradicionalmente ha dividido a los legisladores sobre hasta dónde debería intervenir Washington en los mercados privados.

El Gobierno federal ha apoyado durante décadas a determinadas industrias mediante subsidios, créditos tributarios y préstamos. Adquirir una participación directa va más allá: les da a los contribuyentes un interés financiero en el desempeño de una empresa, en lugar de limitarse a proporcionarle financiación.

Trump ha favorecido cada vez más ese enfoque para empresas consideradas importantes para la seguridad nacional, la manufactura estadounidense y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Uno de los mayores ejemplos se produjo en agosto de 2025, cuando el Gobierno acordó adquirir una participación del 9,9 % en Intel mediante una operación de 8.900 millones de dólares.

Según el acuerdo anunciado por Intel, Washington recibiría aproximadamente 433,3 millones de acciones a 20,47 dólares cada una. La inversión se financió con recursos federales asignados previamente en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia y del programa Secure Enclave.

En lugar de entregar todo el dinero como subsidios, el acuerdo le otorgó al Gobierno una participación en el fabricante estadounidense de chips, lo que permitiría a los contribuyentes beneficiarse financieramente si aumentara el valor de las acciones de Intel.

La participación se estructuró como una inversión pasiva: Washington no tendría un puesto en la junta directiva de Intel ni derechos ordinarios de gobierno corporativo. Intel afirmó que el acuerdo respaldaría su expansión de la fabricación de semiconductores en Estados Unidos y fortalecería las cadenas nacionales de suministro tecnológico.

La administración ha impulsado acuerdos financieros similares relacionados con minerales críticos, energía y otras industrias estratégicas, aunque la estructura varía de una empresa a otra.

Algunos acuerdos contemplan la propiedad de acciones, mientras que otros incluyen warrants que podrían permitirle al Gobierno adquirir acciones posteriormente. La cifra de 30.000 millones de dólares corresponde a acuerdos anunciados y no debe interpretarse como dinero ya desembolsado en compras de acciones concretadas.

Un análisis de Axios publicado en enero concluyó que las empresas que cotizan en bolsa y que participaron en varios de los primeros acuerdos de inversión de la administración habían registrado importantes alzas en el precio de sus acciones después de los anuncios.

Ese desempeño ha puesto la atención sobre los posibles retornos financieros para el Gobierno, aunque el aumento de los precios de las acciones no demuestra que todas las inversiones vayan a ser rentables ni que la participación federal haya sido por sí sola la causa de las ganancias.

No todos los integrantes del Partido Demócrata están convencidos de que la propiedad directa sea el camino adecuado. El representante por Illinois Sean Casten ha sostenido que Washington necesita una estrategia industrial más activa para competir con países como China, pero ha advertido sobre los riesgos de que el Gobierno sea propietario de empresas.

Durante un evento en la Universidad de Chicago, Casten cuestionó la reticencia histórica del país a considerar una política industrial y, al mismo tiempo, expresó reservas frente a la posibilidad de que el Gobierno se convierta en accionista de empresas privadas.

Sus preocupaciones reflejan un debate más amplio sobre si las decisiones de inversión federal podrían favorecer a empresas con conexiones políticas, distorsionar la competencia o exponer a los contribuyentes a pérdidas financieras.

Esas preguntas ya ocupan un lugar central en los planes demócratas de control legislativo. The Washington Post informó que legisladores demócratas preparaban investigaciones sobre las relaciones entre grandes corporaciones y la administración Trump, incluido si algunas empresas se beneficiaron de contratos gubernamentales, acuerdos de inversión o decisiones regulatorias.

La administración ha defendido sus acuerdos como operaciones voluntarias destinadas a fortalecer la industria estadounidense y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

Para los demócratas interesados en una versión diferente de la política, la energía limpia y la infraestructura eléctrica están entre las áreas que se analizan.

Sus defensores sostienen que el Gobierno podría aportar capital de largo plazo a proyectos estratégicos que son difíciles de financiar por completo a través de los mercados privados. Una participación accionaria también podría darles a los contribuyentes una parte de las eventuales ganancias financieras.

Los críticos argumentan que esas inversiones generan riesgos cuando funcionarios elegidos influyen en qué empresas reciben apoyo federal, particularmente si no se hacen públicos los términos de los acuerdos o los criterios para escoger a los beneficiarios.

La propiedad estatal no es nueva en Estados Unidos. Washington adquirió participaciones importantes en bancos y fabricantes de automóviles durante la crisis financiera de 2008, aunque esas inversiones buscaban principalmente estabilizar empresas en dificultades, no respaldar determinadas industrias a largo plazo.

Semafor informó en octubre que algunos demócratas ya discutían cómo podría utilizarse la propiedad federal para respaldar sus propias prioridades económicas, incluida la energía limpia y otras industrias.

Pero no hay consenso dentro del partido para adoptar el enfoque de Trump. Mientras figuras como Jennifer Granholm y Chris Van Hollen han mostrado interés en las participaciones estatales, otras, entre ellas el representante Sean Casten, han cuestionado los riesgos de que Washington sea dueño de acciones en empresas privadas.