La Casa Blanca y un fiscal advierten a los demócratas por investigaciones anunciadas

La Casa Blanca advirtió al demócrata que previsiblemente dirigirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo año que las investigaciones anunciadas por su partido contra la administración Trump podrían constituir conductas delictivas, según una carta divulgada el miércoles. El abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, le escribió al representante Robert Garcia, de California, que las amenazas contra funcionarios del Ejecutivo o los procedimientos legales diseñados únicamente para abusar de sus destinatarios o intimidarlos "podrían cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante".

El enfrentamiento se amplió en menos de un día. El miércoles, el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, envió al senador Richard Blumenthal, de Connecticut, una exigencia para que preservara los documentos relacionados con su investigación sobre los donantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca. El jueves, el presidente Donald Trump escribió que los demócratas estaban amenazando ilegalmente a los republicanos con acusaciones y cargos que sabían que eran falsos.

La carta, de tres páginas, está fechada el lunes. Scharf escribió que la Casa Blanca está "vigilando las amenazas abusivas y arbitrarias que ahora proliferan entre los legisladores demócratas" y explicó que le escribía a Garcia para recordarle los límites constitucionales de las investigaciones del Congreso, que, según dijo, Garcia y los integrantes del Congreso entrante han mostrado una clara intención de transgredir. Añadió que "emitir citaciones ilegales con la intención de privar a los ciudadanos de sus derechos y prerrogativas constitucionales podría justificar una investigación adicional".

La carta cita declaraciones públicas de demócratas desde las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el partido obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso. La noche electoral, Garcia dirigió a la administración un mensaje de dos palabras: "Contraten abogados". La carta también se refiere a una futura representante demócrata que dijo que quería ver al secretario de Defensa, Pete Hegseth, "retorcerse". Scharf sostuvo que las solicitudes motivadas por objetivos de ese tipo carecerían de un propósito legislativo legítimo, el criterio que el Ejecutivo suele invocar para rechazar las exigencias del Congreso.

La carta califica de "bastante escandalosas" las declaraciones de Garcia. Además del mensaje de la noche electoral, menciona su respuesta cuando el presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió antes de las elecciones que los demócratas irían contra el presidente, su familia, su gabinete, los donantes del partido y "las grandes figuras del mundo empresarial e industrial". Garcia respondió: "No está equivocado". Scharf escribió que las investigaciones descritas por los demócratas están diseñadas para "hostigar y engrandecerse, en lugar de promover un fin legislativo legítimo".

Garcia rechazó la advertencia. "Parece que Donald Trump tiene algo que ocultar", afirmó. "La autoridad del Congreso proviene del artículo I de la Constitución, no del permiso de la Casa Blanca". Dijo que el Congreso tiene un amplio margen para realizar investigaciones y ejercer control político, "una autoridad inherente al poder de legislar", y añadió que los demócratas no se dejarían intimidar.

Los líderes demócratas lo respaldaron. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, quien previsiblemente se convertirá en presidente de esa corporación en enero, calificó la carta de "indignante" y "fácticamente incorrecta", y dijo a los periodistas que "si no les gusta, que consulten la Constitución". Garcia ha sido explícito sobre sus intenciones. Cuando le preguntaron en una entrevista televisiva la semana pasada si los votantes habían dado a los demócratas un mandato para investigar a la administración, respondió: "Creo que sí". Argumentó que los estadounidenses están viendo aumentar sus propios costos mientras "ven que los Trump se hacen más ricos". En su declaración del miércoles, describió al Congreso como una rama del poder público con igual jerarquía que el Ejecutivo, que "no se dejará disuadir por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia instrumentalizado" ni por los abogados del presidente.

Los demócratas asumirán el control de la Cámara y el Senado en enero y, con ello, el poder de emitir citaciones, celebrar audiencias y exigir testimonios. Garcia, actualmente el principal demócrata del Comité de Supervisión, está llamado a convertirse en su presidente. El partido prepara una amplia agenda de control político que incluye la manera en que el presidente y su familia han incrementado su riqueza desde que regresó al cargo, la conducción de la guerra con Irán, el manejo de las elecciones por parte del Departamento de Justicia y la divulgación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Trump y la Casa Blanca han negado haber cometido irregularidades.

La carta es el episodio más reciente de una serie de enfrentamientos desde las elecciones. Trump ha acusado a los demócratas de "extorsión" por las investigaciones y las conversaciones sobre un juicio político que han anunciado, y ordenó al fiscal general, Todd Blanche, investigarlo, una acusación que los demócratas rechazan. Por su parte, los demócratas de la Cámara están contratando abogados adicionales para manejar las disputas con la administración, pues anticipan que muchas de sus solicitudes terminarán en los tribunales.

La carta de Reitz, fechada el miércoles, acusó a Blumenthal de intentar intimidar a ciudadanos por asociarse con el presidente y le ordenó preservar todos los documentos y comunicaciones relacionados con la investigación. Le dio al senador plazo hasta las 6 p. m., hora del este, del 18 de noviembre para confirmar que lo había hecho y advirtió que el incumplimiento podría acarrear sanciones, instrucciones para extraer inferencias adversas u otras penalidades. "El Congreso no es un arma que pueda usarse contra el pueblo estadounidense", escribió Reitz en una publicación en redes sociales que incluía la carta. El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, lo respaldó públicamente y afirmó que la Primera Enmienda impide al Congreso infringir los derechos de los estadounidenses a la libertad de expresión y de asociación. Una carta de preservación, por sí sola, no demuestra que esté en curso una investigación penal.

Blumenthal, el demócrata de mayor rango en un panel de investigaciones del Senado que pronto tendrá facultades para emitir citaciones, había escrito días antes a empresas y funcionarios de la administración para pedirles que colaboraran con sus investigaciones. El senador respondió con su propia exigencia de preservación: ordenó a Reitz conservar todos los registros relacionados con la decisión de redactar y publicar la carta, incluidas las comunicaciones con la Casa Blanca o con altos funcionarios del Departamento de Justicia. También afirmó que la administración estaba utilizando al Departamento de Justicia para atacar al Congreso, en violación de la Constitución.

Las cuestiones jurídicas no son nuevas, aunque el lenguaje utilizado sí resulta inusual. La carta de Scharf se apoya en dos decisiones de la Corte Suprema. En Watkins v. United States, de 1957, el alto tribunal anuló una condena por desacato al Congreso contra John Watkins, un organizador sindical. En Trump v. Mazars, una disputa de 2020 sobre citaciones del Congreso para obtener los registros financieros de Trump, los magistrados se negaron a dar a los legisladores acceso inmediato a los documentos y reiteraron que las citaciones deben responder a un "propósito legislativo legítimo", aunque reconocieron que el Congreso tiene "intereses legislativos significativos". "Estos principios exigen que el Congreso identifique un propósito legislativo legítimo que sustente sus actos de investigación", escribió Scharf. Administraciones de ambos partidos han rechazado citaciones con base en esos argumentos. Lo inusual es que un abogado de la Casa Blanca sugiera, antes de que se emita una citación, que los legisladores podrían ser investigados por la manera en que ejercen el control político.

Algunos expertos en derecho criticaron la carta el miércoles y dijeron que podría fortalecer la posición de los demócratas al aportar pruebas de una intención de obstruir la supervisión del Ejecutivo. Los miembros del Congreso también están protegidos por la cláusula constitucional de libertad de expresión y debate, que protege los actos legislativos frente a procesos judiciales y, en general, se ha interpretado que cubre las investigaciones de los comités. La carta no especificó qué delito podrían cometer los legisladores. Tampoco anunció un caso penal ni señaló a ningún legislador como objetivo, y estaba dirigida a la supervisión prevista, no a una solicitud concreta de la Cámara. Molly Nixon, del Instituto Cato, dijo que era sumamente improbable que un tribunal considerara procedente una acusación penal contra un miembro del Congreso y calificó la carta como el primer disparo de lo que finalmente será un debate político.

Los defensores de la posición de la Casa Blanca sostienen que la mayoría entrante ha dado señales de que su objetivo es castigar y avergonzar a funcionarios, en lugar de legislar, y que la administración tiene derecho a dejar constancia de ello antes de que lleguen las primeras solicitudes. El representante James Comer, de Kentucky, actual presidente republicano del comité, criticó la retórica de Garcia, pero afirmó que el panel debe seguir siendo un control independiente del poder Ejecutivo. Los republicanos formularon quejas similares sobre las investigaciones demócratas durante el primer mandato de Trump, y los demócratas hicieron lo propio respecto de las pesquisas republicanas sobre la administración Biden.

El efecto práctico se pondrá a prueba a comienzos del próximo año. Una vez que los demócratas tengan la presidencia de los comités, se espera que envíen solicitudes de documentos y citaciones en cuestión de semanas. La administración puede cumplir, negociar o negarse, y los rechazos llevarían las disputas a los tribunales federales, donde los casos sobre citaciones del Congreso a menudo han tardado meses o años en resolverse. Un Departamento de Justicia al que ya se le ordenó examinar la conducta de los demócratas también tendría que decidir si actúa con base en la teoría descrita por Scharf. Una prueba más inmediata es el plazo del 18 de noviembre fijado por Blumenthal y si el Departamento de Justicia toma alguna medida adicional a las cartas antes de que asuma el nuevo Congreso.

Hasta entonces, la carta y la respuesta a ella definen las posiciones. La Casa Blanca afirma que las investigaciones emprendidas para intimidar a funcionarios no constituyen una supervisión legítima y podrían ser ilegales. El futuro presidente del comité sostiene que la Constitución otorga al Congreso la autoridad para decidir qué investigar. Qué interpretación prevalezca dependerá de lo que soliciten los comités, de la respuesta de la administración y de lo que determinen los tribunales cuando la primera disputa llegue a sus estrados.