Ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Captura

El Gobierno propone flexibilizar el acceso al crédito interno y externo para que los gobiernos territoriales puedan financiar proyectos estratégicos. La iniciativa hace parte de la Ley de Rescate Fiscal y busca fortalecer la autonomía financiera de las regiones.

El Gobierno Nacional busca ampliar las posibilidades de financiación de alcaldías y gobernaciones para impulsar obras de infraestructura y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de las regiones. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión descentralizada de control político de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, realizada el 19 de noviembre en Bucaramanga.

La iniciativa está contemplada dentro de la Ley de Rescate Fiscal y pretende flexibilizar los mecanismos mediante los cuales las entidades territoriales pueden contratar créditos, tanto en Colombia como en el exterior, para ejecutar proyectos prioritarios.

Durante su intervención, el ministro explicó que el propósito es entregarles mayores herramientas a los gobiernos locales y departamentales para que puedan gestionar sus propias necesidades de inversión, sin depender exclusivamente de los recursos asignados desde el Gobierno central.

"Queremos flexibilizar, facilitar y agilizar la posibilidad de que los entes territoriales contraten crédito interno y externo para desarrollar proyectos que consideran estructurales y sobre todo que vean como estratégicos para sus regiones", afirmó Gómez.

¿Cómo funcionaría la propuesta del Gobierno?

El planteamiento busca que alcaldías, gobernaciones y otras entidades territoriales tengan más autonomía para acceder a financiación y desarrollar iniciativas relacionadas con infraestructura, conectividad y otras necesidades regionales.

Con los cambios propuestos, los gobiernos locales podrían contar con mayores alternativas para conseguir recursos y avanzar en proyectos que respondan a las condiciones económicas y sociales de sus territorios.

La intención del Ministerio de Hacienda es que las decisiones sobre las obras prioritarias no dependan exclusivamente de la capacidad del Gobierno nacional para asignar recursos, sino que las regiones tengan más posibilidades de liderar sus propios procesos de inversión.

Sin embargo, la propuesta hace parte de una iniciativa legislativa y su aplicación dependerá de la aprobación de los cambios planteados.

La deuda territorial representa el 2,1 % del PIB

Uno de los argumentos expuestos por el ministro para respaldar la propuesta es la capacidad de endeudamiento que tienen actualmente las entidades territoriales.

Gómez señaló que la deuda del sector territorial equivale al 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cifra que, según explicó, refleja un margen para fortalecer la financiación de proyectos regionales.

El funcionario también destacó que, desde su llegada al Ministerio de Hacienda, ha firmado 14 contratos de crédito con entidades territoriales del país.

Estos acuerdos hacen parte de los mecanismos que ya existen para respaldar proyectos de inversión de alcaldías y gobernaciones.

Inversión, el gran foco del Gobierno.
Inversión, el gran foco del Gobierno. iStock

Santander, una región estratégica para el Gobierno

Durante la sesión realizada en Bucaramanga, el ministro también se refirió a la importancia estratégica de Santander, especialmente por su ubicación fronteriza con Venezuela.

Según explicó, esta condición podría abrir nuevas oportunidades económicas y comerciales para el departamento en los próximos años, por lo que fortalecer su capacidad de inversión resulta relevante para aprovechar ese potencial.

La propuesta de ampliar el acceso al crédito también busca que las regiones puedan responder con mayor autonomía a sus oportunidades y necesidades particulares.

¿Qué impacto podría tener en las regiones?

Si la iniciativa es aprobada, las alcaldías y gobernaciones tendrían mayores posibilidades de financiar proyectos que consideren prioritarios para sus comunidades.

Esto podría facilitar la ejecución de obras de infraestructura, mejorar la conectividad entre municipios y fortalecer las capacidades de inversión de los gobiernos territoriales.

No obstante, el mayor acceso al crédito también implica responsabilidades financieras. Las entidades deberán evaluar su capacidad de pago, la viabilidad de los proyectos y el impacto que las nuevas obligaciones podrían tener sobre sus presupuestos futuros.

Por ahora, el Gobierno continúa socializando la propuesta con congresistas y representantes de las regiones, mientras avanza la discusión de la Ley de Rescate Fiscal. El objetivo es fortalecer la autonomía financiera territorial y ampliar las herramientas disponibles para impulsar el desarrollo regional.