El tributarista Santiago Pardo
El tributarista Santiago Pardo propone eliminar varios gravámenes y reducir la tarifa de renta empresarial. La iniciativa busca impulsar el crecimiento económico, aunque aumentaría la deuda pública. Adobe Stock, suministrada a Semana

En medio del debate sobre la Ley de Rescate Económico y la difícil situación fiscal de Colombia, el tributarista Santiago Pardo presentó una propuesta que busca cambiar la estructura tributaria del país: reducir significativamente los impuestos que pagan las empresas y conseguir recursos para el Estado mediante un mecanismo de financiación obligatoria.

La iniciativa plantea eliminar varios gravámenes, disminuir las tarifas de renta empresarial y estimular la inversión privada. Sin embargo, también contempla una alternativa que podría incrementar el endeudamiento público, por lo que abre una nueva discusión sobre cómo recuperar las finanzas nacionales sin aumentar la carga tributaria.

Una reducción significativa de la carga tributaria

Uno de los principales argumentos de Santiago Pardo es que los impuestos actuales representan una carga elevada para las compañías y afectan su competitividad, su capacidad de inversión y la generación de empleo.

Según sus cálculos, una empresa con un margen de utilidad del 10 % termina destinando aproximadamente el 72,8 % de sus ganancias al pago de impuestos y contribuciones. Con la propuesta del Gobierno, esa carga se reduciría al 70 %, mientras que con su alternativa podría bajar hasta el 46 %.

Para conseguirlo, el especialista propone eliminar varios tributos, entre ellos:

  • El impuesto del cuatro por mil.
  • El impuesto al patrimonio.
  • Los gravámenes a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
  • El impuesto de timbre.
  • Algunos impuestos ambientales.

También plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35 % al 30 %, establecer una tarifa del 15 % para nuevas exportaciones de valor agregado y disminuir del 20 % al 10 % la tributación sobre dividendos.

La propuesta incluye, además, una depreciación acelerada del 100 % para nuevas inversiones productivas y un mecanismo para recuperar el ICA pagado por las empresas, sin reducir los ingresos de los municipios.

Para compensar la reducción de impuestos propuesta por Pardo
Para compensar la reducción de impuestos propuesta por Pardo, las empresas deberían hacer unas inversiones forzosas atadas a su nivel de utilidades. Illustra - stock.adobe.com

¿Cómo conseguiría el Estado los recursos?

Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa es la manera en que busca compensar los ingresos que dejaría de recibir el Estado por la eliminación de impuestos.

Pardo calcula que las reducciones tributarias representarían una disminución de aproximadamente 190 billones de pesos en cinco años. Para cubrir esa diferencia, propone implementar bonos de inversión forzosa que tendrían que adquirir las sociedades con rentas superiores a 500 millones de pesos.

Los títulos equivaldrían al 20 % de la renta empresarial correspondiente a los años gravables entre 2026 y 2030, y serían emitidos entre 2027 y 2031.

Según el planteamiento, estos bonos tendrían un plazo de 20 años, reconocerían intereses anuales del 9 % y podrían negociarse en el mercado secundario.

El tributarista estima que este mecanismo permitiría obtener 309 billones de pesos durante cinco años, es decir, 119 billones más que los recursos que se dejarían de recaudar con los alivios tributarios.

La diferencia fundamental es que ese dinero no ingresaría como un impuesto, sino como financiación para el Estado, que tendría la obligación de devolverlo junto con los intereses establecidos.

La propuesta podría aumentar la deuda pública

Aunque la iniciativa busca impulsar la inversión y el crecimiento económico, también implica riesgos para las finanzas nacionales.

El propio Santiago Pardo reconoce que los bonos de inversión forzosa aumentarían el endeudamiento público. En un escenario de bajo crecimiento económico, calcula que la deuda podría incrementarse hasta en 13 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

Su argumento es que reducir los impuestos permitiría mejorar la competitividad empresarial, atraer inversión, fortalecer la producción nacional y generar mayor actividad económica. Con ese crecimiento, el Estado podría obtener recursos adicionales para responder por las obligaciones adquiridas.

Sin embargo, el resultado dependería de que los incentivos tributarios efectivamente se traduzcan en nuevas inversiones y mayores niveles de producción, algo que todavía tendría que demostrarse.

La salida de empresas, otra preocupación del tributarista

Pardo también cuestionó las condiciones tributarias que enfrentan las compañías en Colombia y advirtió que una carga elevada puede desincentivar la instalación de nuevas empresas y favorecer que algunas multinacionales atiendan el mercado colombiano desde otros países.

Durante su explicación mencionó compañías como General Motors, Mazda, BAT, Philip Morris, Kraft y Michelin, entre otras, como ejemplos de empresas que han dejado de operar industrialmente en el país o han modificado su presencia productiva.

El especialista sostuvo que Colombia necesita recuperar su capacidad industrial y ofrecer condiciones más competitivas para atraer capital nacional y extranjero.

Una propuesta que podría llegar al Congreso

La iniciativa, que según Santiago Pardo cuenta con el respaldo del Centro Democrático, tendría que someterse a discusión en el Congreso si se decide convertirla en un proyecto legislativo.

Su planteamiento aparece en un momento en el que el Gobierno ha tenido que modificar varios componentes de la Ley de Rescate Económico, después de las críticas que generaron algunas de sus propuestas tributarias.

El debate de fondo será determinar si Colombia puede reducir los impuestos a las empresas, estimular la inversión y conseguir recursos para el Estado sin comprometer todavía más la sostenibilidad de la deuda pública.

Por ahora, la fórmula de Pardo es una propuesta económica y no una reforma aprobada. Su viabilidad dependerá de la evaluación técnica, el respaldo político y la capacidad del país para asumir las obligaciones financieras que implicaría.