Madrid desmantela el campamento de la Puerta del Sol: 334 personas fueron retiradas antes de la huelga general en España

La Policía antidisturbios recorrió antes del amanecer del martes la emblemática Puerta del Sol de Madrid y puso fin formalmente a 38 días de resistencia en tiendas de campaña, que habían convertido el corazón de la capital española en el principal escenario visible de las demandas de reforma habitacional del país. Cuando los equipos de limpieza llegaron para lavar los adoquines y devolver a la estatua del Oso y el Madroño una vista despejada, 334 personas habían sido retiradas —una cifra confirmada por la Delegación del Gobierno en Madrid— y dos estaban arrestadas por presuntamente resistirse a los agentes.

Una muerte que encendió al país

El origen del campamento se remonta al 23 de septiembre, cuando una jubilada de 87 años llamada Maricarmen Abascal fue sacada en camilla de su apartamento en el barrio madrileño de Retiro. Una inmobiliaria había aumentado considerablemente el arriendo del inmueble donde vivió durante más de 70 años y un tribunal falló a favor del propietario. Mientras la Policía y los trabajadores sociales supervisaban el desalojo, decenas de vecinos y activistas se reunieron afuera para apoyarla. Antes de que terminara el día, las imágenes se habían difundido por las redes sociales españolas y movilizado a miles de personas.

Tres días después, el 26 de septiembre, cientos de carpas aparecieron en la Puerta del Sol bajo la organización del Sindicato de Inquilinas, la principal organización de arrendatarios de España. La protesta, conocida como Acampada 26S, creció rápidamente. A finales de septiembre, los reportes señalaban que había más de 500 carpas y más de mil personas en el lugar. El campamento funcionaba como una comunidad autosuficiente: una cocina comunitaria alimentaba a quienes permanecían allí, una carpa médica atendía a los enfermos y asambleas organizadas definían las exigencias del movimiento.

Abascal nunca regresó a su casa. La víspera de su desalojo había dicho a los periodistas que no pensaba abandonar el lugar que había considerado su hogar durante toda su vida adulta. Murió el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, después de pasar 15 días hospitalizada por ansiedad severa y agotamiento tras ser desalojada. Esa misma noche, miles de personas marcharon desde la Puerta del Sol hacia el Parlamento español mientras coreaban que su muerte no había sido un accidente, sino la consecuencia de un sistema fallido.

Toma forma una crisis política

Las consecuencias fueron mucho más allá de la plaza. El 2 de octubre, el Parlamento español rechazó dos decretos de emergencia sobre vivienda presentados por el Gobierno minoritario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un golpe decisivo para su agenda legislativa. Tres días después, Sánchez anunció en televisión nacional elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre y dijo que necesitaba un nuevo mandato para enfrentar la crisis. Desde entonces, la vivienda ha dominado la campaña.

Al mismo tiempo, la persistencia del campamento dejó al descubierto las divisiones entre los distintos niveles de gobierno de Madrid. La Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, pidió desde el comienzo que se desalojara el campamento y presentó la ocupación como una alteración de la vida urbana. La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento intercambiaron argumentos sobre la competencia legal y la proporcionalidad de la medida. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó a comienzos de octubre un desalojo forzoso inmediato, al invocar el derecho de reunión. Finalmente, el Ayuntamiento anunció una denuncia penal contra Francisco Martín, el anterior delegado del Gobierno, quien se había negado a ordenar el desalojo, al acusarlo de una presunta falta administrativa por su inacción.

Operativo antes del amanecer y versiones enfrentadas

La Delegación del Gobierno describió el operativo de la madrugada como ordenado y mesurado, realizado "sin incidentes ni episodios de violencia", con el objetivo declarado de restablecer el acceso normal del público a la plaza y proteger los derechos fundamentales. Los equipos de limpieza de la ciudad ingresaron pocos minutos después de que terminara la operación policial.

Los manifestantes ofrecieron una versión muy distinta en su canal oficial de Telegram. Afirmaron que la Policía antidisturbios utilizó gas pimienta y que varias personas del campamento resultaron heridas durante el desalojo. Al momento de la publicación, los principales medios no habían difundido una verificación independiente de esas denuncias. La discrepancia entre la versión oficial y los relatos desde el lugar seguía sin resolverse.

Lo que exigía el movimiento y lo que sigue sin respuesta

Las exigencias del Sindicato de Inquilinas no cambiaron durante los 38 días de ocupación. Los manifestantes reclamaban lo que denominaron el Decreto Maricarmen: un paquete legislativo que estableciera contratos de arriendo indefinidos, congelara los aumentos de renta y decretara una moratoria general a los desalojos cuando no hubiera una vivienda alternativa. El lema central del movimiento —"O cae la rentabilidad de los arrendadores o cae el Gobierno"— resumía el tono confrontacional que marcó el campamento. Ninguna de esas medidas específicas ha sido aprobada.

La brecha de acceso a la vivienda en España no es un fenómeno reciente. Los arriendos promedio en el país casi se han duplicado en la última década, mientras que los salarios han aumentado a una fracción de ese ritmo. En cualquier momento, cientos de miles de procesos de desalojo permanecen activos en España.

Lo que viene: huelga, elecciones y preguntas sin respuesta

El desalojo del martes no ocurrió por casualidad. Los principales comités organizadores del campamento ya habían anunciado el 30 de octubre que disolvían sus estructuras, al considerar que las primeras medidas del Gobierno habían atendido parte de sus demandas centrales y que la energía del movimiento debía dirigirse ahora a la huelga general del 11 de noviembre. Las dos mayores centrales sindicales de España, CCOO y UGT, convocaron una huelga general nacional para esa fecha —la primera respaldada conjuntamente por ambas desde 2012— con la exigencia de que el Gobierno actúe frente a los costos de la vivienda y los salarios, antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Las carpas fueron retiradas de la Puerta del Sol. Los precios de los arriendos, los procesos de desalojo y el bloqueo político que las llevó hasta allí todavía permanecen.