Administración Trump busca recortar las garantías laborales para embarazadas mediante exenciones religiosas

La administración Trump estudia cambios a la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas que podrían limitar las adaptaciones laborales en Estados Unidos para tratamientos de fertilidad y ampliar las exenciones religiosas.

Los planes, reportados el lunes 2 de noviembre de 2026 por The New York Times, implican modificar regulaciones federales, no la ley misma.

El Congreso aprobó la ley en diciembre de 2022 y esta entró en vigor el 27 de junio de 2023. En general, obliga a los empleadores con al menos 15 trabajadores a ofrecer adaptaciones razonables para las limitaciones relacionadas con el embarazo, el parto y otras condiciones médicas asociadas. Los empleadores no están obligados a hacer ajustes que les impongan una carga excesiva.

Hay un elemento que falta en algunos informes sobre el posible retroceso. En mayo de 2025, un juez federal ya había anulado partes de las regulaciones relacionadas con los abortos exclusivamente electivos. Por eso, esas disposiciones no pueden describirse simplemente como protecciones que todavía están pendientes de ser eliminadas.

Los cambios podrían afectar los tratamientos de fecundación in vitro

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, conocida como EEOC, expidió sus regulaciones de aplicación en abril de 2024. Estas entraron en vigor el 18 de junio de ese año e interpretaron que las condiciones médicas relacionadas con el embarazo incluían el aborto espontáneo, la lactancia, la depresión posparto, la endometriosis, la menstruación y los tratamientos de fertilidad.

Las adaptaciones resultantes pueden ser bastante comunes. Un trabajador podría necesitar un taburete, pausas adicionales para ir al baño, autorización para llevar agua o un cambio de turno. Otros podrían solicitar tareas menos exigentes, una reasignación temporal, trabajo remoto o tiempo libre para asistir a citas médicas. Las circunstancias individuales y la carga excesiva siguen siendo factores determinantes.

Para una persona que se somete a un tratamiento de fecundación in vitro, la flexibilidad para asistir a las citas médicas puede ser especialmente importante. Una regulación que deje de mencionar expresamente los tratamientos de fertilidad podría generar incertidumbre sobre las solicitudes que los empleadores deben considerar. Por ahora, esa es una posibilidad, no un cambio anunciado.

Andrea Lucas, actual presidenta de la EEOC, cuestionó el alcance de las normas de 2024 cuando era comisionada. En una declaración publicada, sostuvo que algunos aspectos de la interpretación "no pueden conciliarse razonablemente con el texto". Sin embargo, describió la ley de fondo como un logro bipartidista en respaldo de las trabajadoras embarazadas.

No todos están de acuerdo con que deban reconsiderarse las protecciones para tratamientos de fertilidad. En mayo de 2026, 15 senadores demócratas, entre ellos Tammy Duckworth, Elizabeth Warren y Chuck Schumer, instaron a Lucas a no debilitar las normas. Advirtieron que eliminar las referencias a la fecundación in vitro podría llevar a más empleadores a rechazar las adaptaciones.

El debate también incluye las exenciones religiosas

Según informes, la administración estudia ampliar las exenciones religiosas para los empleadores que se oponen a ciertos procedimientos de atención en salud reproductiva. La legislación federal ya contiene disposiciones sobre asuntos religiosos en el empleo, por lo que la pregunta es qué exención adicional, si alguna, podrían proponer los reguladores.

Las adaptaciones relacionadas con el aborto requieren especial cuidado al explicar su situación jurídica. Las regulaciones de la EEOC de 2024 contemplaban tiempo fuera del trabajo para recibir atención relacionada con un aborto, incluidos los desplazamientos. No obligaban a los empleadores a pagar los abortos, los gastos de viaje ni permisos remunerados.

El 21 de mayo de 2025, el juez federal de distrito David C. Joseph determinó que la comisión se había excedido en sus facultades al ordenar adaptaciones para abortos exclusivamente electivos. El juez anuló los requisitos correspondientes, aunque distinguió los procedimientos necesarios para tratar condiciones médicas relacionadas con el embarazo.

La decisión no eliminó la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas ni sus protecciones más amplias. Tampoco significa que todas las circunstancias relacionadas con el aborto sean jurídicamente idénticas. La situación depende de la naturaleza de la condición médica, de otras leyes aplicables y de las órdenes judiciales pertinentes.

La disputa más amplia se desarrolla tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que anuló el precedente de Roe v. Wade. Las restricciones estatales al aborto han hecho que el tiempo fuera del trabajo sea especialmente relevante para algunas personas que deben viajar para recibir atención.

Los trabajadores que cumplen los requisitos de la ley también conservan protecciones contra represalias por solicitar adaptaciones. Por lo general, los empleadores no pueden obligarlos a tomar una licencia si otro ajuste razonable les permite seguir trabajando. Cualquier cambio adicional deberá evaluarse a la luz de la ley, las regulaciones vigentes y las decisiones judiciales.

La agenda regulatoria de la EEOC prevé una norma propuesta para noviembre de 2026, y se espera que el periodo para presentar comentarios públicos termine en enero de 2027. Ninguna de esas fechas constituye un plazo obligatorio. La agencia todavía no ha publicado el texto de la propuesta.