Senadora radica proyecto para modernizar el Invima y reducir represamiento de 12.400 trámites pendientes
La iniciativa propone evaluar los productos según su nivel de riesgo, fijar metas de reducción del rezago y usar inteligencia artificial como herramienta de apoyo.

La propuesta para modernizar el Invima que llegó al Congreso de la República y que eliminaría el represamiento que afecta a pacientes
El Invima es una de las entidades estatales más importantes del país, dado que es la encargada de proteger la salud pública en Colombia mediante el control y la vigilancia de productos de consumo humano. Entre sus funciones está revisar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos y dispositivos médicos, un trabajo que toca directamente la vida cotidiana de millones de colombianos, desde el acceso a tratamientos médicos hasta la seguridad de lo que se consume en los hogares del país.
Las funciones del Invima
También está la función de otorgar permisos a empresas para fabricar, importar y comercializar productos aptos para la población, además de inspeccionar plantas y mercados para evitar daños a la salud colectiva. Esta doble labor —de autorización y de vigilancia posterior— convierte al Invima en un engranaje central del sistema de salud, ya que sin su aval ningún medicamento, alimento procesado o dispositivo médico puede llegar legalmente a manos de los pacientes o consumidores. Pese a sus funciones, el Invima enfrenta actualmente varios problemas que han afectado a millones de pacientes en todo el país.
El problema: represamiento de trámites
Esto se debe a que se ha presentado un represamiento en el registro de distintos medicamentos, lo que ha impedido su aprobación y que los pacientes puedan tener mayores alternativas en el mercado. Sin embargo, hace algunas horas, la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas radicó un proyecto de ley que buscaría modernizar la entidad.
Con ello, se buscaría reducir los retrasos en la evaluación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros productos sometidos a vigilancia sanitaria. Esto aceleraría los procesos sin reducir los controles de calidad, un equilibrio que, según se plantea en la iniciativa, es posible mediante una reorganización de la manera en que se priorizan y gestionan los distintos tipos de solicitudes.
Actualmente, la entidad tiene más de 12.400 trámites pendientes, con corte a mayo de 2026, y muchos gremios farmacéuticos han asegurado que puede tardar más de dos años en aprobar un medicamento. Esa demora prolongada ha sido señalada en repetidas ocasiones como una de las causas del desabastecimiento de ciertos tratamientos en el país, un problema que golpea de manera directa a pacientes que dependen de esos medicamentos para condiciones crónicas o de difícil manejo.
El proyecto de ley radicado
El proyecto indica que los trámites serían evaluados según el nivel de riesgo. Los productos de menor complejidad podrían acceder a procedimientos diferenciados y simplificados, mientras que aquellos con mayores riesgos serían sometidos a procesos más rigurosos. Esta lógica de clasificación por riesgo busca que la entidad no dedique el mismo tiempo y los mismos recursos a evaluar, por ejemplo, un suplemento nutricional de bajo impacto que a un medicamento de alta complejidad terapéutica.
Evaluación diferenciada según el nivel de riesgo
La iniciativa plantea que los trámites ante el Invima sean evaluados de acuerdo con el nivel de riesgo de cada producto, con procesos diferenciados según su complejidad. De esta manera, se espera liberar capacidad institucional para concentrar los esfuerzos de revisión más exhaustivos en aquellos casos que efectivamente lo requieran, mientras se agiliza el trámite de los productos de menor riesgo.
Metas, indicadores y tiempos de referencia
También se busca que la entidad tenga tiempos de referencia, metas progresivas de reducción del represamiento y también algunos indicadores de cumplimiento que den cuenta del avance en los trámites. Este componente de seguimiento busca dotar al proceso de mayor transparencia, permitiendo tanto al Congreso como a los ciudadanos y a la industria farmacéutica monitorear si la entidad efectivamente está reduciendo su rezago con el paso del tiempo.
Inteligencia artificial, sin reemplazar a los funcionarios
En otro apartado, el proyecto sugiere que el Invima avance en la interoperabilidad de los sistemas, la automatización y el análisis de datos, además del uso de inteligencia artificial (IA) para agilizar procesos. Sin embargo, esta tecnología no reemplazaría al funcionario, sino que su uso se extendería a la farmacovigilancia y otros procesos, es decir, como herramienta de apoyo para el personal técnico y científico de la entidad, y no como sustituto de su criterio profesional en las decisiones regulatorias.
Un problema que se suma a otras alertas en salud
El represamiento de trámites en el Invima se conoce en medio de un contexto más amplio de tensión en el sistema de salud colombiano, marcado por denuncias de pacientes sobre desabastecimiento de medicamentos y por las crecientes alertas financieras sobre el déficit de las EPS, cuyas deudas acumuladas ya superan ampliamente sus activos, según análisis recientes del sector. En ese escenario, la modernización del Invima se presenta como una de las piezas que el Congreso deberá evaluar dentro de una discusión más amplia sobre cómo destrabar los cuellos de botella que hoy afectan el acceso oportuno de los colombianos a medicamentos y otros productos esenciales para su salud.





















