Protestas en Ecuador: pacientes renales, estudiantes y sindicatos piden la salida de Noboa

Las protestas, bajo la lluvia, recorrieron Quito, Guayaquil y Cuenca el sábado 7 de noviembre. Miles de ecuatorianos —pacientes renales, estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales— salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Daniel Noboa. En la capital, cerca de mil manifestantes se concentraron en el parque La Alameda y avanzaron hacia la Corte Constitucional, rodeados por policías antimotines, mientras por las calles se escuchaban consignas que exigían la liberación de la dirigente opositora detenida Luisa González.

Un movimiento con tres reclamos principales

Las manifestaciones del sábado reunieron el descontento por tres crisis relacionadas: un sistema de salud que, según los manifestantes, ya no puede garantizar servicios básicos; fuertes recortes a los presupuestos de las universidades públicas, y una situación de seguridad que mantiene a Ecuador entre los países más violentos de América Latina. En Quito se reunieron unos 1.000 manifestantes, cerca de 200 en Guayaquil y aproximadamente 100 en Cuenca, donde los participantes se concentraron especialmente en los recortes del Gobierno a la financiación de la educación superior. Las protestas duraron menos de dos horas en cada ciudad, pero evidenciaron la fuerza de una coalición que reúne a distintas generaciones y sectores sociales.

La manifestante Carolina Almeida resumió así el ambiente: "Ecuador atraviesa "un momento muy crítico para su democracia". Sostuvo que los recursos públicos se estaban destinando a operaciones militares mientras hospitales y escuelas seguían deteriorándose. Su denuncia coincidió con la de los numerosos pacientes que participaron en la marcha con carteles en los que exigían acceso a diálisis y medicamentos básicos.

González, en el centro de la tormenta

La detención de Luisa González se convirtió en el punto de mayor tensión política de la actual ola de protestas. La excandidata presidencial correísta —que enfrentó a Noboa en las segundas vueltas de 2023 y 2025— fue detenida en su vivienda de Canuto, en la provincia de Manabí, durante la madrugada del 22 de octubre. Al día siguiente, un juez ordenó su prisión preventiva en el marco de la investigación conocida como Caso Laberinto, que sostiene que fondos vinculados al comercio ilegal de combustible venezolano fueron usados para financiar su campaña de 2023. González y sus seguidores rechazan los cargos por considerarlos políticamente motivados y califican el proceso como una forma de persecución judicial para neutralizar a la principal fuerza opositora de Ecuador.

Desde el centro de detención, González difundió en redes sociales una carta en la que instó a los ecuatorianos a no ceder "ante esta dictadura", un mensaje que los organizadores citaron para movilizar a los manifestantes del sábado. La ruta de la marcha en Quito pasó directamente frente a la Fiscalía y la Corte Constitucional, ambas rodeadas por policías.

Un sistema de salud bajo presión

Los pacientes renales que participaron en la marcha de Quito pusieron de relieve lo que los defensores del derecho a la salud describen como una grave crisis de abastecimiento en la red de hospitales públicos de Ecuador. Los organizadores de la protesta citaron cifras según las cuales decenas de miles de pacientes renales enfrentan interrupciones en el acceso a la diálisis debido a la escasez de medicamentos y equipos en los centros del Ministerio de Salud. A lo largo de 2026, usuarios de los servicios públicos de salud han descrito un fuerte deterioro en la calidad de la atención y han señalado como principales problemas la falta de personal, la ausencia de medicamentos y el abandono de la infraestructura. Para muchos de los asistentes, no se trata de debates abstractos sobre políticas públicas, sino de emergencias cotidianas.

Una violencia que no cede

La crisis de seguridad en Ecuador fue el tercer eje de las manifestaciones. Entre enero y abril de 2026, el país registró 2.778 homicidios intencionales —un promedio de 23 al día—, según el Ministerio del Interior de Ecuador. Aunque la cifra representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, año que terminó como el más sangriento de la historia reciente del país, los datos confirman que Ecuador continúa enfrentando niveles de violencia propios de una crisis, muy por encima de cualquier total anual registrado antes de 2022.

Miles de jóvenes ecuatorianos que marchaban por la avenida Gran Colombia de Quito corearon "¡Fuera Noboa, fuera!" y llevaron carteles con la frase "Lucha aunque no te falte nada, porque a algunos les falta todo". Para muchos participantes, las fallas estructurales no son una preocupación abstracta, sino una realidad cotidiana que se ha agravado durante la actual administración.

Noboa defiende su gestión, pero frenaron el intento de revocatoria

Noboa ha rechazado de manera constante el relato de la oposición. Durante un acto celebrado el 24 de junio en Manabí, declaró: "Mientras algunos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección", con lo que se presentó como un líder orientado a los resultados y por encima de la disputa política. Su administración ha señalado las operaciones de seguridad en curso y las inversiones en infraestructura como prueba de la eficacia de su gestión.

Durante buena parte de 2026, organizaciones sociales e indígenas intentaron formalizar, mediante los mecanismos constitucionales de Ecuador, un proceso de revocatoria contra Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral rechazó la solicitud en julio de 2026. A pesar de ese revés institucional, las movilizaciones del sábado en varias ciudades sugieren que la coalición opositora mantiene la presión en las calles, mientras se acercan las elecciones locales y no hay señales de que las causas del descontento estén disminuyendo.