Bolivia, un año después de Paz: golpe económico, crisis judicial y coalición fracturada

Doce meses después de asumir una de las presidencias más decisivas de la historia reciente de Bolivia, Rodrigo Paz se encuentra en una posición conocida para los reformistas de la región: el trabajo estructural ya comenzó, pero quienes pagan el precio están perdiendo la paciencia.

Paz asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025, después de ganar una segunda vuelta que puso fin a casi dos décadas de gobiernos socialistas del Movimiento al Socialismo. Heredó un país sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas: largas filas para conseguir combustible, reservas de dólares agotadas y una inflación que había llegado al 18 % durante la etapa final de la administración anterior.

Reestructuración económica: el costo del reinicio

La medida inicial de mayor impacto fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre de 2025, una política que había mantenido congelados artificialmente los precios en las estaciones de servicio durante casi 20 años y le costaba miles de millones de dólares anuales al Tesoro. Según el balance oficial divulgado por la Presidencia, la producción mensual de gasolina casi se duplicó, de 61 millones a 113 millones de litros, mientras que la de diésel pasó de 16 millones a 39 millones de litros, luego de que el ajuste de precios redujera los incentivos al contrabando.

Además de los hidrocarburos, Paz reestructuró el Ejecutivo y redujo de 21 a 12 el número de ministerios en dos rondas de recortes del gabinete. El Gobierno también eliminó el Impuesto a las Transacciones Financieras y emitió 2,7 millones de tarjetas débito como parte de una estrategia más amplia de inclusión financiera. En octubre, el directorio del FMI aprobó formalmente para Bolivia un programa de US$1.900 millones por 36 meses destinado a respaldar el ajuste fiscal.

Los analistas económicos han hecho una evaluación prudente del primer año. Aunque existe un reconocimiento general de que era necesario corregir el modelo anterior, la mayoría coincide en que la recuperación macroeconómica sigue incompleta. Fitch Ratings y S&P Global mejoraron la calificación soberana de Bolivia en 2026, pero la población todavía se adapta a los mayores precios de los combustibles, el transporte y los productos básicos.

Un gobierno bajo asedio

La agenda política interna estuvo marcada no solo por el impacto económico, sino también por una crisis prolongada en las calles. Entre mayo y junio, Bolivia soportó 53 días consecutivos de bloqueos de vías, mientras organizaciones campesinas y federaciones de trabajadores exigían la renuncia de Paz. El Gobierno logró superar la crisis mediante el diálogo, la autorización legislativa para desplegar a las Fuerzas Armadas y una declaratoria de emergencia económica.

La justicia se convirtió en el escenario más volátil. El 1 de octubre, la Policía detuvo en el aeropuerto de Santa Cruz al exfiscal general Roger Mariaca, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno lo acusó de liderar una organización criminal dentro de la Fiscalía que habría protegido redes de narcoterrorismo. Posteriormente, el Legislativo lo removió del cargo y designó a un reemplazo interino.

Luego, pocos días antes del aniversario presidencial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, anunció en redes sociales que había huido del país con su familia y denunció lo que calificó como una campaña de persecución política. El Gobierno desestimó sus afirmaciones y aseguró que se trataba de una fuga para evadir la justicia. Saucedo enfrenta una investigación penal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Otra controversia que se prolongó durante todo el año involucró al consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien había asesorado la campaña de Paz y luego fue reconocido como asesor personal del presidente. Después de que Cerimedo fuera detenido en agosto por cargos de intento de feminicidio y posteriormente enfrentara nuevas investigaciones por lavado de activos y presunta protección a narcotraficantes, Paz tomó distancia públicamente de él. Sin embargo, la oposición siguió preguntando hasta qué punto Cerimedo había influido en las decisiones internas del Gobierno.

Fracturas en la coalición y presión opositora

La coalición de gobierno comenzó su segundo año en una situación claramente más débil que al inicio. El 27 de julio, Samuel Doria Medina, el empresario que respaldó a Paz después de quedar tercero en la primera vuelta de las elecciones de 2025, anunció formalmente el fin de su alianza con el Gobierno. Alegó preocupaciones por la corrupción y por el ritmo de los cambios estructurales.

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, quien perdió frente a Paz en la segunda vuelta de octubre de 2025 y desde entonces se ha presentado como crítico de la administración, también cuestionó el balance del primer año. Advirtió que los ajustes económicos se estaban haciendo sin las reformas institucionales profundas que el país necesita. La orden de captura contra el expresidente Evo Morales, que sigue sin ejecutarse, fue una fuente constante de críticas políticas desde distintos sectores durante el año.

La relación del Ejecutivo con el Legislativo también mostró señales de tensión. En lugar de presentar personalmente el informe anual de gestión, como establecía el mandato, Paz envió un documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de noviembre. El vicepresidente Edmand Lara convocó una sesión legislativa formal para recibirlo el 11 de noviembre.

Un nuevo rumbo en política exterior

El área en la que hubo un consenso más claro fue la política exterior. Bajo su estrategia "Bolivia al mundo", Paz revirtió lo que describió como dos décadas de aislamiento ideológico. El momento más simbólico llegó el 16 de octubre, cuando el presidente chileno José Antonio Kast llegó a La Paz para realizar la primera visita oficial de Estado de un mandatario chileno en 71 años, desde el viaje de Carlos Ibáñez del Campo en 1955. Los dos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación en minería, energía y comercio, mientras Bolivia mantuvo su histórica demanda de un acceso soberano al mar.

Al término de la visita, Kast extendió una invitación recíproca: se espera que Paz viaje a Chile en visita de Estado en 2027.

El primer año deja a Bolivia con importantes decisiones estructurales tomadas y un perfil internacional reposicionado, pero también con un electorado que llegó al segundo año mucho más escéptico que cuando Paz levantó por primera vez la mano para jurar el cargo. Que los ajustes económicos produzcan alivio visible antes del próximo ciclo político determinará si su proyecto logra superar la prueba de la paciencia ciudadana.