Protestas en Ecuador: pacientes renales, estudiantes y sindicatos exigen la salida de Noboa

Las protestas, bajo una lluvia persistente, recorrieron Quito, Guayaquil y Cuenca el sábado 7 de noviembre. Miles de ecuatorianos —pacientes renales, estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales— salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Daniel Noboa. En la capital, cerca de mil manifestantes se concentraron en el parque La Alameda y avanzaron hacia la Corte Constitucional, rodeados por policías antidisturbios. En las calles se escucharon consignas para exigir la liberación de la líder opositora detenida Luisa González.

Un movimiento impulsado por tres reclamos

Las movilizaciones del sábado reunieron el descontento por tres crisis que se superponen: un sistema de salud que, según los manifestantes, ya no puede garantizar los servicios básicos; profundos recortes a los presupuestos de las universidades públicas, y una situación de seguridad que ha mantenido a Ecuador entre los países más violentos de América Latina. En Quito se reunieron unas 1.000 personas, alrededor de 200 en Guayaquil y cerca de 100 en Cuenca, donde los participantes se concentraron especialmente en las reducciones del Gobierno a la financiación de la educación superior. Las protestas duraron menos de dos horas en cada ciudad, pero mostraron la fuerza visible de una coalición que reúne a distintas generaciones y sectores sociales.

La manifestante Carolina Almeida resumió así el ambiente: "Ecuador atraviesa "un momento muy crítico" para su democracia. Sostuvo que los recursos públicos se estaban destinando a operaciones militares mientras hospitales y escuelas continuaban deteriorándose. La denuncia resonó entre los numerosos pacientes que participaron en la marcha con carteles en los que exigían acceso a diálisis y medicamentos básicos.

González, en el centro de la tormenta

La detención de Luisa González se convirtió en el principal foco político de la actual ola de protestas. La excandidata presidencial correísta —que enfrentó a Noboa en las segundas vueltas de 2023 y 2025— fue arrestada en su vivienda de Canuto, en la provincia de Manabí, durante la madrugada del 22 de octubre. Al día siguiente, un juez ordenó su prisión preventiva en el marco de la llamada investigación Caso Laberinto, que sostiene que fondos vinculados con el comercio ilegal de combustible venezolano fueron utilizados para financiar su campaña de 2023. González y sus seguidores rechazan los cargos por considerarlos políticamente motivados y califican el proceso como una forma de lawfare destinada a neutralizar a la principal fuerza opositora de Ecuador.

Desde el lugar de detención, González difundió una carta en redes sociales en la que instó a los ecuatorianos a no ceder "ante esta dictadura", un mensaje que los organizadores citaron para movilizar la jornada del sábado. La ruta de la marcha en Quito pasó directamente frente a la Fiscalía y la Corte Constitucional, ambas instituciones rodeadas por la Policía.

Un sistema de salud bajo presión

Los pacientes renales que participaron en la marcha de Quito denunciaron lo que organizaciones de salud describen como una aguda crisis de abastecimiento en la red hospitalaria pública de Ecuador. Los organizadores citaron cifras según las cuales decenas de miles de pacientes con enfermedades renales enfrentan interrupciones en el acceso a la diálisis debido a la escasez de medicamentos y equipos en los centros del Ministerio de Salud. Durante 2026, usuarios de los servicios públicos de salud describieron un marcado deterioro en la calidad de la atención y señalaron como principales fallas la falta de personal, la ausencia de medicamentos y el abandono de la infraestructura. Para muchos de los asistentes, no se trata de debates abstractos sobre políticas públicas, sino de emergencias cotidianas.

Una violencia que no da tregua

La crisis de seguridad de Ecuador fue el tercer eje de las manifestaciones. Entre enero y abril de 2026, el país registró 2.778 homicidios intencionales —un promedio de 23 al día—, según el Ministerio del Interior de Ecuador. Aunque la cifra representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, que terminó como el año más sangriento de la historia reciente de Ecuador, los datos confirman que el país continúa enfrentando niveles de violencia propios de una crisis, muy por encima de cualquier total anual registrado antes de 2022.

Miles de jóvenes ecuatorianos que marchaban por la avenida Gran Colombia de Quito corearon "¡Fuera Noboa, fuera!" y llevaron carteles con la frase "Lucha aunque no te falte nada, porque a algunos les falta todo". Para muchos participantes, las fallas estructurales no son una preocupación abstracta, sino una realidad cotidiana que se ha agravado durante la actual administración.

Noboa defiende su gestión, pero frenaron el intento de revocatoria

Noboa ha rechazado de manera constante el relato de la oposición. En un acto celebrado el 24 de junio en Manabí, declaró: "Mientras algunos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección", con lo que se presentó como un líder enfocado en los resultados y por encima de la disputa política. Su administración ha señalado las operaciones de seguridad en curso y las inversiones en infraestructura como pruebas de la eficacia de su gestión.

Durante buena parte de 2026, organizaciones sociales e indígenas intentaron formalizar un proceso de revocatoria contra Noboa y la vicepresidenta María José Pinto mediante los mecanismos constitucionales de Ecuador. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral rechazó la solicitud en julio de 2026. Pese a ese revés institucional, las movilizaciones del sábado en varias ciudades sugieren que la coalición opositora mantiene la presión en las calles, mientras se acercan las elecciones locales y no hay señales de que disminuyan los reclamos de fondo.