Supersociedades autoriza la continuidad temporal de Presto durante su liquidación

La cadena colombiana de hamburguesas Presto podrá mantener abiertos sus restaurantes y su planta de producción mientras avanza su proceso de liquidación judicial y busca un comprador que permita conservar el negocio en funcionamiento. La decisión fue autorizada por la Superintendencia de Sociedades mediante un auto expedido el 19 de octubre de 2026, con el propósito de preservar el valor de la empresa y facilitar el pago de sus acreedores.

La medida, conocida públicamente el martes 20 de octubre, representa un nuevo capítulo en la situación financiera de Franquicias y Concesiones S.A.S., la compañía que opera la marca. Aunque la liquidación judicial continúa vigente, la autorización permite mantener temporalmente las actividades de los establecimientos que la liquidadora determine, junto con las unidades de apoyo necesarias para su operación.

La decisión no significa que Presto haya sido vendida ni que su continuidad a largo plazo esté garantizada. El objetivo es mantener el negocio activo mientras se explora una venta como unidad económica productiva, alternativa que podría generar más recursos que la liquidación separada de sus activos.

Una operación que busca conservar su valor

Presto inició operaciones en Colombia en 1981 y se convirtió en una de las marcas nacionales reconocidas dentro del mercado de comidas rápidas. Durante más de cuatro décadas amplió su presencia comercial y consolidó una operación que incluye restaurantes, procesos de producción y contratos asociados al funcionamiento de sus establecimientos.

Sin embargo, la trayectoria de la marca no fue suficiente para superar sus dificultades financieras. La empresa incumplió obligaciones posteriores a su acuerdo de reorganización y reportó problemas de flujo de caja, circunstancias que llevaron a la terminación de ese acuerdo y a la apertura formal de la liquidación judicial el 13 de octubre de 2026.

En abril de este año, la Superintendencia había confirmado un acuerdo de reorganización para atender pasivos por aproximadamente $31.000 millones. El mecanismo buscaba facilitar el cumplimiento de las obligaciones y preservar la actividad empresarial, pero posteriormente la compañía reconoció que había perdido las condiciones necesarias para continuar bajo ese esquema.

La nueva autorización permite intentar una alternativa diferente: mantener en funcionamiento los componentes del negocio que puedan seguir operando mientras se busca un comprador interesado en adquirir la operación como un conjunto.

¿Qué pasará con los trabajadores y los restaurantes?

La autorización contempla conservar los empleos vinculados a los establecimientos que permanezcan abiertos durante el periodo permitido. También busca mantener los contratos necesarios para que los restaurantes y las unidades de apoyo puedan continuar funcionando, siempre que se cumplan oportunamente las nuevas obligaciones que se generen.

Para los trabajadores, proveedores y arrendadores, la continuidad operativa ofrece una posibilidad de reducir la incertidumbre inmediata, aunque no elimina los riesgos derivados del proceso judicial. El futuro de cada establecimiento dependerá de las decisiones de la liquidadora y de los resultados de la búsqueda de comprador.

La Superintendencia también autorizó mecanismos para atender determinadas obligaciones laborales pendientes, con prioridad para trabajadores que reciben menos de dos salarios mínimos, de acuerdo con las condiciones divulgadas sobre la decisión. Estas medidas deben distinguirse de los salarios y demás compromisos que se generen durante la operación autorizada, cuyo tratamiento es diferente dentro del proceso.

Los acreedores, por su parte, deberán presentar sus reclamaciones conforme al procedimiento y los plazos establecidos en el aviso de apertura de la liquidación. El reconocimiento de una deuda no garantiza que sea pagada en su totalidad: la recuperación dependerá de los activos disponibles y de las reglas de prelación aplicables.

¿Por qué se busca vender el negocio en marcha?

En un proceso de liquidación, vender una empresa como unidad económica productiva puede permitir conservar relaciones comerciales, infraestructura, contratos y capacidad operativa. Esa alternativa puede resultar más favorable que vender por separado los activos de una compañía, siempre que exista un comprador interesado y que la operación sea viable.

En el caso de Presto, mantener los restaurantes y la planta en funcionamiento puede ayudar a preservar parte del valor comercial de la marca mientras se estudian posibles ofertas. Sin embargo, la autorización no confirma que ya exista un acuerdo de compraventa ni permite asegurar cuándo se cerraría una eventual transacción.

Hasta el momento de los reportes publicados el 20 de octubre, no se había confirmado públicamente un comprador definitivo. Por eso, el proceso debe entenderse como una búsqueda abierta, cuyo resultado dependerá del interés del mercado, las condiciones financieras y las decisiones que se adopten dentro de la liquidación.

Una marca ante un punto decisivo

El caso de Presto ilustra las dificultades que puede enfrentar una empresa con una trayectoria extensa cuando sus ingresos y su flujo de caja dejan de ser suficientes para atender sus obligaciones. También muestra la diferencia entre intentar una reorganización para pagar las deudas y entrar en liquidación judicial cuando el plan anterior deja de ser viable.

La autorización para continuar operando ofrece tiempo para explorar una salida que preserve el negocio y los puestos de trabajo, pero no resuelve por sí sola las dificultades financieras que originaron el proceso.

Los próximos pasos serán determinar qué establecimientos permanecen abiertos, cómo se cumplen las obligaciones durante la operación y si aparece una oferta que permita transferir la empresa a un nuevo propietario. Hasta entonces, la continuidad de Presto debe entenderse como temporal y condicionada al desarrollo del proceso judicial.

Para los consumidores, la marca seguirá atendiendo en los puntos autorizados mientras la operación se mantenga vigente. Para sus trabajadores, proveedores y acreedores, la atención estará puesta en si la búsqueda de comprador consigue preservar una parte significativa de la actividad empresarial y mejorar las posibilidades de recuperar las obligaciones pendientes.