Así planea la nueva gobernadora de Texas desmontar tres años de políticas educativas que golpearon más a las familias latinas

La elección del 3 de noviembre marca un giro profundo en la política de Texas, después de tres décadas de control republicano. Pero para las familias latinas del estado, la pregunta no es qué tan trascendental se siente el momento, sino si una gobernadora que asumirá el 19 de enero de 2027 podrá deshacer una serie de políticas educativas que han drenado recursos de las escuelas públicas con mayoría hispana y han vuelto financieramente inaccesible la educación superior para una generación de estudiantes indocumentados. Texas matricula a más niños hispanos que cualquier otro estado del país. Lo que ocurra ahora en Austin definirá el futuro académico de 3,1 millones de estudiantes latinos.

La brecha racial del programa de vales escolares

El gobernador Greg Abbott sancionó el proyecto de ley SB 2 el 3 de mayo de 2025, con lo que puso en marcha las Texas Education Freedom Accounts, un programa de 1.000 millones de dólares que entrega a las familias 10.474 dólares por niño para pagar matrículas de colegios privados o costos de educación en casa. Abbott lo presentó como una revolución de la elección de los padres. Los datos demográficos debilitan considerablemente esa interpretación.

El informe anual del contralor de Texas encontró que el 41% de los más de 85.000 participantes confirmados del programa para el año escolar 2026-27 son blancos y solo el 28% son hispanos. Es una inversión marcada frente a la población de las escuelas públicas, donde los hispanos representan el 53% de los 5,5 millones de estudiantes y los blancos, apenas el 24%. Además, el programa fue captado en gran medida por familias que ya habían salido de las escuelas públicas: siete de cada diez beneficiarios asistían antes a colegios privados o recibían educación en casa.

Hinojosa no se contuvo durante la campaña. "Trabajaremos incansablemente para reparar el daño de la estafa de los vales escolares de Texas", dijo a sus simpatizantes la noche electoral, al reafirmar la promesa que se convirtió en su principal mensaje educativo.

El camino para derogar el programa pasa por la Legislatura

Bloquear el programa de vales no será una decisión unilateral. Ariell Bertrand, investigador de políticas educativas de la Universidad Tecnológica de Texas, explicó que derogarlo requiere una acción legislativa y que no puede revertirse únicamente mediante una orden ejecutiva. Hinojosa tendrá que formar una coalición en una Legislatura que aprobó el programa hace apenas 18 meses, en parte porque lo vinculó con recursos para construir escuelas rurales que ofrecieron cobertura política a legisladores indecisos.

Sin embargo, contará con una aliada clave para supervisar el presupuesto del programa. La demócrata Sarah Eckhardt ganó la elección para contralora de Texas en la misma jornada del 3 de noviembre y convirtió por primera vez desde 1999 en demócrata a la principal oficina financiera del estado. Como funcionaria encargada de administrar las Texas Education Freedom Accounts, Eckhardt se comprometió a utilizar las facultades de auditoría de la Contraloría para examinar cómo se gastan los fondos, una forma de supervisión que no existía bajo la anterior administración republicana.

Houston, en el epicentro

Ningún distrito refleja con tanta claridad el peso acumulado de estas políticas como el Distrito Escolar Independiente de Houston. El distrito perdió cerca de 35.000 estudiantes entre los años escolares 2016-17 y 2024-25, y proyectó una disminución adicional de 4.000 alumnos para el año escolar 2026-27. Cada estudiante que se va reduce los recursos estatales por alumno que recibe el distrito y comprime los presupuestos de los planteles con mayoría hispana que permanecen abiertos. Houston ISD comenzó el año escolar 2026-27 con menos estudiantes y una reducción de personal en los planteles, mientras los administradores respondían tanto a la caída de matrículas como a la competencia del nuevo programa de vales.

Más de 8.300 estudiantes abandonaron Houston ISD solo durante el año escolar 2025-26, cuando sus familias optaron por escuelas chárter, colegios privados o educación en casa. El éxodo coincide estrechamente con la población a la que apunta el nuevo programa de vales. Las conversaciones previas del distrito sobre el cierre de planteles provocaron rechazo comunitario, debido a la preocupación de que las escuelas señaladas estén ubicadas en barrios predominantemente negros y latinos.

Hinojosa también prometió poner fin al mecanismo de intervención estatal de la TEA, una herramienta que sus críticos consideran utilizada como instrumento político contra distritos urbanos con mayoría de estudiantes pertenecientes a minorías, en lugar de servir como una verdadera intervención académica. Expertos en política educativa advierten que eliminar por completo las intervenciones requeriría modificar la ley estatal. No obstante, un nuevo comisionado designado por Hinojosa podría cambiar sustancialmente la manera en que la TEA ejerce esa autoridad, incluso decidir si mantiene o reduce gradualmente las intervenciones en curso en Houston y Fort Worth.

Estudiantes indocumentados: una barrera federal que Hinojosa no puede derribar sola

El componente jurídicamente más complejo de la agenda educativa de Hinojosa involucra a los estudiantes que menos pueden esperar. El 4 de junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el Texas Dream Act, la ley que durante 24 años permitió que los estudiantes indocumentados graduados de escuelas secundarias texanas pagaran matrícula como residentes del estado en las universidades públicas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, se negó a defender la ley, y la política quedó prácticamente abolida pocas horas después de presentada la demanda, sorprendiendo a decenas de miles de estudiantes a mitad del proceso de matrícula.

Cuando la ley fue invalidada, Texas tenía aproximadamente 57.000 estudiantes indocumentados matriculados en sus universidades y centros de educación superior. Ahora esos estudiantes enfrentan tarifas para no residentes que superan los 48.000 dólares anuales en las universidades más prestigiosas, más de tres veces lo que pagan los residentes del estado. Texas había sido el primer estado del país en ampliar el acceso a la matrícula para residentes a estudiantes indocumentados, cuando el entonces gobernador Rick Perry promulgó el Dream Act original en 2001. En su momento de mayor expansión, 25 estados habían adoptado políticas similares.

Revertir la derogación no estará dentro de las facultades unilaterales de la gobernadora. La eliminación se produjo mediante un acuerdo judicial federal, no por una votación de la Legislatura estatal. Por eso Hinojosa no puede simplemente volver a poner en vigor la política con su firma. Cualquier camino para restaurarla requeriría un litigio federal, una solución del Congreso o una nueva argumentación jurídica que supere el examen de los tribunales federales. La restricción se estableció en Washington. Austin puede defender la causa, pero no puede imponerse por sí solo.

Qué puede hacer realmente desde el primer día

La medida inmediata más clara para Hinojosa es reemplazar al comisionado de la TEA, Mike Morath, a quien Abbott nombró originalmente en diciembre de 2015. El actual periodo de cuatro años de Morath termina en enero de 2027, el mismo mes en que Hinojosa asumirá el cargo. Eso significa que no tendrá que destituirlo: simplemente podrá no renovarle el nombramiento y proponer a un educador, aunque la designación deberá ser confirmada por el Senado de Texas.

Bertrand señaló que un nuevo comisionado podría modificar de manera importante la forma en que la TEA administra la rendición de cuentas de las escuelas, sus relaciones con los distritos locales y las intervenciones en curso, incluso antes de que se apruebe alguna ley. Hinojosa también se comprometió a suspender el sistema estatal de calificación escolar de la A a la F y la prueba estandarizada STAAR mientras la Legislatura desarrolla un nuevo marco de evaluación.

Para los 3,1 millones de estudiantes latinos que llenan cada mañana las aulas de Texas, el 19 de enero de 2027 no es la meta. Es el punto de partida de una batalla legislativa y jurídica cuyo desenlace determinará si la gobernadora demócrata más decisiva que Texas ha elegido en 30 años puede convertir un momento histórico en cambios medibles.