Sanciones de EE. UU. pueden alcanzar a empresas colombianas.
Sanciones de EE. UU. pueden alcanzar a empresas colombianas sin operar en ese país. Imagen generada con ChatGPT

Una empresa colombiana puede quedar expuesta a consecuencias de las autoridades de Estados Unidos incluso si nunca ha tenido oficinas, empleados o negocios directos en ese país, advirtió Javier Coronado, socio de Diaz Reus Firma y Alianza Internacional de Abogados en Estados Unidos y Colombia, quien estará en el Congreso LAFT América, que desde hace 11 años organiza Asojuegos en Colombia.

La advertencia de Javier Coronado

El riesgo, explicó el experto, aparece cuando una organización participa directa o indirectamente en operaciones que vulneran programas de sanciones internacionales o facilitan su evasión, una exposición que puede alcanzar compañías de distintos sectores y no únicamente entidades financieras.

"La gente sigue pensando que esto es un tema de estadounidenses para estadounidenses. Esa ya no es la realidad", señaló Coronado, quien participará en LAFT América, encuentro de prevención de lavado de activos y cumplimiento organizado desde hace 11 años por Asojuegos.

El especialista sostiene que una de las principales equivocaciones de las empresas es reducir su análisis de riesgo a la llamada Lista Clinton, cuando el sistema de sanciones de Estados Unidos abarca gobiernos, actividades económicas, sectores específicos y estructuras empresariales complejas.

Las sanciones de EE. UU. van mucho más allá de la Lista Clinton

Coronado advierte que el cumplimiento no puede limitarse a buscar nombres en una base de datos. Las restricciones pueden depender del tipo de operación, la contraparte involucrada, el sector económico o la relación existente entre distintas organizaciones.

"Esto no funciona como una simple búsqueda de nombres en una base de datos", afirmó el abogado al referirse a la necesidad de analizar el contexto completo de cada transacción y no únicamente verificar si una persona figura en una lista.

Otra alerta está en la forma como muchas empresas administran internamente este riesgo. Según Coronado, las sanciones todavía son tratadas en algunas organizaciones como un componente secundario de los programas de prevención de lavado de activos.

Para el experto, se trata de una disciplina independiente que requiere políticas, procedimientos y controles específicos. Incluso considera conveniente que las áreas de cumplimiento cuenten con una sección dedicada exclusivamente a gestionar y administrar los programas de sanciones de OFAC.

Un riesgo que no se limita a bancos o multinacionales

El alcance tampoco se limita a bancos o compañías multinacionales. Coronado recordó casos en los que organizaciones de otros sectores enfrentaron consecuencias después de recibir recursos provenientes de personas incluidas en listas de sanciones.

"No es un tema exclusivo de bancos. Cualquier empresa puede verse involucrada si no entiende cómo funcionan realmente estas restricciones", aseguró.

Venezuela vuelve al radar empresarial, pero las restricciones siguen vigentes

La advertencia adquiere especial relevancia ante el renovado interés de empresas de distintos sectores por mercados como Venezuela. Coronado señala que una reapertura parcial de actividades no significa que las restricciones internacionales hayan desaparecido.

"Siguen existiendo programas de sanciones vigentes y las empresas deben asegurarse de que cualquier operación esté cubierta por las autorizaciones correspondientes y cumpla condiciones específicas", explicó el abogado.

Ese análisis obliga a revisar cada operación de manera particular. La existencia de oportunidades comerciales no elimina por sí sola la necesidad de verificar contrapartes, estructuras empresariales, autorizaciones disponibles y las condiciones bajo las cuales puede ejecutarse una transacción.

Coronado también sostiene que los equipos encargados de cumplimiento necesitan evolucionar desde una lógica centrada en revisar listas hacia una evaluación más amplia del riesgo político, económico y operativo de las transacciones. El objetivo, señaló, debería ser formar analistas capaces de interpretar las particularidades de operaciones prohibidas y comprender el contexto que rodea una relación comercial. Esa necesidad de capacitación será uno de los temas de su intervención en LAFT América.

Investigaciones, visas y solicitudes de información también hacen parte del riesgo

Las consecuencias para una organización tampoco aparecen siempre mediante una sanción pública. Según Coronado, las autoridades estadounidenses pueden utilizar herramientas previas o paralelas antes de que exista una decisión visible o mediática.

Entre esas medidas menciona investigaciones reservadas, solicitudes de información, restricciones migratorias y cancelación de visas, mecanismos que pueden ser utilizados para hacer cumplir los programas de sanciones.

Esto significa que una empresa puede enfrentar señales de riesgo regulatorio antes de que exista una sanción formal conocida públicamente.

Coronado también resaltó que el sistema no está compuesto únicamente por prohibiciones. Existen mecanismos para consultar operaciones, pedir licencias y aclarar situaciones directamente ante las autoridades estadounidenses.

"No se trata solamente de prohibiciones. También existen canales para buscar autorizaciones y operar dentro de los marcos permitidos", explicó.

Estas alertas serán abordadas durante LAFT América, evento que reunirá a oficiales de cumplimiento, directivos empresariales, abogados, reguladores y expertos internacionales para analizar los desafíos actuales de las organizaciones frente al lavado de activos, sanciones y gestión de riesgos.

El mensaje final para las empresas colombianas

Para las compañías colombianas, la principal advertencia de Coronado es que no tener presencia en Estados Unidos no elimina automáticamente la exposición. El verdadero riesgo depende de las operaciones, las contrapartes y del cumplimiento de los programas de sanciones aplicables.