Una demanda alega que a la víctima de un tiroteo en CE le dijeron que no "arruinara" su vehículo.
Un ciudadano estadounidense baleado por el ICE está demandando por 25 millones de dólares, alegando que agentes del FBI lo sacaron del hospital mientras sangraba.

Un ciudadano estadounidense baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California asegura que agentes del FBI lo sacaron del hospital y le advirtieron que no "dañara el vehículo" mientras vomitaba. La demanda de Carlos Jiménez contra ICE, presentada el 6 de noviembre de 2026, reclama más de US$25 millones (£18,5 millones).

Jiménez no era el objetivo del operativo, según la demanda. Afirma que se acercó a los agentes para advertirles que unos niños se reunirían en una parada cercana de buses escolares. El documento sostiene que Eusebio Ortiz, agente de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, le disparó cuando se alejaba en su vehículo.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de California. Las acusaciones aún no han sido probadas.

Dos versiones sobre el tiroteo de ICE

La demanda afirma que Ortiz apuntó un arma contra Jiménez y amenazó con dispararle si no se marchaba. Según el documento, el agente mostró gas pimienta y luego disparó a través de la ventana trasera del lado del pasajero mientras Jiménez giraba su Lexus.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Jiménez había recibido la orden de retirarse y que luego su vehículo "intentó arrollar a los agentes al retroceder directamente hacia ellos sin detenerse". El abogado de Jiménez sostiene que estaba haciendo un giro de tres puntos.

La demanda señala que Jiménez sufrió heridas de bala y una fractura desplazada del omóplato derecho. Según la denuncia, fragmentos de bala quedaron cerca de su pulmón derecho. Fue trasladado al Riverside Community Hospital.

La demanda relata el retiro del hospital y el proceso penal

La demanda sostiene que agentes del FBI sacaron a Jiménez del hospital, lo esposaron y lo llevaron de regreso al lugar de los hechos. Según el documento, vomitó en la camioneta y un agente le dijo que no "dañara el vehículo". La demanda afirma que posteriormente le negaron atención médica en el Centro de Detención de West Valley.

Los fiscales acusaron a Jiménez de agredir con su vehículo a un funcionario federal. Un gran jurado lo encausó el 18 de noviembre de 2025. El 5 de mayo de 2026, la jueza federal de distrito Kenly Kiya Kato ordenó al Gobierno entregar comunicaciones y registros operativos.

Después de que Jiménez cumpliera un acuerdo de desvío procesal, Kato desestimó la acusación con perjuicio el 2 de noviembre de 2026. El Departamento de Justicia afirmó que Jiménez solicitó el desvío y una pausa en la orden de entrega de pruebas. La desestimación no determinó si los agentes actuaron de manera ilegal.

La demanda acusa al agente especial del FBI Estevan R. Banuelos de fabricar declaraciones atribuidas a Manuel Villareal y Beatrice Morales. Sostiene que ambos negaron haber dicho a los investigadores que Jiménez tenía espacio para avanzar y afirmaron que no presenciaron el tiroteo. Estas acusaciones aún no han sido probadas.

Jiménez formula 13 cargos, entre ellos uso excesivo de la fuerza, detención ilegal, proceso malicioso y negación de atención médica. Reclama US$25 millones (£18,5 millones) por daños no económicos, además de casi US$179.000 (£132.600) por gastos y pérdidas.

El caso surge en medio del escrutinio sobre los operativos de control migratorio. The Trace registró 32 incidentes en los que agentes migratorios dispararon contra personas desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025. Los hechos dejaron nueve muertos y 15 heridos. ProPublica documentó 506 ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes migratorios entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Jiménez terminó el proceso penal sin una condena. Su demanda civil busca establecer si los agentes federales tienen responsabilidad legal.