La Corte Penal Internacional declara apto a Rodrigo Duterte para enfrentar juicio
El expresidente filipino podrá ejercer su defensa pese a las limitaciones físicas y cognitivas señaladas por sus abogados. El proceso está previsto para comenzar el 30 de noviembre de 2026.
La Corte Penal Internacional (CPI) determinó que el expresidente filipino Rodrigo Duterte está en condiciones de enfrentar el juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la campaña contra las drogas que impulsó durante su trayectoria política. La decisión, publicada el 8 de octubre de 2026, concluyó que el exmandatario puede comprender los cargos, seguir el procedimiento y ejercer efectivamente sus derechos de defensa.
Los jueces adoptaron la determinación después de examinar las conclusiones de un panel independiente de expertos médicos y los argumentos presentados por las partes. El tribunal consideró que, pese a ciertas limitaciones físicas y cognitivas asociadas con su edad, Duterte puede participar en el proceso judicial.
El juicio está previsto para comenzar el 30 de noviembre de 2026 en La Haya, Países Bajos. La decisión sobre su capacidad para ser juzgado no determina su culpabilidad: los cargos deberán ser examinados durante el proceso y la Fiscalía tendrá que demostrar las acusaciones ante los jueces.
Los cargos relacionados con la campaña antidrogas
Duterte, de 81 años, enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad relacionados con presuntos asesinatos y tentativas de asesinato durante la campaña contra las drogas que marcó su gestión política, primero como alcalde de Dávao y después como presidente de Filipinas, entre 2016 y 2022.
La Fiscalía sostiene que las muertes investigadas no fueron únicamente consecuencia de operaciones policiales aisladas, sino que formaron parte de una campaña que habría recurrido a la violencia contra personas señaladas de estar vinculadas con las drogas. Los fiscales atribuyen al exmandatario responsabilidad individual por presuntos delitos cometidos durante ese periodo.
Duterte ha rechazado las acusaciones. Su defensa ha argumentado que las actuaciones contra el narcotráfico respondían a una política de seguridad y ha cuestionado la legitimidad de los cargos. La responsabilidad penal del exmandatario deberá establecerse a partir de las pruebas y los argumentos que se presenten durante el juicio.
La disputa sobre su estado de salud
La capacidad de Duterte para participar en el proceso había sido objeto de controversia. Sus abogados sostuvieron que presentaba dificultades cognitivas y problemas de memoria que le impedían comprender adecuadamente el procedimiento y colaborar de forma efectiva con su defensa.
Para evaluar esos argumentos, los jueces consideraron las conclusiones de especialistas independientes y las observaciones de las partes. El panel médico encontró limitaciones relacionadas con la edad y la fragilidad física del exmandatario, pero concluyó que podía comprender los cargos y participar en su defensa.
Con esa evaluación, la Sala de Primera Instancia III consideró que no existía fundamento suficiente para impedir el avance del proceso por razones de capacidad. La decisión también contempló medidas destinadas a facilitar su participación en el juicio.
De la detención al juicio internacional
Duterte fue detenido en marzo de 2025 y trasladado a la sede de la CPI en La Haya, después de que se ejecutara una orden de arresto emitida en el marco de la investigación. En abril de 2026, los jueces confirmaron los cargos presentados por la Fiscalía y remitieron el caso a una sala de primera instancia.
La confirmación de los cargos permitió avanzar hacia el juicio, pero no constituye una condena. En esta etapa, los jueces deberán examinar la evidencia, escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa y determinar si las acusaciones se encuentran probadas conforme al estándar jurídico aplicable.
Los procesos ante la CPI suelen ser extensos, debido a la complejidad de los hechos investigados, la cantidad de pruebas y la participación de víctimas y testigos. Por ello, el inicio del juicio en noviembre marcará una nueva fase del caso, pero no implica que exista una fecha próxima para una sentencia definitiva.
El alcance de la campaña contra las drogas
La campaña antidrogas de Duterte generó fuertes controversias dentro y fuera de Filipinas. Las cifras sobre las muertes varían según la fuente: la Policía filipina informó de miles de fallecimientos durante las operaciones oficiales, mientras que organizaciones de derechos humanos han sostenido que el número real podría ser considerablemente mayor al incluir muertes atribuidas a grupos vinculados con la campaña.
La investigación internacional busca determinar si determinadas conductas pueden constituir crímenes de lesa humanidad y si existe responsabilidad penal individual del exmandatario. La CPI no juzga una política pública en abstracto, sino posibles delitos que cumplen los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.
El caso también tiene relevancia para el debate global sobre los límites de las políticas de seguridad, el uso de la fuerza estatal y la obligación de investigar presuntas violaciones graves de los derechos humanos.
Un proceso con implicaciones para la justicia internacional
El juicio contra Duterte será observado como una prueba de la capacidad de la justicia internacional para investigar a antiguos jefes de Estado por presuntos crímenes cometidos durante el ejercicio del poder. También pondrá a prueba la forma en que el tribunal equilibra el derecho de las víctimas a obtener justicia con las garantías procesales del acusado.
La decisión del 8 de octubre resuelve una cuestión específica: la capacidad del exmandatario para participar en el procedimiento. Las siguientes etapas deberán establecer cómo se desarrollaron los hechos investigados y si las pruebas permiten atribuirle responsabilidad penal.
Por ahora, el proceso avanza hacia su apertura prevista para el 30 de noviembre. El resultado dependerá de la evaluación judicial de las pruebas y de la aplicación de las normas que rigen los crímenes de lesa humanidad.