Pozos de petróleo y gas cerca de las casas

La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para flexibilizar las normas sobre metano de la era Biden en las operaciones de petróleo y gas haría algo más que añadir a la atmósfera un potente gas de efecto invernadero. El propio análisis de impacto regulatorio de la agencia proyecta que, entre 2027 y 2050, los cambios liberarían alrededor de 60 millones de toneladas cortas adicionales de metano, 17 millones de toneladas cortas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y 2,3 millones de toneladas cortas de contaminantes atmosféricos peligrosos. Las dos últimas categorías —sustancias químicas que forman smog y contaminantes tóxicos del aire— son especialmente relevantes para las familias que viven, trabajan o envían a sus hijos al colegio cerca de los pozos.

La EPA presentó la propuesta el 27 de octubre. La agencia sostiene que los cambios generarían ahorros de 45.000 millones de dólares y permitirían una producción adicional estimada de 210 millones de barriles de petróleo en Estados Unidos. Su análisis describe esos 45.000 millones de dólares como el valor presente de los ahorros en costos de cumplimiento y de los efectos de mercado entre 2027 y 2050. El administrador Lee Zeldin adelantó el plan el 7 de octubre, durante la reunión anual de la Asociación de Petróleo y Gas de Nuevo México, en Santa Fe.

La propuesta aún no es definitiva. Todavía debe pasar por una audiencia pública y un periodo de comentarios, y la EPA no asignó un valor monetario a los efectos sanitarios de la contaminación adicional.

La contaminación que acompaña al metano

El metano es el principal componente del gas natural y un potente contaminante climático. Sin embargo, la preocupación más inmediata para los hogares está en lo que se escapa junto con él. Cuando los pozos presentan fugas o ventean gases, también liberan COV y contaminantes atmosféricos peligrosos como el benceno.

John Rutecki, gerente de asuntos regulatorios y legislativos del Fondo de Defensa Ambiental, dijo a The Allegheny Front que unas normas más débiles agravaría el cambio climático y aumentarían los daños para la salud de las personas que viven más cerca de las operaciones de petróleo y gas. Según explicó, las investigaciones de salud pública suelen advertir sobre riesgos en un radio de aproximadamente media milla —unos 800 metros— de los sitios de producción.

Los COV reaccionan con la luz solar y forman ozono a nivel del suelo. Según la guía de la EPA sobre los efectos del ozono en la salud, este contaminante puede causar tos, agravar el asma y otras enfermedades pulmonares y aumentar la probabilidad de sufrir ataques de asma; los niños enfrentan un riesgo mayor. El benceno es un carcinógeno reconocido para los seres humanos, y la exposición prolongada está relacionada con trastornos sanguíneos y leucemia, de acuerdo con la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades.

La propuesta crearía una categoría separada para los sitios de pozos "marginales", definidos como aquellos que producen 15 barriles equivalentes de petróleo o menos al día, con menos requisitos de inspección. También eliminaría el Programa de Grandes Emisores, que permite a terceros certificados reportar grandes liberaciones de metano. En el caso del gas producido en pozos petroleros marginales, los operadores ya no tendrían que conducirlo a una red de comercialización. En su lugar, deberían controlar el 95 % de las emisiones —por lo general mediante quema— únicamente cuando las emisiones de metano superen las 20 toneladas al año.

Texas, Pensilvania y Nuevo México, en el centro del debate

El análisis de la EPA contabilizó alrededor de 793.600 pozos petroleros y gasíferos terrestres en producción en 2023. Texas encabezaba la lista, con unos 254.200, seguido por Pensilvania, con aproximadamente 77.800; Oklahoma, con 64.300; Kansas, con 57.700, y Nuevo México, con cerca de 49.900. Los pozos marginales representaban alrededor del 76 % de los pozos en producción, pero aportaban apenas el 6 % de la producción de petróleo y gas.

Esos pozos pequeños tienen una huella de contaminación desproporcionada. Las investigaciones citadas en el análisis de la EPA estiman que los sitios de baja producción son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de metano en los pozos. En Pensilvania, cerca de un millón de personas viven a menos de media milla de operaciones de petróleo y gas, afirmó Rutecki.

Los estados avanzan en direcciones distintas. Colorado regula el metano de las operaciones de petróleo y gas desde alrededor de 2014, y se espera que Nuevo México adopte normas estatales similares en diciembre, dijo Rutecki. Las normas sobre metano de Pensilvania están previstas para ser consideradas por la Junta Estatal de Calidad Ambiental en 2027. Para las familias de la cuenca Pérmica o del suroeste de Pensilvania, la protección podría depender cada vez más de la legislación estatal y no de las normas federales.

Incertidumbre, costos y quién asume el riesgo

Las estimaciones de emisiones provienen de modelos de la EPA, no de mediciones en campo. La agencia no cuantificó el efecto de eliminar el Programa de Grandes Emisores, alegando que carece de información sobre la frecuencia con la que ocurren y se detectan las grandes liberaciones. Por eso, las proyecciones podrían no reflejar todas las fugas importantes. La agencia incluyó los efectos sanitarios del aumento del ozono y de los contaminantes tóxicos del aire como no cuantificados, en lugar de estimar ataques de asma, visitas a urgencias o casos de cáncer.

Los críticos dicen que esa omisión es el principal problema. Darin Schroeder, de la Fuerza de Tarea por el Aire Limpio, afirmó que el retroceso en las normas "daría vía libre a los contaminadores mientras hace que el público pague el precio". La EPA sostiene que está respondiendo a las preocupaciones de los productores, quienes consideran que la norma de 2024 es inviable, y su análisis proyecta muchos menos cierres de pozos con la propuesta que con la norma vigente.

Las personas más expuestas son las que viven cerca de los pozos. Entre ellas están los niños pequeños, los adultos mayores, las personas embarazadas, quienes padecen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y los trabajadores del sector petrolero. Los residentes rurales que viven lejos de especialistas o servicios de urgencias también podrían enfrentar barreras prácticas si sus síntomas empeoran.

Qué pueden hacer las familias antes de que la norma sea definitiva

Las familias pueden consultar la calidad del aire local a través de los sistemas estatales y federales de alertas y limitar la actividad física intensa al aire libre durante los días con altos niveles de ozono. Los padres de niños con asma deben verificar que los inhaladores de rescate estén vigentes y asegurarse de que los colegios tengan actualizado el plan de acción para el asma.

Los residentes que perciban olores persistentes, dolores de cabeza, mareos o irritación en los ojos y la garganta cerca de un pozo pueden reportarlo a la autoridad ambiental de su estado y consultar con un profesional de la salud. La dificultad para respirar, el dolor en el pecho o un ataque de asma que no responda a los medicamentos requieren atención urgente.

El periodo de comentarios públicos comenzará después de que la propuesta sea publicada en el Registro Federal. La EPA informó que realizará una audiencia pública virtual 15 días después de la publicación y cerrará la recepción de comentarios 45 días después. Cualquier persona puede enviar observaciones a través del expediente federal de la propuesta, y la norma definitiva podría diferir de la propuesta.

El retroceso no significa que todas las familias que viven cerca de un pozo enfrenten un peligro inmediato. Sí significa que las salvaguardas diseñadas para detectar fugas cerca de las viviendas podrían debilitarse, y que los padres en las regiones de perforación tendrían que vigilar con mayor atención la calidad del aire y los síntomas.

Preguntas clave, respondidas

¿Qué propuso la EPA? La EPA propuso el 27 de octubre revisar sus normas de 2024 sobre metano para las operaciones de petróleo y gas. Los cambios flexibilizarían las reglas para los pozos de baja producción, eliminarían el Programa de Grandes Emisores y relajarían los requisitos para el gas producido en pozos petroleros.

¿Cuánta contaminación adicional podría causar el retroceso? El análisis de la EPA proyecta unos 60 millones de toneladas cortas adicionales de metano, 17 millones de toneladas cortas de COV y 2,3 millones de toneladas cortas de contaminantes atmosféricos peligrosos entre 2027 y 2050. Son estimaciones basadas en modelos y podrían cambiar en la norma definitiva.

¿Quiénes enfrentan el mayor riesgo? Las personas que viven más cerca de los pozos enfrentan la mayor exposición. Los niños, los adultos mayores, las personas embarazadas y quienes padecen asma u otras enfermedades pulmonares son especialmente vulnerables al ozono y a los contaminantes tóxicos del aire.

¿Qué síntomas deben vigilar las familias? El ozono puede provocar tos, irritación de garganta, silbidos al respirar y ataques de asma. Los residentes que perciban dolores de cabeza persistentes, mareos o irritación ocular cerca de un pozo deben consultar con un profesional de la salud y reportar sus inquietudes a la autoridad ambiental de su estado.

¿La norma ya es definitiva? No. La propuesta debe pasar por una audiencia pública y un periodo de comentarios antes de que la EPA pueda convertirla en norma definitiva.

¿Cómo pueden opinar los residentes? Cualquier persona puede presentar comentarios a través del expediente federal después de que la propuesta sea publicada en el Registro Federal. La EPA informó que el periodo de comentarios cerrará 45 días después de la publicación.