”Arrestenlos; si se resisten, mátenlos”: cristianos indonesios enfrentan una fuerte represión burocrática

Un hombre armado con un machete que amenazó con un "derramamiento de sangre" durante una reunión de oración cristiana y un dirigente local que presuntamente pidió matar a los fieles evidencian la intensa presión burocrática y social que enfrentan los cristianos en Indonesia por los lugares donde pueden orar, pese a las garantías constitucionales de libertad religiosa.

Según defensores de la libertad religiosa, los cristianos indonesios encuentran obstáculos para practicar su fe incluso en viviendas particulares. Las disputas por permisos pueden derivar en amenazas, interrupciones de reuniones de oración y órdenes de suspender los servicios religiosos.

Los cristianos indonesios y los permisos para los lugares de culto

La Constitución de Indonesia de 1945 garantiza la libertad de culto, pero los requisitos para establecer lugares de oración pueden convertirse en un obstáculo para las minorías. Fredrik J. Pinakunary, de la Sociedad Jurídica Cristiana de Indonesia, dijo a Daily Caller que las tensiones suelen surgir por la apertura de nuevos lugares de culto y por reuniones no habituales realizadas fuera de los templos registrados.

Pinakunary identificó las reuniones de oración en viviendas y los encuentros durante festividades religiosas como puntos especialmente conflictivos. Según sostuvo, la mediación suele priorizar la prevención de enfrentamientos por encima de la protección de las libertades constitucionales, en perjuicio de las congregaciones minoritarias.

Morning Star News informó sobre un incidente ocurrido a finales de septiembre, cuando un musulmán armado con un machete y varias personas más interrumpieron un servicio de oración al que asistían unos 40 cristianos. "Si no lo cierran, habrá un derramamiento de sangre aquí dentro", dijo el hombre. "Sí, no tengo miedo de morir... Por Alá, no tengo miedo de morir".

El hombre afirmó que las salas de oración no tenían permisos y apeló a la "mayoría". No fue detenido de inmediato y posteriormente ofreció sus "más profundas disculpas" a los líderes de la comunidad. Más tarde, un acuerdo para no emprender acciones legales se vino abajo después de que las autoridades ordenaran cerrar el lugar de oración, informó Morning Star News.

Presión local y presuntas amenazas

Persecution.org describió una reunión celebrada el 6 de octubre sobre seis cristianos que se reunían para orar en una vivienda particular. Un acta oficial ordenó suspender los servicios hasta cumplir los requisitos administrativos, sin especificar cuáles seguían pendientes.

El pastor afirmó que un dirigente barrial golpeó la mesa y declaró: "Arrestenlos; si se resisten, mátenlos". Según Persecution.org, el pastor aceptó suspender los servicios porque temía por su familia y su vivienda.

Pinakunary vinculó este tipo de disputas con el Decreto Ministerial Conjunto de 2006. Entre sus requisitos figuran al menos 90 potenciales miembros de la congregación, verificados por las autoridades locales, y el respaldo de por lo menos 60 vecinos cercanos, validado por el jefe de la aldea o del vecindario.

También se exigen recomendaciones por escrito de la oficina local del Ministerio de Asuntos Religiosos y del Foro de Armonía Religiosa. Pinakunary sostuvo que el consentimiento de los vecinos les otorgaba a los residentes hostiles un veto efectivo, incluso cuando se cumplían las demás condiciones.

Demoras prolongadas y disputas sin resolver

Según Daily Caller, una iglesia quedó estancada durante 15 años, pese a que en 2006 cumplía los requisitos del decreto. Otra llevaba nueve años solicitando un permiso sin éxito.

Un video de una protesta realizada a comienzos de octubre y citado por Daily Caller muestra a un líder islámico que denunció irregularidades y sobornos en el trámite del permiso. Advirtió que la iglesia traería "caos" y agregó que, si se construía, esperarían una oportunidad para "desmantelarla".

David Herson, defensor de la libertad religiosa, dijo a Daily Caller que el 30 de octubre se celebró una reunión sobre el futuro de otra iglesia, pese a que esta ya había obtenido los permisos necesarios.

El Instituto Setara registró 3.823 incidentes y 5.639 acciones contra la libertad de religión y de creencias en Indonesia desde 2007. Las cifras se refieren a la libertad religiosa en general, no únicamente a los cristianos.

Pinakunary dijo a Daily Caller que las disputas y las violaciones de derechos continuarán si no se emprende una reforma legal estructural. Señaló como posible salvaguarda para las minorías un proyecto de ley sobre libertad religiosa propuesto en 2026 por el ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai.

"Indonesia nos pertenece a todos", dijo Herson a Daily Caller. "Nadie debería ser intimidado, discriminado ni impedido de ejercer su derecho constitucional a practicar su fe".